En plena crisis de coronavirus, entra en vigor Ley de Amnistía en México que liberará a 6,000 presos
Los beneficiarios serán quienes hayan cometido delitos menores o pertenezcan a grupos vulnerables al COVID-19
Ricardo Crespo, acusado de abusar sexualmente de su hija. Crédito: Archivo | EFE/Archivo
MÉXICO – Tras ser aprobada el pasado lunes, la Ley de Amnistía, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, entra en vigor este jueves, que tiene el objetivo de liberar alrededor de 6,000 presos por delitos menores y personas vulnerables al coronavirus.
El miércoles fue publicada la Ley de Amnistía en el Diario Oficial de la Federación, luego que fuera aprobada por el Senado de la República, que pretende indultar a reos que hayan cometido delitos leves, como aborto, narcomenudeo o bien que pertenezcan a grupos vulnerables al COVID-19.
Aunque la iniciativa fue enviada antes de que se registrara la pandemia del coronavirus, las personas que pertenezcan a grupos vulnerables al COVID-19 también serán beneficiadas por la ley.
Con La Ley de Amnistía se pretende liberar a unas 6,000 personas condenadas o en prisión preventiva por delitos menores como aborto, pequeños robos o posesión de drogas.
La amnistía, una de las grandes promesas del presidente López Obrador durante su campaña electoral beneficiará a presos del orden federal por delitos como el aborto y también al personal médico o familiares que participaron en la interrupción del embarazo con el consentimiento de la madre.
Asimismo presos por tráfico de drogas bajo situación de pobreza, una discapacidad permanente o que hayan sido obligados por grupos del crimen organizado y a personas, que sin fines de venta, hayan tenido posesión del doble de la cantidad permitida de narcóticos.
La Ley de Amnistía también beneficiará a los indígenas, que durante un proceso judicial no contaron con intérpretes o abogados que conocieran su lengua y su cultura.
La Ley indica que podrán recibir amnistía aquellas personas procesadas o condenadas por el delito de robo simple en caso de que este fuera sin violencia y liberar a quienes cometieron una sedición para alterar la vida institucional de México por motivos políticos, siempre que no cometieran terrorismo.
El documento señala que el Poder Ejecutivo deberá expedir dentro de 60 días hábiles un acuerdo para crear la Comisión que determinará la procedencia del beneficio y someterá su calificación a un juez federal para ordenar su liberación o pedir a la Fiscalía el desestimiento de la acción penal.
Amnistía Internacional (AI) consideró esta ley como un “acto publicitario y simbólico” y dijo creer que es insuficiente para “despresurizar” las prisiones del país ante la pandemia del COVID-19.
“Es un acto publicitario y simbólico pero con efectos muy precarios y de corto alcance en un contexto de pandemia”, dijo Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, en entrevista con Efe.
En México hay 19 prisiones federales de alta seguridad con cerca de 17,000 reclusos y 309 penales estatales con unos 176,000 encarcelados.
