Nueva demanda contra política migratoria de Trump que solo permitiría residencia “a los más ricos”

Un grupo de solicitantes de la residencia permanente y defensores de los inmigrantes presentaron una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump y la regla de “carga pública“, alegando que los nuevos requerimientos solo permitiría a los “más ricos” acceder a la “tarjeta verde”.

La queja presentada ante una corte del Distrito de Columbia argumenta que la controvertida guía “contiene un conjunto complejo y contradictorio de políticas diseñadas para evitar ilegal y arbitrariamente que todos los inmigrantes, excepto los más ricos, se conviertan en residentes legales permanentes”.

Abogados del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y el bufete Jenner & Block LLP y Morgan Lewis & Bockius LLP advierten que se imponen cargas y costos arbitrarios adicionales sin precedentes, agregando nuevos requisitos probatorios a través de la “declaración de autosuficiencia” del formulario I-944.

“Algunas de las montañas de información requeridas son irrelevantes para la investigación de la carga pública y parecen diseñadas para disuadir a los solicitantes de presentar una solicitud“, aseguran en un comunicado abogados de AILA.

A la luz de la nueva reglamentación, que comenzó a aplicarse en febrero pasado, un inmigrante legal será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos” durante más de 12 meses en un periodo de tres años. Pero este concepto también se tendrá en cuenta para determinar quiénes podrían llegar a necesitar en el futuro algún tipo de asistencia.

Este es el caso de la salvadoreña Rosa Ramírez Flores, de 67 años, amparada por el Estatus de Protección Permanente (TPS), que está tratando de obtener su residencia permanente a través de su hijo Milton Aristedes Valladares Ramírez, un ciudadano estadounidense.

La inmigrante, que vive en Estados Unidos desde 1994, nunca ha recibido beneficios públicos, excepto por la recepción de servicios de salud financiados por el estado a través del programa Medi-Cal de California.

La demanda advierte que el manual de políticas de “carga pública” hace que sea más difícil para esta inmigrante establecer su admisibilidad al elevar el estándar de prueba y erigiendo cargas probatorias adicionales al contar contra ella el mero hecho de su solicitud.

“La Administración adoptó una regulación discriminatoria y terrible que promulgó con la intención de evitar que los inmigrantes se conviertan en titulares de la tarjeta verde y, finalmente, ciudadanos”, subrayó Jesse Bless, directora de litigios federales de AILA.