Una ley abre la puerta a discriminar laboralmente a la comunidad LGBTQ

Está prohibido discriminar a trabajadores pero allá donde se aduzca que hacerlo forma parte de la libertad religiosa, se abre el camino a la excepción.

Esta es la propuesta de una regla del Departamento de Trabajo cuyo periodo de comentarios finaliza el lunes 16 de septiembre y que permite a contratistas federales a desarmar esas protecciones a la discriminación algo que la comunidad LGBTQ teme que les afecte de lleno aunque no solo a ellos.

Las protecciones a personas vulnerables se han ido reforzando de forma específica para hacer énfasis en la raza, el género, el origen de nacimiento, incapacitados y recientemente las diversas preferencias sexuales. Solo se permitía aducir la libertad de credo a organizaciones religiosas para justificar la no contratación de personas de distintas creencias.

Ahora la Administración conservadora de Donald Trump quiere admitir que otras organizaciones no religiosas pero que estén ligadas a una organización de fe o empleadores con principios sinceramente religiosos puedan ampararse en esta excepción que además se ensancha con un lenguaje poco preciso al definir religión o prácticas o creencias.

Los contratistas con el Gobierno, a los que se paga con dinero de todos los contribuyentes no solo podrán discriminar a personas de otra fe o las que no la tengan sino a personas cuya vida no se adhiera a la fe de los contratistas. El colectivo LGBTQ ve en eso una puerta que se cierra a transexuales, gays solteros y casados o cualquier otra circunstancia que las religiones no aceptan de esta comunidad.

Y puede afectar a más personas, como parejas no casadas, o mujeres no casadas y embarazadas porque se puede usar la religión como una excusa para discriminar a los trabajadores algo que debilita los derechos civiles.

ACLU ha estado recogiendo firmas para rechazar esta posición del departamento de Trabajo porque considera que viola “nuestros valores de igualdad para todos”.