La nueva regla de ‘carga pública’ intimida y preocupa a los inmigrantes

La nueva regla de inadmisibilidad de la administración Trump se expandió a los programas del gobierno federal como Medi-Cal y estampillas de comida entre otros, y con los que ahora se determinará si una persona es considerada o no “carga pública”. De serlo, esta persona pudiera perder el derecho a residencia y ciudadanía.

La regla está estipulada para entrar en vigor el 15 de octubre.

El anuncio hecho por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hace unas semanas, indica que si un inmigrante es considerado una carga pública cuando intente regular su situación migratoria podría ser negado y/o deportado, dependiendo de cada caso individual.

La regla impactará directamente a los inmigrantes que reciban uno o más beneficios públicos designados durante más de 12 meses en un período de 36 meses. La regla no es retroactiva.

De acuerdo a la oficina del procurador general de California Xavier Becerra, de ser aprobada, la “Regla de Carga Pública del DHS” presentaría severos daños a la salud pública y servicios sociales.

Algunos de ellos incluyen:

Atención médica básica: más de 2 millones de beneficiarios de Medi-Cal tienen estatus de no ciudadano. Si la regla aplica a ellos tendrán que decidir si vale la pena detener su atención médica para ajustar su estado migratorio.

Vacunas para niños: en el 2017 el Departamento de Salud Pública de California distribuyó más de 11 millones de dosis de vacunas para inmunizar al menos a 2 millones de niños, incluyendo más de 600,000 bebés sin seguro médico. La regla evitaría que los servicios de salud lleguen a las poblaciones más necesitadas, independientemente del estado de inmigración, afectando a todos los salones de clases de California.

Programas de nutrición en las escuelas: California actualmente certifica a más de 730,000 niños para comidas gratis y más de 310,000 niños para comidas a precio reducido debido a la participación de sus hogares en Medicaid (Medi-Cal). Además, casi 1.6 millones de niños están certificados para recibir comidas gratuitas debido a la participación de sus hogares en el Programa Asistencia Suplemental de Nutrición (SNAP).

En un esfuerzo por impedir que la nueva medida tome efecto, el procurador general Becerra ha prometido luchar contra la regla.

Poniendo en riesgo la salud

Para muchos californianos la preocupación principal es el beneficio de Medi-Cal—seguro médico del estado—ya que en muchos casos es vital, sobre todo cuando hay condiciones pre existentes.

Irma, de 52 años, es una inmigrante indocumentada con dos hijos ciudadanos estadounidenses de 19 y 13 años de edad.

Ella dijo que sí se preocupó cuando se enteró del anuncio del DHS ya que ella y sus hijos cuentan con Medi-Cal. Ella planea comenzar su solicitud de residencia legal tan pronto como el próximo año.

“Yo tengo la posibilidad de arreglar mi situación por mi hijo cuando cumpla los 21 años de edad porque yo entré legal [a Estados Unidos]”, contó Irma, quien no proveyó su apellido por seguridad. “Pero ya estoy pensando en quitar el Medi-Cal porque dicen que no va a ser retroactivo y para que no me afecte en mi aplicación”.

No obstante, a Irma se encuentra en una encrucijada ya que padece de presión alta y tiene que visitar al doctor cada tres meses para asegurase que su presión está bajo control.

“Es bastante difícil, pero yo necesito arreglar mi situación migratoria y ahorita voy a tratar de cancelarlo [el Medi-Cal] antes del 15 de octubre que es la fecha limite para que no me vaya a afectar”, recalcó la mujer de origen guatemalteco.

En 1999, el entonces Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) definió a una persona como carga pública si depende principalmente del gobierno para su subsistencia, mediante asistencia pública en efectivo para el mantenimiento de ingresos, explicó el Instituto Cato, un libertario centro de investigaciones.

Entre los beneficios están los Ingresos de Seguridad Suplementarios (SSI), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), y cualquier equivalente estatal o local.

Sin embargo, los beneficios no monetarios, como los cupones de alimentos o Medi-Cal no estaban incluidos en la definición de carga pública hasta este momento.

