Inquilinos en Brooklyn batallan contra elevados aumentos de renta preferencial

Bonifacio de la Rosa lleva 8 años viviendo en un apartamento del edificio 371 South de la Quinta Avenida, en Brooklyn, y aunque siempre tuvo la tranquilidad de que el poco dinero que recibe de su Seguro Social y la ayuda económica que le dan sus hijos, sería suficiente para poder cubrir los costos de la renta cuando ya no trabajara, en noviembre pasado, al recibir la renovación de su contrato de arrendamiento, casi le da un ataque.

Después de estar pagando un alquiler de $1,250, la casera le informó que si quería seguir viviendo allí tendría que empezar a pagar $2,900, el valor legal del mercado, presuntamente registrado para esa vivienda.

Y aunque al dominicano de 70 años, quien padece problemas de presión arterial y tiene que someterse a diálisis, le pareció que el incremento fue “un golpe bajo” y creyó ser víctima de un incremento ilegal, luego se enteró que por ser su apartamento uno de los 266,000 que hay en los cinco condados bajo las normas actuales de la llamada renta preferencial, la casera está amparada por la ley para subir el arriendo al tope legal.

Desde el 2003, las leyes de alquileres del estado de Nueva York autorizan a propietarios que tienen inscritos sus inmuebles bajo la figura de alquiler ‘preferencial’, cobrar un precio mayor al que originalmente se negoció cuando se tomó el apartamento.

“Yo no sabía que eso era así. Pero esto es un abuso. Ella me está aumentando mil y pico de dólares de un fuetazo. Ella no me escucha, y lo que dice es que quiere que le pague lo que ella diga y yo no puedo, porque si no me va a tocar buscar mi camino. De dónde voy a sacar todo ese dinero”, asegura el inquilino, quien desde hace cuatro meses se organizó con la mayoría de los residentes de los 30  apartamentos que hay en el edificio, principalmente hispanos, para iniciar una huelga de rentas.

“Lo que ellos están haciendo desde entonces es que no le envían más los cheques a la dueña sino que los están depositando en una cuenta especial, en un fondo donde se tiene toda la renta de los inquilinos, que solamente se le entregará a la casera hasta que les mejore sus condiciones”, asegura Lucas Renique, coordinador de inquilinos de la asociación Los Sures, de Brooklyn, que está ayudando a los arrendatarios.

Renique explicó que el problema de ese edificio es que como todos los apartamentos están bajo la figura de renta preferencial, la casera empezó a hacer incrementos elevados para que quienes no puedan pagar por sus unidades de vivienda tengan que irse y poder, no solo cobrar más por los alquileres, sino elevar más los precios, con el llamado bono de vacancia, que permite incrementar un 20% adicional cuando un inmueble está vacío.

Esperan pelear en la corte

“Estas son personas que pagaban rentas de $1,000 y $1,200, pero la dueña decidió en las últimas renovaciones aumentarles de a golpes grandes, como de a $300, $500 y hasta más de $1,500, como a Bonifacio, y por eso ellos se declararon el huelga. Tal vez sea difícil que no les haga efectivos los aumentos, pero lo que queremos es que los lleve a la corte para poder pelear el caso allá, pero todavía no lo ha hecho”, agregó el activista, explicando que la renta promedio en esa parte de Brooklyn en este momento es de $3,500 por un apartamento.

“Ella además les ha incumplido con las reparaciones y condiciones del edificio, donde hay ratas, hay un problema de olor de la cañería y otros daños. También estamos viendo los historiales de renta de los apartamentos para determinar si los precios legales que está pidiendo son los que debe pedir o si está inflando los números”, agregó el activista.

En Nueva York del total de unidades registradas bajo renta preferencial, 73,251 están en Manhattan, 64,611 en Brooklyn, 60,481 en El Bronx, 58,591 en Queens y 3,444 en Staten Island.

Pero más allá de la huelga de rentas, los inquilinos del 371 South de la Quinta Avenida han iniciado una campaña intensa para que los legisladores de Albany pongan los ojos en sus historias y promuevan inmediatamente cambios a las leyes de renta actuales, que los tiene en semejante estado de angustia con los incrementos en sus contratos.

Así lo asegura Cipriana Arias, quien vive en el edificio hace más de 15 años, y quien recibió un nuevo contrato en el que los $1,100 que pagaba de renta le fueron elevados a $1,829.

“Que cambien las leyes de renta”

“Esto tiene que cambiar porque ya estamos desesperados. Uno no gana tanto para poder pagar todo eso y por eso le pido a los que hacen las leyes que nos protejan porque eso es una clara discriminación contra la gente que trabaja mucho”, comentó la dominicana, quien trabaja cuidando adultos mayores y personas enfermas. “Si las leyes no cambian vamos a tener que irnos pa’ la calle, porque para donde más se va uno. O morirse porque si no encontramos como pagar”.

Como parte de la campaña de los inquilinos para que Albany los escuche, se han sumado a otros grupos y coaliciones que luchan por una reforma a las leyes de renta, que expiran en junio próximo y han viajado a la capital del estado a reunirse con senadores y asambleístas.

