Administrador de prisiones de ICE quiere que inmigrantes ¡paguen por su detención!
Esto raya en lo inaudito
El sheriff angelino asegura tratar de limitar su colaboración con ICE. Crédito: John Moore | Getty Images
La organización Southern Poverty Law Center (SPLC) y Project South presentaron una moción para desestimar una contrademanda de CoreCivic, el mayor operador de centros de detención de inmigrantes en el país que trabaja con Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en su batalla legal para detener el trabajo forzoso en una prisión de Georgia.
“La desvergonzada contrademanda de CoreCivic demuestra que la corporación prioriza engordar sus propios bolsillos antes que cuidar a las personas que detiene”, manifestó el abogado CJ Sandley, del Immigrant Justice Project de SPLC, en una declaración divulgada este viernes a la prensa.
De acuerdo con SPLC, que presentó una demanda contra CoreCivic en 2018 en nombre de los inmigrantes recluidos en el Centro de Detención Stewart, en Georgia, esta corporación alegó en su moción que si los presos ganan su caso, le deberán el costo de su detención.
“La contrademanda ofrece una ventana de cómo la empresa ve a Stewart, que ya tiene la reputación de ser un lugar miserable, de ser ante todo una oportunidad para generar el máximo beneficio”, sostuvo Sandley.
El Centro de Detención de Stewart, ubicado en la pequeña localidad Lumpkin, en el suroeste de Georgia y a unas 140 millas de Atlanta, es una de las mayores prisiones de inmigrantes indocumentados del país, con una capacidad para casi 1,800 reclusos, y, al igual que muchas otras en el resto del país, es administrada por CoreCivic.
“Nosotros presentamos la demanda hace unos años en nombre de los inmigrantes del Centro de Detención de Stewart porque los obligan a trabajar por sueldos mínimos de uno a cuatro dólares al día, por trabajos como limpiar la cocina, los baños, y si se rehúsan los ponen en confinamiento o los privan de algunas necesidades básicas”, declaró Azadeh Shahshahani, directora legal de Project South.
Shahshahani agregó que “la catástrofe de derechos humanos en Stewart exige que reinventemos nuestro injusto sistema de inmigración” porque las corporaciones privadas “impulsadas por sus resultados financieros no tienen cabida” en la vida de estos inmigrantes.
