Corte Suprema permite a Trump castigar a inmigrantes con “carga pública”

La Corte Suprema permitirá al gobierno del presidente Donald Trump avanzar con su plan de “carga pública”, a fin de evitar otorgar beneficios migratorios a extranjeros que hayan utilizado apoyos públicos, como Medicaid, cupones de alimentos y ayudas de asistencia para vivienda.

El máximo tribunal levantó una orden judicial a nivel nacional impuesta por un juez de distrito en Nueva York, lo que significa que la Administración Trump puede comenzar a aplicar los nuevos estándares, que según los activistas supondría una carga para los inmigrantes pobres.

La regla de “carga pública” establece nuevos criterios para determinar quién puede ser considerado dependiente del gobierno de los Estados Unidos y, por lo tanto, inviable a obtener la Residencia Permanente y otras visas.

El plan impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y que sería implementado por la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) evaluará a los inmigrantes de acuerdo a las ayudas en especie y monetarias que reciba, ya que si han utilizado algún apoyo durante 12 meses en un periodo de tres años, podría recibir evaluaciones negativas sobre sus peticiones de “green card”.

La agencia reportó que más de 380,000 personas estarían bajo escrutinio anualmente bajo esta regla, una de las más importantes para la Administración Trump. Otros factores negativos incluyen si una persona está desempleada, dejó la escuela secundaria o no habla inglés con fluidez.

Los jueces votaron 5-4 a favor de levantar la restricción judicial. La opinión del juez Neil Gorsuch –nombrado por el presidente Trump– fue rechazada por los jueces liberales Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.

Gorsuch relató el proceso en cortes que ha enfrentado la regla y los esfuerzos de la fiscalía de Nueva York, liderada por Letitia James, para detener el plan federal y destacó que los tribunales, incluidos los de Apelación, tomaron decisiones contradictorias, debido a posturas divergentes en mandatos de impacto nacional.

“Estoy de acuerdo con la decisión del Tribunal de emitir una suspensión (a la orden judicial). Pero yo espero, también, que en una coyuntura apropiada retomemos algunas de las cuestiones subyacentes… constitucionales planteadas por el aumento de los mandatos a nivel nacional”, acotó.

Ken Cuccinelli, director en funciones de USCIS y subsecretario en funciones del DHS, celebró la decisión.

“Obviamente, estamos felices de ver a la Corte Suprema intervenir como lo hicieron aquí”, dijo a The Hill. Cabe recordar que Cuccinelli fue el funcionario que impulsó la regla que se buscó aplicar a partir de octubre pasado, pero fue detenida por tribunales.

El abogado migratorio Allan Wernick –director del programa Citizenship Now! de la Universidad de New York– destacó que USCIS puede aplicar la regla en forma inmediata, pero el Departamento de Estado, que tiene una normativa similar, continuará con el proceso para integrar los comentarios públicos, antes de proceder con su aplicación en consulados.

Legal note: Below is correct and important. Also, no impact on citizenship applicants, green card replacement, I-751 removing condition from residence, nor on naturalized citizens. https://t.co/CmNj28tlU7

— Allan Wernick (@awernick) January 27, 2020

El fiscal general de California, Xavier Becerra, lamentó la decisión de los jueces al considerar que la regla afectará a todas las comunidades.

“Lastima a nuestros niños. Lastima a nuestras familias. Lastima a nuestras comunidades”, indicó Becerra. “Vamos a ser siempre una nación de inmigrantes – y vamos a continuar liderando para enfrentar los ataques de @realDonaldTrump a las familias trabajadoras”.

Mientras el presidente de Comité Demócrata Nacional, Tom Pérez, calificó de “repugnante” que la Corte Suprema apoyara una agenda que calificó como xenófoba.

“Es repugnante ver a la Corte Suprema de los Estados Unidos aprobar la agenda extrema, antiinmigrante y xenófoba de Trump”, afirmó. “Las elecciones tienen consecuencias. Y no se equivoquen, el futuro de la Corte Suprema está en juego en 2020”.

The public charge rule harms our children.

It harms our families.

It harms our communities.

We will always be a nation of immigrants — and we will continue to lean forward in the face of @realDonaldTrump’s heartless attacks on working families. #ProtectFamilies

— Xavier Becerra (@XavierBecerra) January 27, 2020

Cuando dieron a conocer la regla final, en agosto de 2019, las autoridades migratorias indicaron que la disposición permitirá importantes ahorros al erario.

