Latinos arriesgaron la vida en su trabajo. Les robaron el sueldo. Y ICE les ha deportado
13 trabajadores inmigrantes ya han sido deportados, 73 más siguen a la espera de su expulsión
Fue una de las redadas más espectacular del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“De un momento a otro, la planta se convirtió en un caos”, explica Martha Pulido, que aquel 5 de abril de 2018 había llegado a su trabajo como cualquier otro día.
Agentes de inmigración corrían por las salas y pasillos de la empacadora de carne, gritando a los empleados que levantaran sus manos en alto.
En el exterior se podía escuchar el sonido de helicópteros sobrevolando la instalación en Bean Station, un pueblito de Tennessee afincado en el meandro de una laguna.
Casi un centenar de trabajadores fueron arrestados bajo la presunción de que eran inmigrantes indocumentados.
“Cuando ocurre una redada de esta escala en nuestras comunidades es como si se disparara una bomba”, explicó Stephanie Teatro, codirectora de una alianza de organizaciones en ayuda de los inmigrantes que decidió presentar una demanda contra ICE por discriminación racial y uso excesivo de la fuerza.
Martha Pulido asegura que uno de sus colegas resbaló durante la redada, cayó al suelo y fue apuntado con armas de fuego por agentes, mientras otros golpeaban o empujaban a otros trabajadores.
“Lo único que estábamos haciendo era ganarnos la vida para apoyar a nuestras familias”, explicó la mujer.
Un año después, la situación no ha mejorado.
“Estamos aguantando aquí”, explica Yahel Salazar, cuyo marido, Cristino Ramírez, fue deportado, “estamos intentando afrontar las cosas según vengan”.
Ya han sido deportadas 13 personas. Además, otros 73 hombres y mujeres aún están pendientes de saber si será deportados, puesto que el atasco en las cortes migratorias ha alargado estos procesos años.
Del caso de trabajadores contra ICE todavía no se sabe nada. Pero el dueño de la empacadora de carne, James Brantley, de 61 años, sí sabe que la historia no acabará bien tampoco para él.
El pasado otoño se declaró culpable ante la corte por contratar trabajadores indocumentados. Llevaba haciéndolo desde 1988, primero sin pedir tarjetas de seguro social, después pidiéndolas pero animando a falsificarlas.
Además, había sido multado por hacer trabajar a sus empleados en condiciones peligrosas e insalubres, y por alterar los precios de la carne en su beneficio. Por si fuera poco, debía 1.3 millones de dólares en impuestos impagados.
Sus empleados mataban reses, las despellejaban y troceaba, y empacaban la carne por un salario de entre seis y 10 dólares por hora, trabajando en jornadas que iban mucho más allá de las ocho horas diarias.
El Departamento de Trabajo le ha demandado además por robar salarios y horas extras a 151 trabajadores, en su mayoría mexicanos y guatemaltecos.