Departamento de Justicia defiende legalidad de nombramiento de fiscal general interino
La Administración afronta presiones para revocar el nombramiento de Matthew Whitaker, mientras la oposición demócrata insiste en que éste tiene "conflictos de intereses" y no debe permanecer en el cargo
WASHINGTON— El Departamento de Justicia defendió enérgicamente este miércoles la legalidad del nombramiento del fiscal general interino, Matthew Whitaker, en medio de crecientes presiones bipartidistas para proteger la investigación del FBI sobre la trama rusa.
El presidente Donald Trump designó a Whitaker al puesto el miércoles pasado, cuando anunció la renuncia forzada de Jeff Sessions, pero desde entonces el nombramiento ha generado críticas de la oposición y de algunos sectores conservadores.
En un memorándum de 20 páginas emitido hoy, la Oficina Legal (OLC) del Departamento de Justicia afirmó que el nombramiento de Whitaker es legal, y se ciñe no sólo a varios dictámenes judiciales sino también a una ley federal de 1998 que rige los nombramientos para puestos vacantes dentro del gobierno federal.
En el documento, el Departamento de Justicia también argumentó que la Casa Blanca consultó a la OLC y recibió luz verde para el nombramiento de Whitaker que, en todo caso, sólo es de “forma temporal”.
Whitaker está prestando servicio de forma temporal, así es que no requirió la confirmación del Senado antes de su selección la semana pasada, dijo la agencia el documento.
Pero Whitaker afronta presiones para apartarse de la supervisión de la investigación que desde mayo de 2017 encabeza el fiscal especial, Robert Mueller, debido a sus pasadas declaraciones en contra de ésta.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI), que depende del Departamento de Justicia, debe actuar libre de consideraciones políticas, y el temor es que Whitaker tome medidas para obstruir la labor de Mueller para proteger a la Administración.
El abogado Jonathan Turley, un destacado profesor de Leyes de la Universidad de George Washington, cuestionó hoy en un blog que un funcionario como Whitaker sea nombrado como titular del Departamento de Justicia sin pasar por el proceso de confirmación del Senado.
La Constitución dicta que “funcionarios de alto rango del Ejecutivo… requieren un nombramiento presidencial y una confirmación del Senado”, además de que, siguiendo la cadena de mando, a quien en realidad correspondería el cargo es al subfiscal general, Rod Rosenstein, explicó Turley.
Rosenstein nombró a Mueller como fiscal especial para investigar la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, después de que Sessions se recusó del proceso debido a que colaboró en la campaña presidencial de Trump en 2016 y se reunió con el embajador de Rusia en Washington, Sergey Kislyak.
Al nombrar a Whitaker, el antiguo jefe de Personal de Sessions, Trump efectivamente ha quitado de en medio a Rosenstein para supervisar la investigación.
El Departamento de Justicia difundió su opinión legal un día después de que el estado de Maryland presentó una demanda para impugnar el nombramiento de Whitaker, al indicar que la Administración violó la Constitución y la ley federal de 1998 sobre los nombramientos federales.
Críticas al nombramiento
Los argumentos del Departamento de Justicia no convencieron a la oposición demócrata, que insistió en que la Constitución delinea claramente las funciones de las ramas del gobierno.
Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes y posible presidenta de ese órgano legislativo a partir de enero próximo, dijo en una declaración escrita que el nombramiento de Whitaker “violenta la Constitución y la visión de nuestros fundadores”.
Pelosi señaló que la Administración viola la cláusula de la Constitución sobre los nombramientos mediante la “descarada instalación” de un funcionario partidista que no recibiría la confirmación del Senado debido a su presunto historial de vínculos con estafas y negocios turbios.
La líder minoritaria destacó las advertencias de varios funcionarios del Departamento de Justicia contrarias al memorándum de hoy, y subrayó que Trump “claramente está evitando el proceso de confirmación del Senado” con el único propósito de “obstruir la investigación de Mueller.
Pelosi reiteró la exigencia de su bancada de que la Administración revoque el nombramiento, y que Whitaker se recuse de cualquier participación en la investigación del FBI por sus “claros conflictos de intereses”.
Varios legisladores demócratas, que a partir de 2019 liderarán los comités de la Cámara Baja tras recuperar el control de ese órgano legislativo, ya iniciaron una investigación sobre los vínculos de Whitaker con una empresa de patentes acusada de millonarias estafas.
En su primera salva, los legisladores demócratas Adam Schiff, Elijah Cummings, Jerrold Nadler, y Frank Pallone, enviaron sendas cartas a la Administración pidiendo información sobre el papel de Whitaker en la empresa “World Patent Marketing”, acusada el año pasado por el gobierno de Trump de promover una estafa.
Piden proteger investigación de Mueller
Mientras tanto, un grupo de senadores bipartidista promueve un proyecto de ley, ya aprobado por el Comité Judicial del Senado en abril pasado, para proteger la investigación de Mueller, ante renovados temores de que Trump decida despedirlo.
Entre los republicanos que apoyan el proyecto de ley, que podría ser sometido a votación en el pleno del Senado la próxima semana, figuran los senadores Chuck Grassley, Susan Collins, Lindsey Graham, y el saliente senador de Arizona, Jeff Flake.
Por su parte, el grupo conservador “Republicans for the Rule of Law”, ha lanzado una serie de anuncios publicitarios para exigir que Whitaker se recuse de la investigación de Mueller.
El anuncio más reciente, difundido hoy en la cadena conservadora Fox News, critica que Whitaker fue nombrado indebidamente no por su experiencia sino por su “lealtad” a Trump.
“El país merece a un fiscal general cuya lealtad sea con el imperio de la ley”, argumentó el grupo.
Trump siempre ha negado que su campaña presidencial haya tenido “colusión” con Rusia en los comicios de 2016, y ha calificado la investigación de Mueller como una “cacería de brujas”.