¿USCIS tiene listo el reglamento de “carga pública” que impactaría a miles de inmigrantes?

Después de 10 reuniones con activistas y defensores de derechos civiles, funcionarios de Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicios Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dieron por terminada la revisión de la regla de “carga pública”, la cual recibió comentarios hasta diciembre pasado, pero todavía no existe una fecha de publicación del documento final.

A pregunta expresa, fuentes de USCIS confirmaron que los lineamientos no son definitivos, pero no dieron fecha de conclusión ni de publicación en el Registro Federal, a fin de poder aplicarse.

Esta propuesta, impulsada bajo la dirección del Francis Cissna, quien fue reemplazado por Ken Cuccinelli, busca reducir las posibilidades para un inmigrante que represente “un riesgo” para las finanzas del Gobierno pueda obtener un beneficio migratorio, como la Residencia Permanente.

“La regulación propuesta define como carga pública a una persona que recibe ciertos beneficios públicos por encima de determinados umbrales definidos o por más tiempo que ciertos períodos de tiempo (sic)”, explicó USCIS a pregunta expresa.

Los nuevos lineamientos, según indican DHS y USCIS, “definiría el término carga pública y describiría las consideraciones” de su aplicación, pero activistas y defensores de libertades civiles consideran que sería imponer un castigo a la pobreza, pero las autoridades defienden el proyecto.

“Durante más de un siglo, las leyes federales han requerido que los ciudadanos extranjeros puedan cuidarse a sí mismos sin ser una carga pública”, justificó la portavoz de USCIS, Jessica Collins. “USCIS se compromete a llevar la regla de inadmisibilidad de la carga pública a su meta, para hacer cumplir la ley de larga data y fomentar la autosuficiencia”.

Un análisis del Centro Americano para el Progreso titulado “El plan migratorio de Trump impone nuevos y radicales retos por ingresos y acceso a la salud”, alerta sobre el impacto para las familias de inmigrantes, muchas de ellas en condiciones mixtas en cuanto a estatus migratorio.

“Esta nueva política unilateral cambiaría radicalmente la inmigración legal, limitando drásticamente la inmigración para las personas que ganan menos de $62,750 al año para una familia de cuatro”, alerta.

Para Melissa Boteach, vicepresidenta del Programa de Pobreza de esa organización y coautora del reporte, la propuesta del gobierno del presidente Donald Trump se vulneraría más a la clase trabajadora.

“La propuesta radical de Trump revela un profundo desdén por las generaciones de inmigrantes que han hecho de esta nación lo que es hoy, pero también pone al descubierto la agenda… de impulsar a los ricos a expensas de la gente de la clase trabajadora”, consideró Boteach.

El estudio indica que las familias de una sola persona con un ingreso anual de $30,350 dólares o aquellas de hasta cuatro personas con $62,750 dolares anuales entrarían en esa categoría.

El calendario de reuniones de julio incluye a organizaciones como la Federación Judía de América del Norte, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés) y representantes del gobierno de Nueva York, uno de los principales opositores de la propuesta y que alertó sobre los implicaciones económicas y el daño a distintas comunidades.

Si no hubo suficientes cambios al plan original, según los análisis de impacto, las condicionantes que el DHS aplicarían a los inmigrantes susceptibles de rechazo de cualquier beneficio migratorio por tener una afección médica y no poder mostrar evidencia de no haber sido subsidiado o tener la posibilidad de obtener un seguro de salud no subsidiado; recibir actualmente “asistencia del gobierno”; haber recibido asistencia del gobierno durante más de seis meses en los últimos 36 meses, y si actualmente no trabaja o no está matriculado en la escuela a tiempo completo y no tiene empleo historia o posibilidad razonable de empleo futuro.

Entre los programas que se consideran como una “maldición” al momento de tramitar, por ejemplo, una “green card” incluyen Medicaid, el Programa Estatal de Seguro de Salud para Niños (SCHIP), cualquier “seguro de salud subsidiado por el gobierno” (no explícitamente excluido), el programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños (WIC), el programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), entre otros.