En California, más de mil prisioneros salvan vidas y combaten incendios por $2 al día

WASHINGTON ? Más de 1,500 prisioneros han sido desplegados junto con bomberos profesionales a sofocar los incendios más mortíferos en la historia de California, pero su “heroísmo” entre las llamas y humareda o salvando vidas les deja poco en el bolsillo y cero ofertas de empleo al salir libres, según denuncias de activistas.

California depende, más que ningún otro estado de la nación, de la mano de obra barata de los “prisioneros-bomberos” que, gracias a un programa de rehabilitación voluntario que se remonta a la Segunda Guerra Mundial, apoyan a los profesionales en la primera línea de defensa.

Estos prisioneros participan en talleres de capacitación en 44 “campamentos de conservación” (“Conservation Camps”) en 27 condados, donde aprenden a utilizar peligrosas herramientas para apagar incendios, y cavar zanjas para frenar el avance de las llamas.

Cuando no están combatiendo las llamas, son designados a proyectos de conservación y servicio comunitario, incluyendo la limpieza de matorrales y árboles caídos para prevenir incendios, mantenimiento de bosques, colocación de sacos de arena, protección contra inundaciones y reforestación, según el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR, por su sigla en inglés).

En la actualidad, 3,700 prisioneros participan de forma voluntaria en esos “campamentos”, alojados en instalaciones de mínima seguridad y adónde van a parar reos con “buena conducta” y con sólo hasta cinco años para completar su sentencia.

Alternativa al encierro de una celda

El programa excluye a prisioneros que han sido condenados por delitos graves como homicidios, violación, incendio provocado, o un historial de intentos de fuga.

Poco más de 1,500 prisioneros figuran en las escuadras de 9,400 bomberos designados a combatir las llamas en lados opuestos del estado, de acuerdo con el CDCR.

Según cálculos oficiales, esta mano de obra barata –casi en condiciones de esclavitud, aseguran sus detractores-, no sólo alivia las presiones presupuestarias de California sino que le está ahorrando al estado hasta $100 millones al año.

Los incendios comenzaron el pasado 8 de noviembre por causas aún bajo investigación, y ya han devorado casi 250,000 acres, se han cobrado la vida de al menos 85 personas, y han dejado cerca de mil desaparecidos y una extensa estela de daños.

Ataviados con cascos y uniformes color naranja, los “prisioneros-bomberos”  trabajan largas jornadas al aire libre, y lejos del tedio de una hacinada celda. Además, algunos pueden lograr una reducción en sus sentencias por “buena conducta”.

Su jornada no es un paseo de rosas: trabajan en temperaturas extremas protegidos por dos capas de ropa, llevan a cuestas pesados equipos y herramientas, y tienen que abastecerse de suficiente agua y comida para un horario de 24 horas.

Sin embargo, a diferencia de bomberos profesionales, que ganan un mínimo de $17,70 la hora y reciben pago por horas extra, los “prisioneros-bomberos” ganan una “base” de $2 al día y $1 extra por cada hora combatiendo incendios, aun cuando afrontan las mismas condiciones de peligro.

A veces, las llamas, que alcanzan los 1,472 grados Fahrenheit, están a pocos metros de distancia, o corren el riesgo de resbalarse en las rocas, sufrir caídas, o morir aplastados por un árbol. Según cifras estatales, seis de ellos han fallecido desde 1983.

“No son esclavos”

Es precisamente la enorme disparidad salarial, sumado a las dificultades propias de la reinserción civil, lo que ha generado renovadas críticas de activistas como Keith Ring, presidente del grupo “Familias Contra Sentencias Obligatorias Mínimas” (FAMM, por su sigla en inglés) en Washington.

“Estos trabajos suelen ser competitivos. La gente los busca para poder salir del complejo penitenciario… pero esta gente está poniendo en peligro sus vidas, está prestando un servicio comunitario, y todo esto debería hacerlos elegibles para una conmutación de su sentencia en base al tiempo que ya han purgado en prisión”, afirmó Ring en entrevista con este diario.

“FAMM” ha estado presionando a favor de la legislación “First Step Act”,  una iniciativa para la reforma penal que el presidente Donald Trump ha prometido firmar si el Congreso la aprueba.

Trump apoya ley clave para la mayor reforma penitenciaria desde la década de 1990

Iniciativas como ésa no sólo reducirían las sentencias por delitos de menor cuantía sino que darían oportunidades educativas y vocacionales a ex-presidiarios para que no regresen a senderos criminales.

Aprovechando la cobertura mediática de los incendios, también activistas como la hermana Helen Prejean, y grupos cívicos como la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), han renovado su llamado por una reforma penal y mayores oportunidades de empleo para ex-presidiarios.

David Fathi, director del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, condenó en un blog que los “prisioneros-bomberos” ganen apenas un fragmento del salario mínimo pese al sacrificio que realizan, en unos momentos en que aumenta la cifra de muertos en los incendios.

“Los prisioneros que están combatiendo los incendios en California merecen salarios reales. Sus derechos como trabajadores nos conducen a asuntos más amplios sobre el uso de reos como mano de obra”, apuntó Fathi.

“Un empleo puede proveer un escape de la demoledora monotonía de la vida en prisión, una oportunidad de hacer algo productivo, ganar un poco de dinero y hasta aprender destrezas útiles para la reinserción civil… pero dada la vasta desigualdad de poder entre prisioneros y sus patrones, también hay un potencial persistente y real para su explotación y abuso”, advirtió el experto.

Trabas para la reinserción y rehabilitación

Fathi señaló que bajo el sistema penal de EEUU, los prisioneros no tienen las protecciones legales del resto de trabajadores; no pueden unirse a sindicatos; ni están amparados a leyes de salario mínimo, y lo poco que ganan puede ser confiscado en prisión. Si mueren o resultan lesionados en horas laborales, tampoco los cubren las normas de compensación.

Son una población vulnerable que, al reingresar a la sociedad civil, corren alto riesgo de reincidir en la criminalidad sin el debido apoyo de programas sociales.

Cuando salen en libertad, la mayoría de los reos no pueden ser contratados como bomberos, pese a la experiencia acumulada, debido a su expediente criminal.

“Me parece una locura, es como si nunca los sacamos del banquillo.  Si han pagado su deuda con la sociedad, deben gozar todos los derechos como ciudadanos y desempeñar los trabajos que quieran”, dijo Ring.

“A menos que el delito esté relacionado con el trabajo que buscan –no emplearías a un ladrón como cajero en un banco-,  no le veo sentido. El tema de trasfondo es premiar la buena conducta y no condenarlos al banquillo”, puntualizó el presidente de FAMM.

Una  ley estatal en California impone restricciones para obtener una licencia como técnico médico para emergencias (EMT, por su sigla en inglés), y la prohíbe para personas condenadas de ciertos delitos. El certificado de “EMT” es un requisito para trabajar como bombero en casi todo el estado.