“Esta regla vil es el último ataque de la Administración Trump contra las familias y las comunidades de color de bajos ingresos”, dijo el procurador general Becerra. “Dañará a nuestras comunidades, escuelas y lugares de trabajo al utilizar programas esenciales de salud, vivienda y nutrición”.

La regla intenta bloquear el camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes de bajos ingresos y evitará que estos mismos familiares patrocinen a familiares para reunirse en Estados Unidos, explica la oficina del procurador.

Exenciones no definidas

Entre las 900 páginas de información de la nueva regla del DHS se encuentra la información de personas que son exentas de ser consideradas una carga pública.

“Las categorías son niños menores de 21 años, mujeres embarazadas hasta 60 días después de dar a luz para su cobertura y también ciertos grupos que históricamente han sido exentos como los refugiados”, dijo Berenice Nuñez-Constant, vicepresidenta de asuntos gubernamentales con AltaMed, una de las redes de salud comunitaria más grandes del país

Añadió que por el momento se desconocen los detalles completos y si la ley federal prevalecerá sobre la estatal. Es decir que se desconoce el futuro de la ley recientemente aprobada por el gobernador Gavin Newsom que expandió el Medi-Cal de los 19 a los 26 años.

En California se estima que hay 3.059.000 inmigrantes indocumentados, de acuerdo al Instituto de Políticas Migratorias (MPI). Aproximadamente 130.000 menores y adolescentes indocumentados reciben cobertura médica mediante Medi-Cal y se espera que, para el próximo año, cuando se extiendan los servicios a indocumentados hasta los 26 años, se beneficien 90.000 jóvenes más.

Núñez-Constant dijo que actualmente los padres indocumentados que tienen hijos ciudadanos americanos pueden solicitar un Medi-Cal de emergencia, pero se desconoce cual sería el futuro.

Previniendo lo inevitable

Rosalba, de 37 años, llegó a Estados Unidos desde niña y en el 2014 se convirtió en beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

La joven, quien no quiso dar su verdadero nombre por temor a represalias, dijo que tiene una hija de 8 años de edad y aseguró que solamente recibió Medi-Cal cuando salió embarazada, pero después del parto lo canceló.

Desde entonces, su hija es la única que recibe los servicios de salud que le corresponden como ciudadana americana.

“Nunca he pedido ayuda porque si algún día arreglo mi residencia, no quiero que después me salgan [el gobierno] con que me ayudaron con algo”, dijo Rosalba, quien tampoco cuenta con Medi-Cal de emergencia, al cual pudiera ser elegible por ser madre soltera de bajos recursos.

“Hace como un mes me mandaron una hoja que podía calificar [para el Medi-Cal], pero no quise llenarla”, aseguró la mujer de origen mexicano. “La tiré a la basura”.

La oficina de Becerra dijo que la nueva regla desalentará tanto a los inmigrantes como a los estadounidenses que buscan patrocinar a miembros de familias no ciudadanas para que accedan a programas y servicios críticos y que salvan vidas, que incluyen: atención médica a través de Medi-Cal, nutrición y apoyo alimentario para niños y familias a través de CalFresh (suplemento de California Programa de Asistencia Nutricional) y vivienda para familias a través de la Sección 8 de asistencia para vivienda.

Estos programas están diseñados para ayudar a las familias a llegar a fin de mes y garantizar comunidades fuertes y saludables en California.

“No nos quedaremos sin hacer nada mientras esta Administración se dirige a programas en los que los niños y las familias de nuestro estado dependen”, aseguró Becerra. “Estamos listos para emprender acciones legales para proteger los derechos de todos los californianos”.

Jacqueline García es parte del proyecto: The USC Center for Health Journalism Collaborative

California sin cobertura es resultado de un innovador emprendimiento periodístico —The USC Center for Health Journalism Collaborative— que incluye una variedad de medios informativos de todo el
estado de California dedicados a presentar informes conjuntos sobre las personas sin seguro
médico que residen en el estado. Entre los medios informativos se incluyen los periódicos de Gannett Co., McClatchy Corp., La Opinión y Southern California News Group, así como también las emisoras Capital Public Radio y Univisión.