La reforma al sistema de fianzas

A principios de este año, el Estado de Nueva York aprobó las críticamente necesarias leyes de reforma al sistema de fianzas y de detención preventiva, aplicables en la gran mayoría de los casos. Tuve el orgullo de apoyar esta legislación en el Senado Estatal, ayudando a abolir un sistema racista e injusto, basado en el dinero, que solo sirve para criminalizar la pobreza y desestabilizar a nuestras comunidades.

Cuando era adolescente, acompañaba a mi padre en sus viajes para visitar a los colombianos encarcelados en prisiones estatales, de otra manera, no tendrían ningún apoyo o compañía. Allí vi, de forma simple, el daño desmedido que sufren los afroamericanos, latinos y las comunidades inmigrantes de color a manos de nuestro sistema de justicia penal. Sabía que tenía que ayudar.

Hoy en día, personas a través del estado bajo detención preventiva han sido liberadas de manera segura, permitiéndoles reunirse con sus familias y ser testigos de momentos importantes, como el nacimiento de sus hijos, y regresar a sus trabajos a tiempo para poder cumplir con la renta y evitar quedarse sin techo. Esto significa un cambio real y positivo.

Si bien estas reformas han estado en efecto sólo por unas pocas semanas, los detractores ya se encuentran intentando desmantelar nuestro progreso. Usan casos rebuscados, que nada tienen que ver con la reforma de fianzas, para propagar miedos infundados, anotarse puntos políticos y hacer creer a los neoyorquinos que la libertad bajo fianza es la solución para mantener nuestras comunidades a salvo.

Pero, así como estos detractores afirman que se oponen a las reformas en nombre de la “seguridad”, el viejo sistema que buscan revivir fracasó completamente en cumplir esta meta. Encarcelar a nuestros amigos, familiares y vecinos es meramente punitivo y solo empeora las causas principales del crimen y la violencia.

Algunas de estas personas están proponiendo medidas que requieren que los jueces predigan la peligrosidad futura de un individuo – antes de haber sido declarado culpable de cualquier delito o que haya tenido un juicio justo – para encarcelarle preventivamente. Además de ser francamente imposibles de realizar, estas predicciones solo propiciarán la elaboración de perfiles delictivos y la codificación del racismo en la ley y tienen que ser prohibidas, como siempre lo han sido, en Nueva York.

La realidad es que quienes terminan en la cárcel son mayormente personas pobres, aquellos que sufren enfermedades mentales o desórdenes de abuso de sustancias controladas que no han sido tratados adecuadamente a causa de años de políticas fracasadas a nivel municipal, estatal y federal. Eliminar la libertad bajo fianza en efectivo es el primer paso para afrontar esta crisis de injusticia. Tenemos que continuar impulsando una agenda enérgica y progresista que encare estos problemas directamente.

Esta es, esencialmente, una historia acerca de la desigualdad de ingresos. Es intolerable que algunas personas de nuestro estado puedan comprar un apartamento de $85 millones, con tres automóviles y un chef privado mientras que otras personas no tienen suficiente ni para pagar la tarifa de $2.75 para utilizar el tren. (De todos modos, el transporte público debería ser gratuito.) En Albany, ya hemos comenzado a crear igualdad de condiciones por medio de legislación que fortaleció la regulación de alquileres y que limitó los incrementos a la renta mensual. En esta sesión legislativa tenemos que continuar proponiendo e impulsando nuevas medidas para reducir la desproporción de la riqueza como, por ejemplo, por medio de impuestos a las personas con los ingresos más altos.

Pero, la pobreza es sólo la mitad de la historia. Debido a que hemos fallado tanto en proveer cuidado universal de salud, tanto física como mental, y tratamiento para los desórdenes de abuso de sustancias que tantos en nuestras comunidades necesitan, estos individuos están considerablemente sobrerrepresentados en el sistema de justicia criminal. No es solo vergonzoso, es un completo desperdicio de recursos. Encarcelar a alguien que necesita tratamiento de salud mental o para combatir el abuso de sustancias resulta ser entre 60 a 100% más costoso, no provee acceso a tratamiento significativo y no nos acerca a la meta de mantener la seguridad de nuestras comunidades.

Albany tiene que seguir construyendo sobre la tan fundamental ley de reforma al sistema de fianzas por medio de inversiones con base comunitaria que verdaderamente apoyen a nuestras comunidades, no que las castiguen.

-Jessica Ramos es una senadora estatal de NY