EE.UU. destina $252 millones a Centroamérica, pero enfrenta desafíos con gobiernos

El Gobierno de los EE.UU. refuerza sus acciones para intentar detener la inmigración de indocumentados desde Centroamérica, pero la inversión de $252 millones anunciada la semana pasada enfrenta desafíos, incluso relacionados con los liderazgos en las naciones del Triángulo Norte.

Aunque el Gobierno del presidente Donald Trump intenta desmarcarse de algunos escenarios, no hay problema que parezca menor en la región, como el llamado “narcogobierno” en Honduras; la batalla por la separación de poderes en El Salvador, así como desaparecer las dudas en Guatemala de que la Administración estadounidense no es un verdadero aliado, tras críticas del mandatario Alejandro Giammattei.

“Cuando yo hablo de cooperación he dicho que nuestra cooperación no va con una sola persona, va con todo un gobierno, va también con el pueblo, como decía, va con el sector privado”, indica Jon Piechowski, subsecretario Adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, cuestionado sobre el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien presuntamente fue sobornado por el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Durante el juicio a su hermano Tony Hernández, cuya sentencia en el Distrito Sur de Nueva York fue pospuesta para septiembre, el mandatario hondureño fue señalado por el asistente del fiscal Jason A. Richman como parte de la red de narcotráfico.

Sin mencionar al presidente Hernández, el subsecretario Piechowski reconoció el daño que ocasiona el crimen organizado al estado de derecho.

“Claro que queremos trabajar con gobierno y con socios que cooperen al establecimiento y mantenimiento del estado de derecho y vemos en todos los casos que el narcotráfico… (que) esas organizaciones atentan contra el estado de derecho”, indicó el funcionario en español.

La millonaria inversión de EE.UU. en el Triángulo Norte forma parte del plan América Crece, lanzado el 17 de diciembre de 2019 en alianza con ocho países: Panamá, Chile, Jamaica, Argentina, Colombia, El Salvador, Ecuador, Brasil y Guatemala.

“Procuramos promover sociedades con mayor seguridad, resiliencia y prosperidad”, defendió Piechowski en entrevista. “Nuestras acciones incluyen prestar apoyo en cuestiones de aplicación de la ley, estado de derecho y contribuir a sector privado más sólido”.

Los conflictos de esos países cruzan diversas áreas, como en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele, ha sido cuestionado por la violación de los derechos humanos en su plan contra pandillas como MS-13 y Barrio 18, así como violación a la separación de poderes, tras su presión a representantes al ingresar al Congreso con miembros del Ejército. La Corte Suprema de Justicia de ese país tuvo que marcar una línea al mandatario, quien al final acató la orden.

“Nuestra cooperación de seguridad ocurre en el marco del respeto a los derechos humanos, respetar también las instituciones y el estado de derecho, es fundamental”, reconoció Piechowski. “Nuestra ayuda va bajo esas condiciones –y los gobierno tienen que cumplir– nosotros siempre ponemos atención a cómo los cuerpos de Policía desempeñen su trabajo y a la vez que respeten los derechos humanos”.

En mayo pasado, el presidente guatemalteco Alejandro Giammatei cuestionó la deportación de inmigrantes contagiados de coronavirus.

“Eso de aliados con Estados Unidos no es cierto. Guatemala es aliado de los Estados Unidos, Estados Unidos no es aliado de Guatemala”, reclamó Giammattei en una entrevista con el Centro de Latinoamérica del Atlantic Council.

El Piechowski hizo a un lado la polémica del mandatario centroamericano, pero reafirmó a EE.UU. como socio de Guatemala.

“Yo díria que Estados Unidos es un socio de Guatemala, yo creo que somos buenos socios, los esfuerzos y acciones que acabo de escribir son una muestra del tipo de cooperación que promovemos”, defendió.

Aseguró que tras el reporte de deportaciones de inmigrantes con COVID-19, el Departamento de Seguridad Nacional tomó cartas en el asunto para que “no causen problemas para los países”, en medio del plan de la Administración Trump de expulsar en forma acelerada a los indocumentados durante la pandemia.

¿Esfuerzos separados?

El objetivo del Gobierno de EE.UU en Centroamérica es detener la inmigración de indocumentados, un fenómeno que aumentó en 2018 con las “caravanas migrantes”, un reto que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha reconocido y asumido con el Plan de Desarrollo que tuvo un primer paso en El Salvador.

Aunque a finales de 2018 la Administración Trump se había comprometido a participar en ese proyecto, sus esfuerzos van enfocados en paralelo, algo que el subsecretario Piechowski defiende.

“Hemos cooperado estrechamente escuchando los distintos planes que hay… intentamos que nuestra ayuda contribuya a un plan, que no vaya a un destino sin que esté coordinada con los demás esfuerzos ahí”, aseguró el funcionario estadounidense y defendió el plan América Crece que permite coordinar la inversión del sector privado en las industrias energética y de infraestructura.

La Administración Trump, sin embargo, no dio detalle de cómo se distribuirán los $252 millones de dólares en proyectos específicos.

El reto de las caravanas

La inversión de EE.UU. surge en medio de una nueva caravana de inmigrantes de países del Triángulo Norte que esta semana cruzarán México camino al norte.
El subsecretario Piechowski afirma que los recientes esfuerzos “no son respuesta” a ninguna movilización migratoria de ese tipo, pero que los efectos de la inversión ayudarían a detenerlas.

“Creo que estamos tratando los factores que, a largo plazo, contribuyen a la decisión de algunas personas de emprender ese viaje… de entrar ilegalmente a EE.UU.”, señaló. “No estamos respondiendo a ninguna viajero específico ni a una caravana”.

Recordó que el incremento de la seguridad fronteriza, especialmente durante la pandemia por coronavirus, impedirá el paso de los inmigrantes.

“Hemos aumentado la seguridad fronteriza, hemos también –con nuestros socios en la región– forjado una política de mayor seguridad fronteriza, de mayor esfuerzo contra la inmigración ilegal, irregular, y estos esfuerzos han hecho que el viaje sea más arriesgado, sea más infructuoso”, apuntó.

El Gobierno del mexicano López Obrador ha sido señalado como clave en la reducción y detención de inmigrantes, al grado que es considerado el “verdadero muro”. Las acciones han sido reconocidas por el presidente Trump.

“México ha sido un socio muy responsable, manteniendo seguridad en sus fronteras, que es un ingrediente muy importante”, apuntó Piechowski.