Jesús Santrich, el exguerrillero acusado de narcotráfico por EE.UU. cuya liberación desató una crisis en Colombia
Te contamos por qué el caso de este exguerrillero ocasionó todo un terremoto político en este país
Jesús Santrich pasó 25 años sublevado en armas. Crédito: EPA
Desde que fue capturado, en abril de 2018, se vaticinaba que la resolución del caso del exguerrillero Jesús Santrich iba a generar un “choque de trenes” entre las instituciones de Colombia.
Era uno de los excomandantes de las FARC protagonistas de las negociaciones de La Habana para el fin del conflicto armado, de los primeros en someterse a la flamante Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada gracias a la firma del acuerdo final de 2016, y nominado por la exguerrilla para ser congresista desde julio del año pasado.
Con todos esos antecedentes, la fiscalía colombiana dispuso su detención al ser señalado de conspirar para enviar cocaína a Estados Unidos, que lo reclama en extradición.
Y, como se había anticipado, la decisión de la JEP de impedir la entrega de Santrich y ordenar que sea liberado, anunciada el miércoles, ocasionó un terremoto institucional en Colombia.
Menos de dos horas después de conocida esa resolución, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que renunciaba de manera irrevocable al cargo porque se negaba a cumplir la instrucción de liberar al exguerrillero, cuyo verdadero nombre es Seuxis Paucias Hernández Solarte.
Poco después seguiría sus pasos la vicefiscal María Paulina Riveros.
La Procuraduría General, otra entidad colombiana diferente a la Fiscalía, decidió de inmediato apelar la decisión de la JEP.
Mientras tanto, el presidente Iván Duque suspendió su agenda poco después de conocido el fallo y envió un mensaje a la nación lamentado la orden de liberación del exguerrillero.
Todo eso, por ahora, provocó el caso Santrich.
Excomandante
Seuxis Paucias Hernández Solarte estuvo 25 años en la exguerrilla de las FARC, ahora convertida en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Perdió la vista hace una década debido a una enfermedad degenerativa que se le detectó desde la juventud, actualmente tiene 52 años.
Después de estudiar Derecho, se incorporó al movimiento armado en 1991 y, subiendo poco a poco en el escalafón de las FARC, se mantuvo sublevado en armas hasta 2016, cuando se firmó el acuerdo de desarme con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.
Durante la etapa de diálogos fue identificado como uno de los protagonistas en las mesas de negociación.
Sometido a la JEP
Firmado el pacto de desarme, Santrich se sometió a la JEP para que se juzguen, con penas reducidas y garantía de no extradición, los crímenes que pudo haber cometido mientras duró el conflicto armado.
El acuerdo señalaba que cualquier otro delito cometido después de la fecha de la firma (1 de noviembre de 2016) pasaba directamente a la justicia ordinaria.
La fiscalía, a la hora de detenerlo, señaló que el exguerrillero intentó enviar cocaína entre 2017 y 2018, por lo que ya no podía gozar de ningún fuero especial y podía ser extraditado.
Santrich tenía tal relevancia que, tras esa detención en 2018, otros excomandantes amenazaron con romper el tratado de paz si se llegaba a consumar su entrega a Estados Unidos.
Desde ese momento se comenzó a debatir qué institución tenía la competencia de llevar su caso, la Fiscalía General de la Nación o la Jurisdicción Especial para la Paz.
Horas después de la resolución de la JEP del miércoles, fue filtrado un video en el que aparece Santrich conversando con otras dos personas, presuntos delegados del cártel de Sinaloa, y que es señalado como una de las pruebas de que el excomandante sí delinquió después de 2016.
Una crisis que se veía venir
En criterio de la analista política Marcela Prieto, la crisis que provocó la decisión de la JEP se veía venir.
“En Colombia llamamos ‘choque de trenes’ al choque de instituciones. Esto ha sucedido en el caso Santrich en el que dos instituciones, la JEP y la Fiscalía, creen que tienen la jurisdicción”, explica a BBC Mundo.
La politóloga añade que la renuncia del fiscal Martínez se da en este contexto y que acatar el fallo habría ocasionado un precedente peligroso.
“Yo creo que lo que hace el fiscal general es porque las consecuencias de la resolución de la JEP van mucho más allá de la liberación de Santrich“, explica la analista.
Para Prieto, lo sucedido en Colombia provocó un “desgaste institucional es enorme”. “Queda en entredicho la JEP y esta decisión también debilita a la justicia ordinaria”.
La analista indica, además, que “hay muchos ojos sobre la JEP porque Colombia es pionero en la región en la creación de instituciones de posconflicto como la justicia transicional”.
“El choque de trenes”
No fueron solo el presidente Duque y el renunciante fiscal Martínez (todavía se debe aprobar su dimisión) los que condenaron la decisión de la JEP.
El partido de gobierno, Centro Democrático, dirigido por el exmandatario Álvaro Uribe, aprovechó lo sucedido para relanzar su propuesta de realizar una Asamblea Constituyente que pueda realizar reformas que alcancen al acuerdo de paz con las FARC.
Varios representantes de la bancada oficialista le pidieron al presidente Duque que impulse esta iniciativa dado que, según ellos, la justicia especial demostró estar del lado de los exguerrilleros.
“No es posible seguir alcahueteando la impunidad y premiando a aquellos responsables de delitos atroces. No más a la JEP cómplice de Santrich, Colombia necesita una Constituyente ya”, señaló el senador uribista Alejandro Corrales.
También Estados Unidos, a través de un comunicado de su embajada en Bogotá, lamentó que se haya impedido la entrega del exguerrillero.
“Consideramos esta decisión lamentable, ya que Estados Unidos cumplió con los requisitos de extradición establecidos”, señala el mensaje.
Estados Unidos señala que la acusación contra Santrich, hecha en un tribunal en Nueva York, establece que los delitos por los que se lo acusa se produjeron después de la firma del acuerdo de paz.
La actual crisis política colombiana se produce apenas semanas después de otro tsunami político debido a que el presidente Duque hizo seis objeciones a la ley estatutaria de la JEP y la devolvió al Congreso para que se debatan.
Aquella medida fue rechazada en la Cámara de Representantes (Baja) y en el Senado, aunque todavía falta un pronunciamiento final de la Corte Constitucional para que las objeciones presidenciales sean descartadas del todo.
Sería el primer gran revés que sufra el mandatario colombiano desde que llegó a la Casa de Nariño en agosto del año pasado.
También generó gran polémica el retiro de la visa de parte de Estados Unidos a tres magistrados colombianos, hace un par de semanas.
Washington se negó a dar explicaciones de aquello, pero no fueron pocos los políticos de este país los que interpretaron aquello como una presión a la justicia colombiana en temas referidos a la extradición, el papel de la JEP y el retorno del uso del glifosato para erradicar coca.
Incluso el expresidente César Gaviria llegó a acusar a Iván Duque de haber actuado en complicidad con EE.UU.
Aquellos episodios, sumados a lo sucedido tras la orden de liberar a Santrich, generaron el actual panorama político colombiano de enfrentamiento entre instituciones, el famoso “choque de trenes”.
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