La polémica ley de Arizona que facilita deportaciones por una simple infracción de tráfico

Hace 10 años se promulgó en Arizona una ley que todavía hoy sigue separando a miles de familias indocumentadas, a pesar de que las políticas migratorias son una competencia federal. La normativa estatal permite desde entonces exponer a la deportación a personas que solo hayan cometido una infracción de tráfico.

Promulgada en 2010 por la entonces gobernadora Jan Brewer, gran parte de la ley fue dejada sin efecto por la Corte Suprema salvo su apartado más polémico, la sección 2 (b), conocida como “muéstrame tus papeles” y que sigue vigente hasta hoy.

Esta sección concede a las dependencias policiales el derecho a cuestionar el estatus migratorio de las personas que detiene incluso en una parada de tráfico si sospecha son indocumentados. La falta de una licencia de conducir puede ser el principal motivo para la duda.

Arizona fue uno de los primeros estados en requerir prueba de ciudadanía o residencia legal para emitir una licencia de conducir.

“Diez años después siguen las deportaciones bajo la SB1070, personas que llevan años viviendo en este estado y que de pronto son detenidas por la policía y entregadas a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”, dijo a Efe Petra Falcón, directora ejecutiva del grupo Promesa Arizona.

Falcón aludió a la cooperación existente entre ICE y varios departamentos policiacos e inmigración.

De acuerdo al Centro de Investigación Pew, en 2007, es decir tres años antes de que se implementara la SB1070, en Arizona vivían aproximadamente 500,000 indocumentados. En 2017, esa cifra se había reducido a 275,000.

Falcón considera que este declive de la población indocumentada en el estado se debe a varios factores, entre ellos la crisis de 2088 y que redujo el número de empleos disponibles en sectores como la construcción.

Pero sin duda, resaltó, la SB1070 fue un factor importante, ya que tras ser promulgada el 23 de abril de 2010 muchas familias indocumentadas se mudaron a otros estados “más amigables”, y los que se quedaron viven con el riesgo de ser detenidos cuando salen a trabajar, hacer sus compras o llevar a los hijos a la escuela.

Cifras de la Policía de Phoenix muestran que entre julio de 2017 y diciembre de 2019 agentes de esta dependencia contactaron en 6,169 ocasiones a ICE para que verificaran el estatus migratorio de un detenido. En 61% de estos casos se determinó que la persona estaba como ilegal en el país.

Alessandra Navidad, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Arizona, dijo a Efe que el principal problema que aun existe con la SB1070 son las diferentes interpretaciones de parte de cada departamento policiaco.

“Aun hoy en día seguimos recibiendo llamadas de personas que estaban manejando y los detuvieron, y por no tener una licencia la policía los entregó a Inmigración”, dijo.

En su opinión, la ley fue escrita de una manera que da pie a interpretaciones varias y no hay una consistencia a la hora de ser aplicada, ni en el entrenamiento que reciben los oficiales.

“Sabemos que hay departamentos que están prolongando las paradas simplemente para esperar a inmigración a pesar de que esto va en contra de la determinación de la corte”, dijo Navidad, quien agregó que las paradas de tráfico que deben durar 15 minutos se pueden alargar a una hora.

Indicó que es muy difícil comprobar o demostrar que esto está pasando, ya que la mayoría de los departamentos policiacos no llevan un récord detallado sobre estas detenciones.

En los últimos años, ACLU ha trabajado muy de cerca con varios departamentos policiales para establecer pautas sobre la aplicación de la SB1070. En todo el estado las dependencias policiales se han comprometido a que ningún testigo o víctima de un crimen sea cuestionado sobre su estatus migratorio.

A través de la cortes judiciales, ACLU de Arizona ha solicitado información detallada sobre las detenciones hechas en el marco de la polémica norma, y en concreto buscan saber cuánto tiempo duran las detenciones de tráfico y la nacionalidad o grupo étnico de los detenidos.

Carlos Romo, un inmigrante mexicano vivió en carne propia esta experiencia. Llevaba 14 años viviendo en Mesa cuando fue detenido por una patrulla del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Arizona sobre la Interestatal-10 el pasado mes de marzo mientras se dirigía a su trabajo.

“Solo pude ver las luces que se prendieron atrás de mi carro, sabía que estaba en problemas, la mente se me puso en blanco”, relató a Efe Romo en entrevista telefónica.

Indicó que cuando le dijo al agente que no tenía licencia de conducir, le dijeron que esperara en el auto, calcula que media hora después un agente de ICE estaba en el lugar pidiendo ver sus papeles de inmigración.

Así comenzó un proceso que acabó con su deportación a México una semana después, y su esposa e hijos se quedaron solos en Arizona. Con la pandemia del COVID-19 decidieron que por el momento su familia se quedara aquí por seguridad para los menores.

Diez años después, los legisladores estatales hispanos cada año siguen presentando una iniciativa estatal para revocar esta legislación, sin éxito en una legislatura estatal dominada por el Partido Republicano, con 31 legisladores frente a 29 demócratas.

Sus esperanzas están puestas en las elecciones de noviembre, y en que los demócratas logren el control de la Cámara de Representantes.