Jueces migratorios le ganan batalla a Trump
Las cortes migratorias enfrentaron serios problemas para sindicalizarse
Más de 18,300 indocumentados del estado necesitan asistencia legal. Crédito: John Moore/Getty Images
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) ganó una batalla contra el Gobierno del presidente Donald Trump, después de que autoridades laborales rechazaran el intento de la Administración de despojar a los magistrados de su derecho de sindicalizarse.
En su decisión la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA), una agencia independiente que regula las relaciones laborales entre el Gobierno federal y sus empleados, rechazó una petición del Departamento de Justicia (DOJ) hecha en agosto del año pasado para quitar la certificación a NAIJ.
DOJ argumentó que NAIJ no es un sindicato válido porque los jueces de inmigración son “gerentes” que no pueden formar sindicatos bajo el estatuto del Servicio Federal de Relaciones Laborales y de Administración. Citó una serie de “desarrollos legales y de hechos” que, según dice, han agregado peso administrativo a la autoridad de los jueces que no les permitiría sindicalizarse.
Varios congresistas demócratas habían urgido al Gobierno de Trump a poner fin a su solicitud. En una carta enviada en octubre pasado firmada por 80 demócratas, los legisladores subrayaban que los jueces de inmigración estaban clasificados como abogados del Gobierno al estar bajo el mando del DOJ, pese a servir en su capacidad judicial, lo que “los deja particularmente vulnerables a la presión política y al Poder Ejecutivo”.
“NAIJ sirve como una voz independiente y crítica para los jueces de inmigración, quienes de otra manera enfrentan discrecionalidad y autoridad limitadas cuando deciden casos. Esta Administración ha hecho todo lo posible para limitar la independencia de los jueces de inmigración”, advertía la misiva.
La pandemia del coronavirus habría aumentado las fricciones entre el sindicato y el Gobierno. En marzo pasado, la presidenta de NAIJ, Ashley Tabaddor, advirtió en una carta que el DOJ casi no ha ofrecido orientación y recursos para ayudar a los jueces y al personal a prepararse para el nuevo virus.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, NAIJ dijo: “Ganamos nuestra batalla para mantener nuestra unión por ahora”. No obstante, advirtió que habrá “más batallas por delante”.
El pasado 1 de julio el sindicato demandó al DOJ por una política que impone restricciones a los jueces que desean hablar o escribir en su capacidad personal sobre asuntos relevantes para su trabajo.
La demanda alega que las restricciones de discurso contra los jueces de inmigración equivalen a violaciones de la Primera y la Quinta Enmiendas de la Constitución y le pide al tribunal que imponga una orden judicial preliminar que bloquee la política.
La queja legal marca el último enfrentamiento entre la Administración Trump y la NAIJ, que representa aproximadamente 460 jueces de inmigración.
Las cortes de inmigración mantienen una gran acumulación de casos, situación agudizada por la pandemia de COVID-19.
Según el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, a junio de 2020 había 1.2 millones de casos en espera de ser definidos en las cortes de inmigración.
