Decapitación de reo en Chiapas evidencia las consecuencias de un “autogobierno”
Las prisiones están sobrepobladas e incrementan más los casos de violencia
Prisiones mexicanas / EFE Crédito: EFE
MEXICO- El vigilante del sistema de seguridad electrónico del Centro de Readaptación Social Número 3 en Tapachula, Chiapas, observó en las videocámaras. Hombres, mujeres y niños parientes de los internos corrían en todas direcciones. Habían ido de visita y de buenas a primeras se vieron en medio de una riña.
Algunos se refugiaron en la azotea; otros, se encerraron en las celdas o se apiñaban donde podían, según visualizó en los monitores de las 14 videocámaras en operación.
En las pantallas que apuntaban el patio y a los pasillos vio a algunos de los reos con machetes, armas punzocortantes y un celular. A pesar de que están prohibidos dentro de las cárceles mexicanas, uno de los internos tomó el teléfono de su bolsillo y se puso a grabar el zafarrancho que arrancó por agresiones verbales y creció hasta los golpes.
En las canchas de basquetbol le daban con palos y tubos a un malherido tirado en el piso. El guardia movió los monitores y cuando ubicó la cámara hacia el taller de carpintería observó el momento justo en que un presidiario le cortaba la cabeza a otro.
Cada uno de estos detalles fueron documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y dados a conocer en las últimas horas a través de una recomendación sobre la trifulca ocurrida el 21 de agosto pasado.
Con base en una investigación que incluyó filmaciones y testimonios con presos, autoridades y familiares de las víctimas, el organismo determinó que aunque hay asesinos directos también una responsabilidad del gobernador del estado, Rutilio Escandón por no impedir el “autogobierno” de los reos.
“Subsisten grupos de internos con poder que realizan entre otras acciones de control, cobros por diversos conceptos, como son recibir protección u ocupar una estancia, trafican drogas y reciben tratos especiales”.
La CNDH detalló que actualmente se registran las entradas de visitantes, pero no la salidas, y eso genera tensión. Tampoco se clasifican a los reos por su peligrosidad. Mucho menos se separan a sentenciados de los procesados.
Aunque estas situaciones ocurre que desde 2017 y no sólo en Chiapas, sino en la mayoría de los penales del país, el problema es Escandón tampoco lo resolvió y una ilegalidad lleva a otra. Por ello recomendó al gobierno de Chiapas mejorar al penal.
Cumplir o no este requisito queda a criterio del funcionario, de su buena o mala voluntad, porque la CNDH no tiene funciones de Ministerio Público.
“El problema es que la CNDH está a la altura de la problemática nacional porque carece de los dientes necesarios (lo que investiga no sirve de prueba ante un juez porque los diputados no le han dado esa facultad)”, expresó el senador Alejandro González, quien impulsa una iniciativa para reemplazarla por una “Defensoría del Pueblo”.