Piden a la Asamblea estatal elevar hasta los 25 la edad de delincuencia juveniles

En medio de los planes de reforma al sistema de justicia en el estado de Nueva York, líderes comunitarios, abogados, activistas, exreclusos y hasta fiscales, solicitaron este martes que la Legislatura estatal impulse la eliminación de la revisión de antecedentes penales, a fin de que quienes salen de prisión puedan reintegrarse de manera rápida a la sociedad, sin sufrir el rechazo para acceder a empleo, vivienda y otras necesidades básicas.

La solicitud fue presentada a través de varios testimonios escuchados en una audiencia programada por los Comités de Códigos y Correccionales de la Asamblea estatal, en la cual también se pidió que se eleve a 25 años la edad para considerar a un recluso como delincuente juvenil, lo que actualmente termina a los 18.

“Ustedes saben que sellar los récords de condenas viejas tiene beneficios significativos, ya que los archivos de antecedentes penales pueden impedirle a un individuo la posibilidad de conseguir un empleo, ir a la escuela, tener una vivienda y acceder a otros servicios”, aseguró a los legisladores el fiscal de Brooklyn Eric González, quien ha promovido reformas en la justicia de su condado.

González agregó que permitir que empleadores u otras personas tengan acceso a esos récords del pasado de los reclusos, castiga de manera injusta a la población que sale de prisión y que intenta llevar una vida digna. “Incluso si esos individuos han demostrado estar llevando vidas apegadas a la ley y ser contribuidores de la sociedad, se ven afectados (…) el que una persona pague por sus delitos no debería significar que se le quite las posibilidades de tener empleo, estudio o un lugar donde vivir”.

Durante la audiencia, presidida por los asambleístas Joseph Lento y David Weprin, los políticos manifestaron que la Legislatura está comprometida en examinar la efectividad de las leyes actuales con respecto al sellado de antecedentes penales y explorar la expansión de esas iniciativas y el estatus de delincuente juvenil.

Los riesgos de la reincidencia

Jeffrey VanBuren, de la organización Legal Services of Central New York, quien estuvo seis años en prisión, explicó que no solo vivió en carne propia el rechazo de la sociedad al querer vincularse nuevamente a una vida normal, sino que agregó que a diferencia suya, la gran mayoría de ex reclusos que conoce, no han podido tener estabilidad social.

“Lo peor de todo cuando se sale de prisión es la falta de conseguir un empleo y eso contribuye a la reincidencia en prisión, porque cuando uno se presenta a un trabajo uno llega con un sello que es una marca que la sociedad impone para toda la vida”, dijo el especialista legal, destacando que ese estigma afecta mayormente a las comunidades pobres y de color. “Es urgente cambiar esa cultura de miedo que se ha creado alrededor de quienes salen de prisión y esa inestabilidad en sus vidas, pues se ha creado una exclusión irracional con la que deben cargar muchas personas”.

El defensor destacó la importancia de que se cierren los registros de antecedentes penales como principio básico para que quienes han estado en prisión puedan tener empleos.

“El 90% de los empleadores hacen revisión de antecedentes penales y sabemos que muchos no están cumpliendo con las protecciones que la ley ha dado contra la discriminación por condenas en prisión, por lo que urge cambiar eso”, dijo VanBuren, quien leyó una frase de uno de sus amigos exreclusos que describe la problemática que enfrentan en la calle.

“Uno no debería ser enviado dos veces a prisión por el mismo crimen. Pero en la realidad a nosotros nos mandan una vez a la cárcel cuando entramos y a una segunda cárcel cuando volvemos a casa y sufrimos todas estas consecuencias”, leyó el consultor.

En la audiencia también rindió testimonio un joven que aseguró haber estado en problemas con la justicia desde que era adolescente y aseguró a los legisladores que no se puede dejar por fuera de la categoría de delincuente juvenil a miles de jóvenes de entre 18 y 25 años que necesitan ayuda para encaminar sus vidas.

“Aunque mi récord fue sellado, la policía me seguía persiguiendo. No tenía sitio donde vivir y a los 19 años me volvieron a arrestar por vender droga. Yo sé que desde los 13 años he cometido muchos errores pero también sé que me han arrestado de manera errónea algunas veces y se necesita demasiada suerte para tener un empleo y una vivienda porque el pasado no permite que te den una segunda oportunidad”, dijo el joven de origen latino y afroamericano. “Y no solo soy yo. Muchos jóvenes de mi edad la pasamos muy mal cuando salimos de la cárcel, experimentamos momentos duros y traumas. Jamás volvemos a ser los mismos y puedo decirles que es hora de que dejemos de criminalizar a la gente por delitos menores y pido que eleven la edad de la categoría de ofensor juvenil hasta los 25 años, porque a esa edad muchos todavía actuamos como adolescentes”.

Julia Davids de la asociación Children Defense Fund también hizo el mismo llamado para elevar la edad de los delincuentes juveniles.
“Necesitamos trabajar más en la justicia y entender que los 18 años no son el fin del camino, esa edad es apenas el principio y debemos aumentar el estatus de ofensores juveniles hasta los 25 porque todavía a esa edad están en desarrollo mental y emocional”, dijo la activista, pidiendo a los legisladores que impulsen esa iniciativa en la próxima sesión del 2020.

“Ustedes están ante la oportunidad de mover a Nueva York como líder en este asunto. Estamos hablando de 100 mil jóvenes de menos de 25 años arrestados en un año, mayormente negros y latinos, que necesitan ayuda”, dijo la defensora. “Las condenas interfieren en sus vidas y dañan comunidades de color”.