“Dará como resultado una reducción en los pagos de transferencia del Gobierno federal a las personas que pueden optar por darse de baja o renunciar a la inscripción a un programa”, reconoció la Administración Trump, que estima ahorros de $2.47 mil millones de dólares anuales, cantidad que en 10 años sería de aproximadamente $21,000 millones de dólares considerando una tasa de descuento del tres por ciento, aunque la autoridad indica que no hay reducciones adicionales que no puede calcular.

La regla modifica regulaciones del DHS para determinar si un extranjero que solicita admisión al país o una “green card” es inadmisible en el país bajo la sección 212 (a) (4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés), bajo el argumento de que en cualquier momento se convierta en una carga pública.

“La regla final también aborda la autoridad del USCIS para emitir bonos de carga pública bajo la sección 213 de la Ley en el contexto de las solicitudes de ajuste de estado”, acota el documento.

Se solicitó una postura de USCIS sobre la aplicación de la regla, pero no ha dado respuesta hasta la publicación de este artículos.

Acusan severas afectaciones

Los abogados que lideraron la demanda de la organización “Make the Road New York” (“Se Hace Camino Nueva York”) contra Cuccinelli señalan que es una medida “temporal”, pero advierten severas afectaciones a las familias de inmigrantes, a quienes urgen a solicitar ayuda de expertos antes de asumir que serán afectados.

“Esta decisión perjudicará a las comunidades de inmigrantes”, dijo Javier Valdés, codirector ejecutivo de Make the Road New York. “Continuaremos nuestra lucha en los tribunales para detener esta política”.

Otros abogados afirmaron que continuarán los desafíos ante tribunales.

“La decisión de la corte de levantar el mandato judicial es muy decepcionante, pero nuestro desafío a la regla draconiana de carga pública todavía está avanzando”, aseguró Ghita Schwarz, abogada del Centro de Derechos Constitucionales.

Susan Welber, abogada de la Unidad de Reforma de la Ley de Práctica Civil de la Sociedad de Ayuda Legal, sugirió a los inmigrantes pedir asesoría antes de aplicar por beneficios ante USCIS.

“Es fundamental que los inmigrantes y sus familias que vayan a tomar decisiones sobre el uso de beneficios públicos consulten a abogados que entiendan la regla antes de suponer que aplica a sus casos”, advirtió.

Tres puntos clave

1. Los programas.- La autoridad divide en dos los beneficios: los monetizables, como cupones de comida (SNAP), apoyos de vivienda y asistencia de alquiler; y los no monetizables, como Medicaid, Parte de Medicare y vivienda subsidiada. Hay una larga lista de ayudas que se integran y afectarán a un inmigrante. Entre los programas que serán un problema están SNAP, Medicaid en casi todos sus casos, Asistencia de Vivienda bajo el Voucher de Elección de Vivienda (HCV), asistencia de alquiler basada en proyectos, y otras formas de vivienda subsidiada, SSI, TANF, asistencia general, entre otros.

2. Las excepciones.- Hay apoyos que los oficiales de USCIS no considerarán para evaluar a un inmigrante, como CHIP, el EITC y el impuesto sobre menores Crédito (CTC), Medicaid de emergencia, D-SNAP para recibir alimento durante desastres, SSDI que es para personas con discapacidad, ayudas durante emergencias (TEFAP), Head Star, que es una ayuda de alimentación para campesinos, programas estatales de ayuda no monetizables para grupos tribales, NSLP, que es apoyo para desayuno y/o lunch escolar, WIC, el programa de nutrición especial para madres y niños, entre otros.

3. A quiénes NO aplica.- Las autoridades migratorias deben seguir las leyes federales que impiden afectar “programas de inmigración con base humanitaria”. Por ello, la norma no aplicará a seis grupos: refugiados; asilados; peticionarios de Visa T, es decir, víctimas de trata protegidas; protegidos con Visa U, o sea víctimas del crimen protegidas bajo este permiso de estancia, considerado de no inmigrante; víctimas de violencia doméstica, bajo el programa VAWA, y los Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ, en inglés), es decir, aquellos menores que han sido maltratados o abandonados por sus padres y podrían recibir la Residencia Permanente.