Atestadas cortes federales de inmigración con un retraso de 714 mil casos

La espera media para una audiencia de deportación puede ser de más de 1,400 días
Atestadas cortes federales de inmigración con un retraso de 714 mil casos
Ahora las familias serán detenidas juntas
Foto: John Moore/Getty Images

El gabinete de Donald Trump mantiene su política de procesar a quienes entren ilegalmente al país, pero hay un debate abierto en la Casa Blanca sobre si se debe dejar de hacerlo para no agotar los recursos judiciales, informó ayer The New York Times.

Las cortes federales de inmigración tenían en mayo un retraso administrativo de 714 mil casos, y en algunos tribunales la espera media para una audiencia de deportación es de más de 1,400 días, o casi cuatro años, según un recuento de la Universidad de Syracuse (Nueva York).

De esos casos, la mayoría está en California (136 mil), Texas (107 mil), Nueva York (95 mil) y Florida (47 mil).

Mientras, los tres centros de detención de familias que opera el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están casi llenos, por lo que el gobierno evalúa alojar temporalmente a 20 mil niños inmigrantes en bases militares del Pentágono.

Dos días después de ceder ante las críticas y ordenar el fin de la separación familiar en la frontera, el presidente retomó ayer su discurso más duro contra la inmigración ilegal en un intento de alejar el foco mediático sobre los niños alejados de sus padres.

Trump recibió en la Casa Blanca a una quincena de padres, cuyos hijos fueron asesinados por indocumentados, para recuperar uno de los temas que más destacó en su campaña electoral y que funciona con su base de votantes: la idea de que la inmigración irregular está relacionada con el auge de la criminalidad.

Desde su campaña electoral, Trump ha citado los casos de asesinatos perpetrados por indocumentados, como una presunta prueba de que la inmigración irregular aumenta la criminalidad en el país, pese a que las estadísticas oficiales no corroboran esa tendencia.

Según datos del censo entre 1980 y 2010, los hombres inmigrantes de entre 18 y 49 años tienen entre la mitad y una quinta parte menos de probabilidades de ser encarcelados por haber cometido un crimen que los nacidos en el país.

“No descansaremos hasta que nuestra frontera esté segura y nuestros ciudadanos estén a salvo”, subrayó Trump, rodeado de 15 personas que sostenían en sus manos fotos de sus familiares fallecidos, todas ellas firmadas por el presidente.

Trump quiso contrastar el sentimiento de la pérdida de esos estadounidenses con el sufrimiento supuestamente temporal de las familias indocumentadas que se han visto separadas en la frontera desde abril, como consecuencia de la política de la Casa Blanca.

“Estos son los ciudadanos estadounidenses permanentemente separados de sus seres queridos. La palabra en la que tienen que pensar es ‘permanentemente’. No están separados un día o dos. Están permanentemente separados”, insistió Trump.

El mandatario no mencionó explícitamente el alejamiento de más de 2,300 niños de sus padres en la frontera, pero sí arremetió contra los medios de comunicación por cubrir ciertas cosas y no dar importancia a las víctimas de delitos cometidos por indocumentados.

Tres de los quince familiares de víctimas presentes en el acto repitieron también que la separación de sus hijos es “permanente”, al contrario que la de las familias divididas en la frontera.

“Yo soy una inmigrante legal. No arrastré a mi hijo a través de desiertos y más allá de fronteras. No lo puse en peligro”, afirmó en el acto Sabine Durden, cuyo hijo Dominic murió en un accidente de tráfico en el que estuvo implicado un indocumentado.

Con su vuelta a ese tema, Trump parecía querer justificar su política de “tolerancia cero” con la inmigración ilegal, que lleva a procesar criminalmente a los adultos que llegan irregularmente al país.

Ante las fuertes críticas que generó esa separación, Trump se vio obligado el miércoles a ordenar que su gobierno frenara esa división de las familias en la frontera, y que en cambio mantuviera juntos a los niños con sus padres o familiares en centros de detención.

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