Proyecto de ley busca proteger a inmigrantes de ‘La Migra’ en cortes de NY

Con la Administración Trump se ha registrado una alza extraordinaria de 1,700% de los arrestos de ICE en los tribunales

Proyecto de ley busca proteger a inmigrantes de ‘La Migra’ en cortes de NY
El número de arrestos de ICE en las cortes continúa en aumento.
Foto: ICE

En julio del 2018, la vida de Plutarco Ramírez y su esposa Miriam Martínez cambió drásticamente en un par de minutos. Pese a que Ramírez fue falsamente acusado y detenido por un crimen que luego fue retirado, su nombre cayó en manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y desde ahí el miedo se carcome la calma de esta familia que teme volver a ser separada.

Pero este miércoles Martínez, quien es miembro de la organización Make The Road New York (MRNY), se envalentonó y decidió testificar ante el Concejo Municipal, con la esperanza de que su voz sirva de aliento para que se logre la materialización de un proyecto de ley que ayude a mantener a ICE lejos de las cortes.

Miriam Martínez, miembro de Make the Road New York.

“Inmigración detiene a las personas sin dejarles saber quiénes son mientras están tratando de solucionar sus casos en los tribunales”, dijo la inmigrante. “La Ley de Protección de Nuestros Tribunales mitigará los arrestos fuera de las cortes…y esto ayudará a las personas a no tener miedo a acudir a los tribunales, lo cual puede ser peligroso para sus casos”.

Martínez hizo los comentarios en medio una audiencia pública sobre una resolución que insta a la Legislatura estatal y al gobernador Andrew Cuomo a que promulguen la Ley de Protección de Nuestros Tribunales, que prohibiría que los agentes de ICE hagan arrestos civiles en y alrededor de las cortes sin una orden judicial.

Al igual que Martínez, otros inmigrantes, defensores y miembros de la comunidad compartieron sus experiencias ante los Comités de Inmigración y el Comité de Justicia del Concejo Municipal. Experiencias que detallan el clima de temor que las tácticas de ‘La Migra’, según aseguran, han sembrado en las comunidades de inmigrantes.

El concejal Carlos Menchaca, presidente el Comite de Inmigración, alegó que, “al invadir descaradamente los tribunales para llevar a cabo su agenda de deportación, ICE está impidiendo que las personas acudan a los tribunales para que se juzguen sus casos, evitando que las víctimas de delitos se reporten a la policía y dañando la integridad y la confianza de nuestro sistema de justicia”.

Concejal Rory Lancman, presidente del Comité de Justicia junto al concejal Carlos Menchaca, presidente del Comité de Inmigración.

Menchaca fue más allá. “Si hay un espacio santuario en el que se respeta el debido proceso, son los tribunales. Debemos proteger a los tribunales de los esfuerzos de ICE para separar a las familias y garantizar el debido proceso para todos”.

Entre tanto, el concejal Rory I. Lancman, presidente del Comité de Justicia, añadió que en los últimos dos años, el sistema de justicia se ha visto seriamente socavado por las “prácticas insidiosas y depredadoras de los agentes de ICE que acechan a nuestros juzgados y hacen que los acusados, los litigantes, las víctimas y los testigos teman comparecer”.

“Hace que nuestra sociedad sea menos justa y todos estemos menos seguros”, apuntó Lancman.

“¡Fuera de la corte!”

De acuerdo con un informe reciente del Proyecto de Defensa del Inmigrante, desde que la Administración Trump se instaruó a principios de 2017, los arrestos de ICE en las cortes se han disparado en un 1,700%.

“ICE ha enviado un mensaje claro a las comunidades de inmigrantes y las jurisdicciones que salvaguardan sus derechos: ICE no tiene problemas para interferir con el sistema judicial para lograr su agenda de deportación”, dijo Mizue Aizeki, directora ejecutiva interina del Proyecto de Defensa del Inmigrante. “A pesar de la creciente evidencia que documenta los daños de esta práctica, ICE continúa desafiando las solicitudes de jueces, fiscales y defensores para que dejen de acosar a los inmigrantes que acuden a las cortes”.

Y es que Aizeki puntualizó además que la Gran Manzana cuenta con el 75% de los arrestos a las afueras de las cortes de ICE entre 2016 y 2018, sobre todo en Queens y Brooklyn, donde se reportan el mayor número de arrestos y avistamientos en estos recintos.

El proyecto de ley

Está patrocinado por el senador estatal Brad Hoylman, de Manhattan y la asambleísta Michaelle Solages, del condado de Nassau, en Long Island, tiene como finalidad exigir que los oficiales de ICE obtengan una orden de arresto judicial de un juez federal antes de intentar arrestar a un inmigrante indocumentado, ya sea dentro o en camino a una corte estatal, de tal forma que, además, un abogado del sistema judicial revise la orden antes de que se realice un arresto.

“Nueva York debe aprobar mi Ley de Protección de Nuestros Ttribunales para garantizar que todos los residentes de nuestro estado, independientemente de su estatus migratorio, puedan participar en nuestro sistema de justicia y responsabilizar a los responsables”, afirmó Holyman.

El fiscal del distrito de Manhattan Cyrus R. Vance, Jr., también declaró su apoyo al proyecto. Para él, deportar a neoyorquinos que acuden a las cortes es antitético.

“El temor a la deportación injusta impide que las víctimas de delitos denuncien, y evita que los acusados asistan responsablemente a sus citas en la corte”, declaró Vance. “Estas políticas amenazan con marginar a los inmigrantes neoyorquinos hasta el punto en que ya no informan sobre delitos o planes de terrorismo. Y así, los fiscales locales como yo ahora tienen que trabajar el doble para asegurar a los inmigrantes que nuestra oficina es un lugar seguro para denunciar delitos sin temor a ser deportados”.

Las propuestas:

  • En el Concejo Municipal la resolución 0828 que pide a la Legislatura estatal que apruebe y al Gobernador Cuomo a firmar la “Ley de Protección de Nuestros Tribunales” (A.2176 / S.425).
  • En la Legislatura estatal el proyecto de Ley de Protección de Nuestros Tribunales” (A.2176 / S.425), que busca eximir a ciertas partes interesadas o personas de arresto civil mientras van, permanecen o regresan del lugar de dicho procedimiento judicial.