En estos meses de crisis de salud por el COVID-19 y la que se anticipa como una prolongada crisis económica se están pensando y poniendo muchas nuevas ideas en práctica para dar un impulso a los negocios más vulnerables. Y también se están desempolvando otras que llevan años aparcadas por la falta de acuerdo concreto.

Este es el caso del Small Business Jobs Survival Act (SBJSA), una propuesta que el concejal Ydanis Rodríguez quiere volver a poner en la agenda para su aprobación con una modificación que dé lugar a un mayor consenso. El cambio contempla que la ley no se aplique en toda la ciudad sino solo al norte de la calle 96 en Manhattan y los cuatro condados restantes (Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island).

La ley establece un derecho a la renovación del alquiler de un negocio y que este sea de un mínimo de 10 años para inquilinos que estén al corriente de los pagos. El SBJSA, que se ha criticado por sus detractores por considerarse casi un control de rentas comerciales, establece una arbitrio vinculante en el caso de los incrementos de las rentas y que no solo se aplique a los comercios con entrada y salida a la calle sino también a pequeños negocios como oficinas de abogados o médicos, por ejemplo.

Al sector de los bienes raíces, a los caseros, nunca les ha gustado esta ley y la han luchado desde hace años. “Estamos proponiendo un compromiso”, explicaba el concejal el viernes en conversación con El Diario. “La mayoría de los pies cuadrados con mayores rentas están en el área que sacamos de la aplicación de esta ley”, explicaba.

Rodríguez contaba que este proyecto de ley que tiene el apoyo de 29 concejales, “es una herramienta para prevenir el efecto de la crisis económica sobre negocios sobre todo de inmigrantes y latinos que no han recibido ninguna ayuda financiera”.

El concejal explicaba que la mayoría de las ayudas de Washington se han dirigido a negocios medianos y apenas ha llegado a pequeños empresarios, muchos de ellos inmigrantes, que son responsables del 70% del empleo de la ciudad.

Quienes defienden la ley, incluido el concejal Rodríguez, dicen que así se acaba con la práctica de pagar dinero al casero para negociar la extensión de un alquiler.

Rodríguez dice que ha estado hablando de esta propuesta con el presidente del concejo, Corey Johnson, y que dadas las circunstancias, citando al Hamlet de William Shakespeare,  este es un caso que define el  “to be or not to be” (ser o no ser) de los pequeños negocios.

El presidente de United Bodegas of America, Radhamés Rodríguez explicaba que la aprobación de esta ley les puede ayudar bastante porque la mayor parte de los alquileres que se hacen son por cinco años y con ese tiempo apenas se puede amortizar una inversión que normalmente se hace con deuda. Dado que los empresarios no tienen las mejores puntuaciones crediticias los intereses suelen ser muy caros, con tasas muy altas.

Rodríguez, dice que alquileres de 10 años son mucho mejores que de cinco y explica que los supermercados los tienen de 25 años en muchos casos. que sale muy cara a los empresarios

Francisco Marte, presidente de Bodega and Small Business Association of New York apoya esta ley para evitar que los bodegueros, “que están haciendo trabajos esenciales y que desde los años setenta y ochenta abrieron en lugares con altos índices de criminalidad”, pierdan sus negocios. “Evitaría que fuéramos removidos y que pudiéramos continuar sin que venga una franquicia”, explica.

Luis Tejada, líder de la asociación dominicana Hermanas Mirabal, ponía el viernes los números a las consecuencias de no obtener ayudas y mejoras en la situación. El 68% de los negocios de los inmigrantes van a estar afectados sin esta ley, explicaba y el 30% o 35% no podrán abrir tras la crisis.

Tejada cree que el 70% de los negocios que abran lo harán con menos empleados y calcula que en la comunidad inmigrante pueda perder un total de 320,000 empleos que se concrete a su vez en una crisis de desalojos por imposibilidad de pagar las rentas de sus casas.

Problemas con la máscara

Los bodegueros son esenciales y su trabajo ha costado la vida a algunos de ellos en la ciudad además de haber aumentado el riesgo para sus familias. Ahora, igual que el resto de negocios están pidiendo que los clientes se pongan la máscara para entrar pero según presidente de United Bodegas of America, Radhamés Rodríguez, hay gente que no quiere hacerlo y se han registrado ya situaciones tensas por ello.

“Los letreros están por todas partes y la gente dentro de la tienda se queja pero hay quien no se la pone y esto es muy difícil para todos”, se queja Rordríguez.