Congreso alista “histórico” voto de mayor reforma de justicia criminal en décadas
La medida ofrecerá una “segunda oportunidad” para ciertos delincuentes que podrán reducir sus sentencias por buena conducta pero, a largo plazo
Histórico voto, antes de fin de semana, sobre la mayor reforma de justicia criminal. Crédito: (Archivo / Getty)
WASHINGTON— La Cámara de Representantes alista un “histórico” voto antes de fin de semana sobre la mayor reforma de justicia criminal en décadas, después de que la medida pasó la prueba de fuego en el Senado gracias al apoyo de la Casa Blanca y una amplia coalición de grupos en todo el espectro político.
La medida, impulsada por un grupo de senadores bipartidista y Jared Kushner, yerno y principal asesor político del presidente Donald Trump, logró una votación de 87-12 anoche en el Senado, en una inusitada muestra de colaboración bipartidista en la “era de Trump”.
El “Acta del Primer Paso” (“First Step Act”) será sometido a voto en el pleno de la Cámara de Representantes tan pronto como mañana jueves, aunque el presidente de ese órgano legislativo, el republicano Paul Ryan, aún no ha precisado la fecha.
La iniciativa da a los jueces flexibilidad para reducir las sentencias mínimas obligatorias para delitos de drogas no violentos; amplía los programas de rehabilitación y capacitación laboral, y expande las oportunidades para acelerar la salida de los reos por buena conducta.
También reduce de forma retroactiva las disparidades en las sentencias por posesión de “crack” –que suelen ser más punitivas- o cocaína en polvo, lo que beneficiaría a unos 2,000 reos.
La medida está dirigida a alrededor del 95% de los reos en cárceles federales que eventualmente regresan a sus comunidades y necesitan alicientes para no reincidir.
Aunque la medida sólo aplica a la población en cárceles federales –que ronda los 181,000 reos- sus partidarios, entre éstos el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), señalan que puede servir de modelo para más reformas futuras.
La legislación, que agonizó durante un largo proceso de negociación, tuvo el respaldo de organizaciones cívicas, religiosas, empresariales y policiales, además de la Asociación Nacional de Gobernadores, 172 exfiscales federales y alguaciles en 34 estados.
Trump afirmó en Twitter que la medida mantendrá la seguridad comunitaria y dará “esperanza y una segunda oportunidad a quienes se la ganen”.
….This will keep our communities safer, and provide hope and a second chance, to those who earn it. In addition to everything else, billions of dollars will be saved. I look forward to signing this into law!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018
La Casa Blanca ha dicho que Trump la promulgará cuando llegue al Despacho Oval.
Celebran bipartidismo
Durante una rueda de prensa hoy en el Capitolio, senadores demócratas y republicanos se congratularon por la aprobación de la medida, aunque reconocieron que es tan sólo “un primer paso” para combatir la reincidencia de criminales.
El senador republicano de Iowa y presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, reconoció que no estaba entre los “conversos”, pero terminó apoyando la medida al ver el respaldo de grupos como la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), de corte progresista, o la conservadora “American Conservative Union”.
Grassley afirmó que la medida ahorrará dinero a los contribuyentes, ayudará a reducir la criminalidad, y fortalecerá la “justicia” en el sistema penal.
Según el Instituto Urbano, para 2016, la población en las cárceles federales había registrado un incremento multiplicado por siete desde 1980, inflando sus gastos al punto de que el gobierno federal ahora gasta casi $7,500 millones en ese sistema, o alrededor de un tercio del presupuesto del Departamento de Justicia.
Por su parte, el senador demócrata de mayor rango en ese comité, Dick Durbin, dijo que el voto fue “histórico” y ayudará a revertir el daño de pasadas legislaciones, que llenaron las cárceles federales con personas condenadas por delitos de droga menores, en el marco de una fallida guerra contra las drogas.
La medida ofrecerá una “segunda oportunidad” para ciertos delincuentes que podrán reducir sus sentencias por buena conducta pero, a largo plazo, el Congreso tendrá que estudiar formas de reducir tanto la tasa de encarcelamiento como la de criminalidad, explicó Durbin, de Illinois.
El senador demócrata por Nueva Jersey, Corey Booker, señaló que el sistema de justicia criminal en EEUU durante mucho tiempo se ha ensañado con los pobres, los enfermos mentales, los drogadictos y las minorías, y la medida es “el primer paso en un largo viaje” hacia la equidad.
“Aún vivimos en un país como muchas injusticias… no deberías estar en una cárcel dependiendo de si tienes o no dinero”, enfatizó Booker.
Por su parte, el senador republicano por Carolina del Sur, Tim Scott, precisó que “la receta secreta” para evitar una “recaída” de criminales yace en la capacitación laboral, la atención a personas con problemas mentales, y oportunidades de educación.
El otro senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, afirmó que la medida puede servir de modelo para las autoridades locales y estatales.
Graham y los demás senadores elogiaron la “tenacidad” de Kushner y su equipo, que forjaron una vasta coalición para impulsar la medida y fueron clave para ésta lograra el apoyo contundente de Trump.
Kushner ha tenido durante años un interés personal en la reforma penal, motivado en parte porque, a principios de la década de 2000, su padre fue enviado a prisión federal por evasión de impuestos, manipulación de testigos y donaciones políticas ilícitas.
Mejoras graduales
Aunque no incluye todas las cláusulas que en su momento propuso la Administración Obama, ni todos los cambios que deseaban los progresistas, activistas consultados hoy por este diario aseguraron que su aprobación es casi milagrosa, si se toma en cuenta que el tóxico ambiente político en el Congreso solo ha producido estancamiento en los últimos años.
Molly Gill, vicepresidenta para asuntos políticos del grupo “Familias Contra Sentencias Mínimas Obligatorias” (FAMM, en inglés), dijo que la medida fue aprobada porque “la gente que tiene a seres queridos en prisión está harta de ver el daño de sentencias largas que no hacen más seguras a sus familias y comunidades”.
Gill señaló que los reos latinos, que son el 32% de la población en cárceles federales, se beneficiarán porque una buena conducta les rebajaría siete días adicionales por cada año en prisión, de tal manera que uno que purga 10 años en prisión saldría libre 70 días antes.
“Este proyecto no es todo lo que debía ser, pero para muchas familias significa que sus seres queridos regresarán varias semanas más pronto a casa, y eso no es poca cosa”, subrayó.
Por su parte, Marc Mauer, director ejecutivo de “The Sentencing Project”, aplaudió que la medida alienta programas de rehabilitación y reinserción civil para expresidiarios federales, pero consideró que el Congreso debía haber destinado recursos para ayudar individuos de “alto riesgo”.
“Los de bajo riesgo ya tienen menos probabilidades de reincidir en la criminalidad, y hay más oportunidad de tener un mayor impacto entre aquellos más propensos a delinquir sin programas de rehabilitación”, explicó.
Los senadores señalaron que ningún proyecto escapa a concesiones pero éste es un esfuerzo “serio” para reducir los costos asociados con el encarcelamiento masivo en EEUU.
“Es un proyecto de ley que sufrió mil muertes, y muchas veces tuvimos que rescatarlo del fuego, pero lo logramos”, dijo el senador republicano de Utah, Mike Lee.
