Fondo para la defensa de indocumentados en Orange

En los últimos años ha empezado a cambiar la demografía y la representación política del condado de Orange, considerado como un bastión republicano, gracias al considerable aumento de inmigrantes. Pero los ataques contra los indocumentados no han cesado. Por el contrario, muchas ciudades del área como Huntington Beach, Fountain Valley, Los Alamitos, Mission Viejo y Newport Beach se han opuesto a los esfuerzos de California para proteger a los indocumentados mediante una ley que limita la cooperación entre la policía local y los agentes migratorios.

Esta situación, aunada a la ofensiva del gobierno federal para deportar a quienes carecen de documentos legales, ha puesto en serio riesgo a los más de 300 mil indocumentados que se estima hay en el condado de Orange. Una de las ciudades más afectadas es Santa Ana, donde casi el 80% de sus habitantes es de origen latino y el 85% de los niños tiene al menos un padre que es indocumentado. En todo el condado se calcula que el porcentaje de menores en esta misma situación asciende al 54%.

Alarmados por esta situación, un grupo de abogados, entre los que se encuentra Norma García Guillén, decidió tomar cartas en el asunto. Para evitar la separación de familias y la deportación de miles de personas que no tienen acceso a representación legal le pidieron en 2017 a la ciudad de Santa Ana que contribuyera con $65,000 para establecer un fondo de defensa legal piloto para los residentes arrestados y detenidos por las autoridades migratorias. El grupo le ayudó también a la ciudad a obtener $100,00 del Vera Institute of Justice que ofrece fondos públicos para la defensa de residentes locales en riesgo de ser deportados.

Fue así como nació el Fondo de Justicia del Condado de Orange ( OCJG por sus siglas en inglés) que es una corporación no lucrativa cuyo objetivo principal es incrementar el acceso de los abogados a los inmigrantes que están detenidos y enfrentan un proceso deportación, así como establecer un fondo de fianzas para reunir a las familias separadas en centros de detención en el condado de Orange.

García Guillén subraya que uno de los principales problemas de los indocumentados detenidos es que no tienen representación legal y esto los convierte en un blanco fácil para ser deportados. Diversos estudios indican que cuando un inmigrante se representa a sí mismo tiene solamente un 6% de posibilidades de evitar la deportación, pero cuando cuenta con un abogado las posibilidades son diez veces más altas. La abogada, que es la vicepresidenta del OCJF, agrega que el costo de ofrecerle a un inmigrante defensa legal cuesta alrededor de $6,000.

La donación del público es crítica para poder brindar esta asistencia y evitar la dolorosa separación de miles de familias. El martes 23 de octubre a las 6 p.m. en The Turnip Rose Promenade en Costa Mesa, el OCJF llevará a cabo el evento de recaudación de fondos más ambicioso que se ha hecho en el condado de Orange para apoyar la representación universal de los indocumentados. Si desean unirse a esta noble causa pueden hacerlo a través de estos enlaces:  Facebook:    https://www.facebook.com/donate/766088717066868/10157827495551982/.

Y el de la página de la organización:  https://ocjusticefund.org/donate/

María Luisa Arredondo