Acuerdan histórico plebiscito en Chile para decidir si sustituyen la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet
A un mes del inicio de las protestas en el país, la coalición del gobierno de Sebastián Piñera y los sectores opositores proponen examinar la actual Carta Magna
Manifestantes participan de las protestas durante la conmemoración del primer aniversario del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Crédito: Orlando Barría | Efe
El Congreso de Chile alcanzó en la madrugada de este viernes un histórico acuerdo para decidir mediante un plebiscito si sustituye la actual Constitución, heredada de la oscura época de la dictadura militar que lideró el país entre 1973 y en 1990.
El anuncio de este pacto sigue a un mes de protestas sociales, que estallaron por una polémica alza del boleto del metro en la capital, Santiago, pero pronto se transformaron en un reclamo generalizado de cambios profundos en un país caracterizado por fuertes disparidades sociales.
Tras horas de intensas negociaciones, la coalición del gobierno del derechista Sebastián Piñera y los principales partidos de la oposición firmaron un “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución”, en el que se comprometieron a aprobar un llamado a plebiscito para modificar la Carta Magna actual.
La consulta a la ciudadanía se producirá en el mes de abril de 2020 y permitirá resolver dos preguntas: si se quiere o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debiera redactar esa nueva Constitución: una “comisión mixta constitucional”, una “convención constitucional” o Asamblea constituyente, según explicó el presidente del Senado chileno, Jaime Quintana.
La constitución en vigor en la actualidad fue aprobada tras un cuestionado plebiscito en 1980. Se describe como un conjunto de leyes fundamentales diseñado por la dictadura del general Augusto Pinochet como un traje a su medida para mantener su influencia y la de los sectores conservadores de Chile incluso tras el retorno de la democracia, en 1990.
Esta Carta Magna concedió al Estado un rol subsidiario en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización, y se ha convertido en el centro de las protestas sociales que vive el país desde el pasado 18 de octubre y que han dejado al menos 22 fallecidos.
La Constitución había tenido algunas modificaciones, pero jamás había prosperado ninguna iniciativa para cambiarla en casi 30 años de democracia.
Proceso constituyente
Si la iniciativa de sustitución de este documento prospera tras el plebiscito de abril, se abrirá un proceso constituyente en los meses siguientes. La elección de una “comisión mixta constitucional”, una “convención constitucional” o Asamblea constituyente se realizará en octubre de 2020, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal y se hará con voto voluntario.
La convención mixta constitucional, defendida por los partidos de la coalición de gobierno derechista, estaría integrada en partes iguales por miembros elegidos para este efecto y parlamentarios en ejercicio, mientras que en la “convención constitucional”, promovida por los partidos de la oposición, todos sus integrantes serían elegidos específicamente para esta ocasión.
El pacto alcanzado este viernes aspira a lograr la paz social tras cuatro semanas de convulsión e inicia el camino hacia la construcción de un nuevo modelo de país.
“Este acuerdo es un primer paso, pero un primer paso histórico y fundamental”, dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. “Estamos seguros de que nos permitirá reencontrarnos y construir un mejor país, un país más justo, más inclusivo y, lo más importante, un país más unido”, agregó.
El nuevo texto será redactado desde una “hoja en blanco”, sin tener como base la actual Constitución, como defendía parte del oficialismo para los casos en los que no se alcance el quorum de dos tercios que se estableció para aprobar todas aquellas normas y reglamentos que se quieran introducir.
El órgano constituyente tendrá un plazo de nueve meses para redactar la nueva Constitución, prorrogable una sola vez por tres meses más.
El ímpetu de las protestas
Ante un país que ardía por el ímpetu de las masivas protestas sociales, en algunos casos violentas, de una ciudadanía al límite de la paciencia respecto a la desigualdad en el país, el Gobierno primero sacó durante nueve días el ejército a las calles imponiendo un toque de queda en distintas ciudades.
Hubo varios días de manifestaciones multitudinarias, pero también fuertes disturbios, vandalismo, múltiples incendios y saqueos, con miles de heridos y detenidos y cientos de denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos recaídas sobre las fuerzas de seguridad.
Mientras tanto, la economía manifestaba el peligro de entrar en recesión en 2020 ante la disminución de la actividad y los daños sufridos por el comercio.
Después de más de una semana de altísima tensión, el presidente Piñeira apostó por un cambio de estrategia con la búsqueda de un “acuerdo por la paz”, culminado en el anuncio de este viernes. “Lo que partió con la evasión del metro, terminó con el inicio de un proceso constituyente, histórico e inédito que contará por primera vez con participación ciudadana”, escribió en Twitter, la periodista Lucía López.
(Editado por Francesco Rodella con información de AFP y EFE)
