El acceso al control de natalidad debe estar garantizado en medio de la pandemia de COVID-19
Fiscalía general del estado insta a las aseguradoras a cumplir la Ley de Cobertura Anticonceptiva Integral (CCCA) del estado de Nueva York
NUEVA YORK.– Tres compañías proveedoras de seguros de salud que se negaron a dar cobertura de anticonceptivos recibieron una advertencia por parte de la Fiscalía General del Estado, entidad que las llamó a cumplir con la Ley de Cobertura Anticonceptiva Integral (CCCA) del estado de Nueva York.
La fiscal general, Letitia James, exigió que las compañías de seguros de salud Aetna, MetroPlus Health y Oscar Health, brinden cobertura inmediata de suministros de anticonceptivos de conformidad con la CCCA. La funcionaria también recordó a otras aseguradoras que operan en el estado de Nueva York, que están obligadas a acatar la ley.
Una investigación llevada adelante por la Fiscalía General del Estado Nueva York, encontró que las citadas compañías proveedoras de seguros de salud, se negaban sistemáticamente a proporcionar cobertura. En cartas a estas tres compañías, la fiscal general James enfatizó la importancia de adherirse a esta ley, especialmente en medio de la pandemia de COVID-19, ya que muchos neoyorquinos pierden sus empleos, su cobertura de seguro de salud y necesitan limitar viajes innecesarios a farmacias.
“No hay nada más importante que proteger la atención médica de los neoyorquinos, incluida la atención reproductiva. Con más de un millón de neoyorquinos perdiendo sus empleos, y con él su seguro de salud, es sumamente importante que las mujeres puedan surtir sus recetas de control de la natalidad durante todo el tiempo permitido por la ley”, dijo la fiscal general.
La fiscalía general del estado recibió múltiples quejas de neoyorquinos, en el sentido de que estas compañías se negaron a proporcionar a los pacientes suministros para 12 meses cuando se les solicitó y que los representantes no sabían que esto era necesario.
Además de garantizar el acceso a suministros para 12 meses, la CCCA, que entró en vigencia el 1 de enero de 2020, exige que los planes de salud cubran todas las formas de anticoncepción sin deducible, copago o cualquier otro requisito de costo compartido, asegura el acceso a anticoncepción de emergencia, y prohíbe cualquier restricción o retraso en la cobertura, como las autorizaciones previas.
“En este momento de incertidumbre social y económica sin precedentes, es particularmente importante que nada se interponga en el acceso al control de la natalidad”, dijo Jenna Bimbi, directora ejecutiva del Proyecto de acceso al control de la natalidad de Nueva York.
La senadora estatal Julia Salazar ratificó que, durante esta crisis, es crucial que todas las compañías de seguros de salud que operan en el estado de Nueva York cumplan con la CCCA.
“La atención de la salud reproductiva es un derecho de todas las personas, y cualquier persona que lo necesite debe tener acceso a servicios asequibles anticoncepción. Es una cuestión de salud pública y seguridad que cada plan de seguro cubra un suministro de anticonceptivos para 12 meses a los pacientes que se lo recetan”, agregó Salazar.
El asambleísta estatal Kevin Cahill dijo que la Ley de Cobertura Anticonceptiva Integral codificó la Ley Federal existente que exige que los 18 tipos de anticonceptivos aprobados estén disponibles y cubiertos por las pólizas de seguro. sin honorarios adicionales.
“Nos ha llamado la atención que incluso con esta fuerte declaración de la legislatura, el incumplimiento continúa y nuevamente es necesario exigir la adhesión de todos los neoyorquinos. La fiscal general Letitia James toma muy en serio su papel para hacer cumplir nuestras leyes”, agregó el asambleísta.
Apoyo a demanda colectiva
La semana pasada, la fiscal general encabezó una coalición de varios estados al presentar un informe en el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito que apoya a los demandantes en Southwind Women’s Center LLC v. Stitt, mientras luchan por preservar el acceso a la atención de salud reproductiva para las mujeres en todo el estado de Oklahoma y trabaja para evitar que el estado prohíba casi todos los abortos en el estado, utilizando la crisis de salud pública COVID-19 como excusa.