Siete condenados por asesinato de activista Berta Cáceres en Honduras; defensa busca más juicios
La familia insiste en que hay más culpables y estudia proceder contra bancos de Finlandia y Holanda
Berta Cáceres recibió el premio Goldman, uno de los más prestigiosos del mundo para ambientalistas. Su campaña logró que el gigante chino Sinohydro y el Banco Mundial abandonaran su respaldo a un polémico proyecto hidroeléctrico. Crédito: GOLDMAN ENVIRONMENTAL PRIZE
Siete de los ocho acusados por el asesinato de Berta Cáceres fueron hallados culpables por un tribunal en Tegucigalpa, el jueves.
Las penas serán dadas a conocer en enero.
Según los jueces, el crimen fue perpetrado en marzo de 2016 por encargo de directivos de la empresa constructora de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en el noroeste del país.
El veredicto da pie a que se lleven a cabo más investigaciones, destacó Deutsche Welle. Tal es el objetivo del equipo del abogado Víctor Fernández, que representa a la familia Cáceres, que estudia la posibilidad de proceder contra los bancos de desarrollo de Finlandia y Holanda que financian el proyecto de la represa.
“Para nosotros, este proceso es sólo el punto de partida de por lo menos otros cuatro procesos para sancionar a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. Estos tienen estrechas relaciones con los militares y con el gobierno” de Honduras, dijo Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), que ha ganado prestigio en ese país por la defensa de los derechos de minorías indígenas y procesos por causas ambientales.
Cáceres coorganizó protestas pacíficas contra el proyecto de la represa y puso de manifiesto a nivel internacional que la concesión fue realizada de manera ilegal, porque la población de la zona, mayoritariamente perteneciente a la etnia indígena lenca, no fue consultada como lo dispone la Convención 169 de la Organización Mundial del Trabajo.
Cáceres llamó la atención internacional sobre ello y el asesinato de varios ambientalistas. Por ello fue distinguida en 2015 con el reputado Premio Goldmann, un reconocimiento al compromiso de la sociedad civil con el medio ambiente, y fue recibida por el Papa Francisco, en Roma.
Pese a toda esa atención internacional, fue ultimada a los 42 años en su casa, el 2 de marzo de 2016. “¿Cómo fue posible el asesinato, que pocas horas después el ministro Julián Pacheco calificó de delito común, y por qué Berta Cáceres no fue protegida por las autoridades? Es una interrogante que queremos esclarecer”, subrayó Fernández.
Los jueces señalaron que dos ejecutivos de la empresa constructora Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) planearon el asesinato con un ex militar, antiguo jefe de seguridad de la firma.
Durante el juicio, que se inició el 17 de septiembre, la defensa hizo notar reiteradamente que no se le dio acceso a las evidencias. Indicaron que numerosos teléfonos móviles y varias tabletas no fueron examinados y las armas de otro militar que había trabajado para DESA no fueron sometidas a peritajes balísticos.
Además, se intentó negarle acceso al tribunal a Laura Zúñiga Cáceres, hija de la víctima. A su juicio, la atención internacional es inmensamente importante para dar con los autores intelectuales del asesinato de su madre.
“Cartas como la de 30 europarlamentarios que a mediados de noviembre exhortaron al presidente Orlando Hernández a garantizar un juicio justo, tienen un efecto. Velan porque el asesinato de mi madre no quede en la impunidad como tantos crímenes”, afirmó.