Maribel Ceballos, quien pasó de tener un contrato de $950 por su apartamento de solo un cuarto, en el que vive con sus hijos de 16 y 7 años, también tiene sus esperanzas puestas en los cambios a la las leyes. La trabajadora de una compañía de alimentos, asegura que le aumentaron el arriendo en $500 el año pasado y en su renovación reciente le elevaron el costo a casi $2,000, por lo que siente que si Albany no actúa con celeridad, no tendrá más opción que irse del apartamento que alquiló hace nueve años.

“Esto es un abuso. El piso está dañando, la ventana tiene como tres años rota y esa renta me está matando. No podemos pagar tanto”, dijo la madre de familia, quien pidió a la Legislatura que dentro del paquete de reformas ponga fin a la renta preferencial, para que miles de inquilinos como ella puedan respirar tranquilos. “Tienen que hacer esos cambios ahora mismo, porque si no vamos a terminar en la calle”.

Intentamos obtener una respuesta de la compañía Henry Chan Elizabeth Corporation, dueña del edificio, pero un vocero de esa firma inmobiliaria aseguró que no emitirían ningún comentario al respecto.

La senadora Julia Salazar, una de las principales impulsora de reformar las leyes de renta en el estado, aseguró que “es absolutamente imperativo” que se cambien las reglas de juego en los arriendos en la actual sesión legislativa, a fin de proteger a los inquilinos y frenar los abusos de los dueños e inmobiliarias y se mostró confiada en que eso ocurrirá bajo la actual Legislatura progresista.

“Tenemos que empoderar a los inquilinos y protegernos de las políticas predatorias, como los vacíos de la renta preferencial, que actualmente están amenazando a las familias neoyorquinas con desalojos”, aseguró la líder política de Brooklyn, explicando que la Legislatura decidió abordar el tema de las rentas fuera de las discusiones del presupuesto que se están dando actualmente y que concluirá el próximo mes y luego sí empezará a discutir la reforma de las leyes de renta. “Esa fue la decisión correcta y estoy ansiosa de que nos enfoquemos en dar la batalla para tener leyes de renta más fuertes inmediatamente tengamos nuestro presupuesto final, en abril”.

Beverly Newsome, presidenta de la organización Ebbets Field Tenants Organization, asegura que la “renta preferencial” es usada habitualmente como una trampa, en la que se atrapa a inquilinos con falsos encantos y luego pueden terminar en la calle y exigió cambios en las normativas. “Un arrendamiento preferencial utiliza la táctica de cebo y cambio, porque un apartamento aparentemente asequible se vuelve inasequible”, dijo la activista.

Inquilinos del 371 South 5th St. protestan por el alza exagerada de la renta preferencial en sus apartamentos

La renta preferencial en números:

• 266,000 unidades de vivienda en los cinco condados están cobijadas por los llamados alquileres preferenciales
• 30% de todas las viviendas rentadas en Nueva York son de alquiler preferencial
• 73,251 apartamentos bajo esa renta están en Manhattan
• 64,611 en Brooklyn
• 60,481 en El Bronx
• 58,591 en Queens
• 3,444 en Staten Island
• 166% ha aumentado el número de unidades en Nueva York que se transfieren a las normas de renta preferencial
• 109,000 era el número de unidades de vivienda cobijadas por la renta preferencial hace 15 años
• 209,000 era la cifra en el 2010
• 256,068 era el número de apartamentos bajo ese tipo de renta en 2003
• 2003 fue el año en el que la Legislatura estatal aprobó el beneficio de la renta preferencial para los caseros
• De los 2.5 millones de neoyorquinos que dependen del sistema de control de rentas, el 30% están bajo la norma de renta preferencial
• $2733 es el costo máximo de un apartamento para seguir cobijado por leyes de renta. Cuando llega a ese tope el casero puede cobrar alquileres a libertad total

Qué es la renta preferencial y cuáles son los cambios propuestos

• La rentas preferencial son rentas que están por debajo de la renta legal registrada para una unidad de renta estabilizada ante la agencia de Hogares y Renovación de la Comunidad (HCR) del Estado de Nueva York, regulada por la Junta de Pautas de Renta de la Ciudad de Nueva York. Aunque un propietario ofrezca en sus contratos precios de alquiler menor al valor del arriendo legal, al momento de renovación del contrato puede exigir el precio real. Bajo esta norma, los caseros pueden, de manera legal, subir al inquilino el costo del alquiler al valor máximo, sin importar que esos aumentos signifiquen más del 50% o hasta superando a veces el 100%.
• Las reglas de renta actuales vencen en junio, y en la Legislatura hay varias iniciativas que pretenden acabar con los excesos permitidos a las rentas preferenciales, al igual que dar mayores protecciones a inquilinos de renta estabilizada e incluir dentro de las regulaciones a aquellos inquilinos que viven en casas privadas.
• Asimismo los activistas e inquilinos esperan que se ponga fin al llamado bono de vacancia, que por ley permite que los dueños aumenten el costo de sus apartamentos en un 20% cada vez que se va un residente, lo que los defensores ven como un incentivo de acoso y desalojo. Otro de los cambios que se espera prospere, tiene que ver con el incremento de las “mejoras capitales”, trabajos hechos en áreas comunes de los edificios y remodelaciones en apartamentos, donde los costos se pasan a los inquilinos de manera extendida. La propuesta es que se verifique si los arreglos son mejoras, o son necesarios y que los costos aumentados sean temporales.