Así justifica Daniel Ortega ilegalizar las protestas en Nicaragua

La Policía Nacional anunció este viernes que las personas y organismos que convoquen las protestas serán responsables y responderán ante la justicia

Nicaragua vive su peor crisis política desde los años 80.

Nicaragua vive su peor crisis política desde los años 80. Crédito: EFE

Lejos de calmarse, la crisis política y social en Nicaragua se profundiza.

Desde el viernes, las manifestaciones en contra del gobierno de Daniel Ortega son ilegales.

Así lo explicó la Policía Nacional en un comunicado oficial:

“La Policía Nacional reitera que ante cualquier alteración y/o amenaza a la tranquilidad, el trabajo, la vida, y a los derechos de las personas, familias y comunidades, serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover acciones delictivas, destructivas y criminales”.

El anuncio, realizado por el comisionado general de la Policía, Jaime Antonio Vanegas Vega, se produce en un contexto de crisis política y aislamiento internacional del país centroamericano.

En los últimos seis meses, la violencia en Nicaragua ha causado más de 300 muertos, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua

EFE
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, responsabiliza de la crisis a fuerzas criminales y desestabilizadoras que quieren destruir a su gobierno.

Las autoridades, sin embargo, solo reconocen 197 muertos como consecuencia de las protestas y el presidente Ortega insiste en que las manifestaciones son en realidad un “intento de golpe de Estado“.

Críticas a la decisión

La CIDH se pronunció sobre la decisión de ilegalizar las protestas:

“Recibimos con preocupación nota de prensa de Policía Nacional de Nicaragua que califica de ilegal las manifestaciones y criminaliza su convocatoria. Esto es contrario a los estándares interamericanos e inhibe el ejercicio de derechos inherentes a una sociedad democrática”, expuso la CIDH.

Edison Lanza, relator de la CIDH para la libertad de expresión, declaró que requerir autorización previa para manifestarse “es una restricción incompatible con los derechos de expresión, reunión y asociación. Una marcha pacífica no puede declararse ilegal previamente con el fin de criminalizarla”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, también expresó su rechazo a la decisión de la policía nicaragüense. Lo hizo a través de Twitter:

Muerte del joven Matt Andrés Romero

Por su parte, la policía nicaragüense se basa en la muerte del joven Matt Andrés Romero durante una protesta para defender su decisión.

Según las fuerzas de seguridad, la muerte de Romero, que se produjo el pasado 23 de septiembre por un disparo durante una marcha, es responsabilidad de delincuentes que hicieron que el muchacho de 16 años fuera víctima del fuego cruzado.

Los familiares de Romero no comparten esta teoría y culpan de la muerte a los antidisturbios y los paramilitares.

Los artículos 53 y 54 de la Constitución Política nicaragüense establecen el derecho a la reunión pacífica.


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