EEUU se alista para aumentar escrutinio de adultos que reclamen a niños no acompañados
Para los activistas, el reglamento en ciernes es otra más de las políticas de represión contra los inmigrantes indocumentados
WASHINGTON— Como si no bastara la separación de familias, que le ha ganado la repulsa internacional, la Administración Trump se alista para adoptar un nuevo reglamento que aumente el escrutinio de padres, familiares y demás adultos que reclamen a niños no acompañados, lo que, según expertos, afectará a aquellos que no tienen “papeles”.
Consultada hoy por este diario, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que el nuevo reglamento aún no se ha puesto en marcha, pese a que en el diario oficial del gobierno (“Federal Register”) éste entraba en vigor al sólo concluir el período de comentarios públicos el pasado 7 de junio.
El reglamento es producto de un acuerdo pactado el pasado 13 de abril entre el DHS y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) para “compartir información sobre asuntos relacionados con niños no acompañados” detenidos en la frontera, explicó la portavoz, que pidió el anonimato.
El acuerdo estableció un proceso para entregar al HHS “la información necesaria” para que pueda determinar la elegibilidad de adultos que sirvan como “patrocinadores” de los niños detenidos en la frontera y transferidos a albergues a cargo de ORR, añadió.
El cambio fundamental entre la política anterior y la que implementará la Administración es que antes sólo bastaba con que el adulto demostrara que podía ofrecer un hogar seguro y velara para la seguridad física de los niños. Ahora, también tomarán en cuenta, sin una aparente explicación, su estatus migratorio.
El secretario adjunto interino del HHS, Steven Wagner, dijo en una teleconferencia el pasado 29 de mayo que su agencia ya hace una “labor excelente” de escudriñar el historial de potenciales “patrocinadores”, pero el nuevo reglamento ayudará a que “nunca haya un incidente en el que se entreguen a niños a redes de traficantes de humanos”.
Wagner sugirió entonces que si un padre está en EEUU de forma ilegal y no está dispuesto a reclamar a su hijo por su estatus migratorio eso, en sí, “levanta dudas sobre si es un patrocinador adecuado” y si HHS “debe entregar al menor”.
También siguió el guión del DHS de que existe un problema de personas que “cometen fraude al hacerse pasar por los padres de los niños, cuando no lo son”.
DHS: es por el bienestar de los niños
Según la portavoz del DHS, el acuerdo tiene el objetivo de “proteger a los niños no acompañados de traficantes y otras personas que quieran victimizarlos o implicarlos en actividad criminal, peligrosa o de explotación”.
La portavoz no precisó la fecha para la implementación del reglamento ni qué pasará si los padres de los menores son indocumentados, aunque el texto dice que “el DHS puede usar la información obtenida en este sistema de archivos para otros propósitos congruentes con su autoridad legal”.
En términos prácticos, el reglamento permitirá que las autoridades de Inmigración examinen los antecedentes criminales y el estatus legal de toda persona que reclame a los niños no acompañados una vez que son puestos en libertad a la espera de una cita en los tribunales de Inmigración.
Así, el reglamento ayudará a “verificar el estatus migratorio o de ciudadanía de individuos”, y su historial criminal y migratorio, de tal manera que el HHS pueda determinar si éstos son aptos para recibir a los menores.
Además, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), tendrá autoridad de recopilar las huellas digitales e información biométrica de los “patrocinadores” y demás adultos en los hogares que acojan a los menores no acompañados.
Por lo general, esos “patrocinadores”, como les llama HHS, suelen ser los propios padres de familia, parientes cercanos u otros adultos en el hogar de los niños, aunque también hay ocasiones en las que los menores van a parar a hogares de crianza (“foster homes”, en inglés).
En su página web, la ORR explica que la agencia entrega a los niños según cuatro categorías y prioridades, comenzando con sus padres o guardianes legales; un pariente adulto cercano (como hermanos, tíos, abuelos y primeros en primera instancia); un adulto o entidad con custodia legal; un programa con licencia del gobierno, u otros individuos sin ningún parentesco.
Aunque ORR da prioridad a los padres o guardianes legales, la agencia no los entrega si el padre en cuestión ha perdido la tutela mediante una acción judicial, o si hay pruebas de que el menor correría peligro.
En la actualidad, ORR tiene bajo custodia a unos 10,000 niños no acompañados repartidos en aproximadamente un centenar de albergues, muchos de los cuales funcionan con contratos federales y han superado su capacidad, por lo que la agencia está evaluando alojar a niños en bases militares, según un plan filtrado a la prensa hace unas semanas.
Advierten de más represión de los inmigrantes
Activistas y expertos pro-inmigrantes consultados por este diario temen que el reglamento pondrá a padres indocumentados contra la espada y la pared, y no se atreverán a reclamar a sus hijos si corren riesgo de ser detenidos y deportados por ICE.
De hecho, el grupo “Kids in Need of Defense” ya ha empezado a recabar testimonios de padres de familia que temen presentarse a reclamar a sus hijos para no agravar su ya delicada situación.
El reglamento recrudece a política migratoria de la Administración Trump, pensada para desalentar la emigración ilegal hacia EEUU.
“Los niños que llegan a este país vienen en busca de un lugar seguro, y el gobierno por supuesto que debe asegurar que los niños estén en buenas manos. Pero imponer a los padres una política de ´muestre sus papeles´ no es otra cosa que una más de las políticas anti-inmigrantes de esta Administración”, subrayó.
Durante una rueda de prensa hoy, la senadora demócrata por California, Dianne Feinstein, dijo que, según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), tan solo en dos semanas de mayo pasado, 658 niños fueron separados de sus familias.
Es más que probable que la cifra aumente conforme sigan los arrestos de unidades familiares en la frontera sur.
El fiscal general, Jeff Sessions, instó el lunes pasado a los magistrados a que denieguen solicitados de asilo de personas que huyen de la violencia doméstica o de las pandillas. El mes pasado, ordenó el enjuiciamiento de toda persona que cruce ilegalmente la frontera, y la Administración Trump ha sugerido que la separación de familias es, al final de cuentas, un mal necesario.
Sin embargo, Lauren Eagan, una abogada del área capitalina, dijo que con todo esto la Administración Trump no solo viola las obligaciones de EEUU bajo el derecho internacional sino que también contraviene los valores fundacionales del país.
“Los Estados Unidos siempre ha sido un país de leyes pero también un país de inmigrantes. La Administración actual tiene la base legal para ejecutar una política de inmigración mucho más compasiva”, si así lo quisiera, puntualizó Eagan.
