A dos años del huracán María en Puerto Rico, la agonía del proceso de reconstrucción

WASHINGTON – Al cumplirse hoy dos años del huracán María, el lento desembolso de fondos para la reconstrucción ha estado marcado por un trato inequitativo hacia Puerto Rico, producto de la desconfianza del gobierno federal hacia las autoridades puertorriqueñas.

Puerto Rico se enfrentó primero a la lenta e ineficiente respuesta del gobierno federal, y a la falta de capacidad del gobierno de la isla, en los días más difíciles de una catástrofe que a partir del 20 de septiembre causó unas 3,000 muertes y sobre $100,000 en daños.

Han quedado fundamentados los fallos de la respuesta inicial: el haber dejado a Puerto Rico sin suficientes suministros tras el impacto en las Islas Vírgenes del huracán Irma; la falta de personal capacitado; y los problemas de los gobiernos para distribuir agua y alimentos en los momentos más urgentes, entre otros.

Todavía resuenan los informes, luego corroborados por múltiples fuentes, de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump -quien falsamente ha alegado que a la isla se le han asignado $92,000 millones para su recuperación-, ha buscado frenar la ayuda a la isla.

En el Congreso, donde debido a la situación colonial, Puerto Rico no tiene representación con derechos plenos, se obligó a la isla a presentar un plan de reconstrucción y se dio fuerza de ley a la determinación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de revisar todo contrato de $10 millones o más.

“Tanto para los fondos de FEMA como los de HUD se han impuesto unos requisitos que no tienen precedentes”, indicó Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE).

De acuerdo a los datos que provee el gobierno federal en su página oficial sobre la recuperación de las jurisdicciones asoladas por desastres naturales, las asignaciones prometidas a la isla para mitigar los daños causados por el huracán María y reconstruir la isla alcanzaban -hasta el 31 de julio-, los $42,867 millones.

Pero -aunque incluyen gastos administrativos de FEMA-, ese resumen oficial no toma en cuenta los $4,800 millones en fondos de emergencia a través del programa Medicaid que han financiado en su totalidad durante los pasados 21 meses el plan de salud del gobierno de Puerto Rico ni los $1,870 millones de asistencia alimentaria.

Con esos fondos, el total asignado queda en $49,537 millones. De esos, los desembolsos -sumando los datos de la página oficial y los fondos de Medicaid, y asistencia alimentaria-, rondan los $20,500 millones.

Pero, el financiamiento de la reconstrucción apenas ha comenzado.

Aunque la gobernadora Wanda Vázquez Garced en parte ha justificado el retraso, la recuperación de la isla se ha enfrentado a una elevada burocracia y requisitos extraordinarios establecidos por las principales oficinas del gobierno de EEUU a cargo de la distribución de los fondos: la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA); y el Departamento de Vivienda federal (HUD).

Los números han fluctuado, y pueden terminar siendo menos, pero el gobierno de Puerto Rico ha aspirado a que FEMA aporte por lo menos $37,000 millones para la reconstrucción, incluidos unos $17,000 millones que persiguen rehacer un talón de Aquiles de la economía de la isla, su sistema eléctrico, derrumbado en gran medida por el huracán. El plan fiscal adoptado en mayo por la JSF, mientras, pronostica que se obtendrán, en total, del financiamiento federal y los seguros privados, hasta $83,000 millones para la reconstrucción.

Desde el inicio de la emergencia, FEMA y el gobierno de Puerto Rico acordaron utilizar un método alternativo para la aprobación del financiamiento de obras permanentes de reconstrucción. “Hasta donde tengo entendido fue voluntario”, dijo el miércoles el director de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR 3), Ottmar Chavez, quien lleva poco más de un mes en su puesto.

Según las guías de la sección 428 de la ley Stafford, aprobadas en abril de 2018, FEMA y el gobierno de Puerto Rico tenían 18 meses, que vencen el 11 de octubre, para tener un estimado general del costo de todos los proyectos, por cantidades que no podrán ser variadas. La ventaja a corto plazo de la sección 428 es que Puerto Rico solo aporta el 10% del costo de cada obra, en vez del 25%. A largo plazo, cualquier complicación que eleve el costo del proyecto, sin embargo, el gobierno de Puerto Rico lo tiene que financiar al 100%.

Hasta el miércoles, de 9,345 proyectos de obra permanente, se habían logrado acuerdos en torno a 139. Chávez sostuvo que ahora discuten tramitar los de menor envergadura, con costos de menos de $123,100 -que suman unos 5,000-, por el proceso regular, lo que esperan acelere su aprobación e inyecte en 2020 entre $300 millones y $400 millones a la economía.

Para los proyectos de mayor envergadura, como los relacionados a la transformación del sistema energético y de infraestructura educativa, Chávez apuesta a un acuerdo con FEMA que extienda entre cuatro y seis meses la fecha final para su certificación.

Por largo tiempo, además, FEMA ha exigido una verificación manual de las solicitudes de subvenciones y desembolsos que presentan agencias y municipios de la isla, un requisito que se había levantado en abril, se volvió a imponer en medio de la crisis del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y se liberará de nuevo. “Mi expectativa es que esta misma semana llegue (la) carta (que así lo confirme)”, sostuvo el director de COR3, al hacer referencia a la reunión del pasado jueves de la gobernadora Vázquez y su equipo con la jefatura de FEMA.

Los fondos CDBG-DR

En el otro lado de la moneda están los fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) que controla HUD. Pese a que el Congreso y el Ejecutivo federal han asignado a la isla $20,250 millones en fondos CDBG-DR, con el objetivo de reparar, reconstruir viviendas y hacer trabajos de mitigación, el gobierno federal solo ha puesto a disposición de Puerto Rico $1,507 millones.

Justo el mismo día de la renuncia de Rosselló Nevares a la gobernación, el pasado 2 de agosto, el secretario de HUD, Ben Carson, anunció el nombramiento de un monitor financiero federal para controlar sobre el terreno el uso de los $20,250 millones asignados a través del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR).

Informes del periódico conservador Washington Examiner indican que la Casa Blanca quiere que se haga una auditoría sobre el uso de los fondos CDBG-DR.

De los primeros $1,507 millones que se han hecho disponibles, el gobierno de Puerto Rico solo había obligado y contratado esta semana unos $400 millones, según el secretario de la Vivienda de Puerto Rico, Fernando Gil Enseñat, aunque dijo que otros $400 millones están “en proceso de contratación”.

Desde el 28 de febrero, HUD aprobó las guías sobre el uso de otros $8,221 millones de los fondos CDBG-DR. Pero, han pasado siete meses y no se ha firmado el acuerdo de subvención. Ese acuerdo es necesario para entonces poder obligarse y utilizarse el dinero.

HUD también colocó a Puerto Rico último en la fila para la autorización de las guías para el uso de los $8,285 millones de los fondos CDBG-DR que estarían dirigidos a proyectos de mitigación.

Cuando se anunció el nombramiento del monitor federal, el secretario Carson decidió separar el proceso de autorización de los fondos de mitigación para Puerto Rico y las Islas Vírgenes del de los estados. Islas Vírgenes obtuvo la semana pasada el visto bueno para su plan, sin que se conozca qué pasará con el de Puerto Rico.

El Congreso demandó, por medio de la ley más reciente de asistencia por desastres -convertida en ley en junio-, que el plan de acción de esos fondos de mitigación se publicara en 90 días, lo que no ha ocurrido. También incluyó un lenguaje que impide el desembolso de esos $8,285 millones hasta que se acuerden los proyectos de obras permanentes bajo la sección 428 y Puerto Rico demuestre que tiene controles competentes para su uso.

Denuncian prejuicio

“Estamos siendo discriminados y (con los fondos de mitigación) se vio más claro”, indicó el secretario Gil Enseñat,aunque vio una mejor actitud de parte de HUD en la reunión de la semana pasada de Carson con la gobernadora Vázquez Garced, su equipo y la comisionada Jenniffer González.

No hubo, sin embargo, promesas, pues HUD y OMB se adjudican mutuamente los retrasos en la autorización de fondos CDBG-DR, según Gil Enseñat.

El secretario Gil Enseñat teme que en momentos en que el gobierno de Puerto Rico se propone pedir extensiones en la fecha del 11 de octubre para acordar las obras permanentes financiadas, los fondos de mitigación queden atrapados por ese otro proceso que controla FEMA. Chávez sostuvo que el equipo legal del gobierno de Puerto Rico examina ese lenguaje.

En una conferencia de prensa el miércoles, junto a grupos de la diáspora y colegas demócratas, el líder de la minoría del Senado, Charles Schumer (Nueva York), afirmó que las cosas hay que llamarlas por su nombre y que el presidente Trump ha tenido una actitud “discriminatoria y prejuiciada hacia la isla”.

Marxuach, por su parte, destacó que el Congreso nunca explicó por qué impuso los nuevos requisitos de la ley de junio pasado, que aplican a otros $304 millones en fondos CDBG-DR asignados para parear la inversión federal bajo ese programa.

Pero, Marxuach sostuvo que es un contrasentido impedir el desembolso de fondos de mitigación cuando la primera entrega de fondos CDBG-DR financia proyectos que implican relocalizar familias.

Para el secretario de la Vivienda de Puerto Rico, frente al trato discriminatorio hacia la isla está el hecho de que los procesos del programa CDBG-DR no están regulados por ley, lo que deja aún más discreción a HUD sobre cómo y cuándo distribuir esos fondos, que decidirán en gran medida cómo se financia en los próximos años la reconstrucción de la isla.

(Por José A. Delgado Robles)