PUERTO RICO – Ante el fracaso de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y de los comisionados electorales del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD) en producir un remedio avalado por los candidatos en primarias, será el Tribunal Supremo el que determine el futuro del proceso de primarias iniciado el domingo.

El máximo foro judicial acogió las solicitudes de certificación intrajurisdiccional presentadas por el aspirante PNP a la gobernación, Pedro Pierluisi, y por el aspirante popular Eduardo Bhatia para que ese tribunal revise la determinación de los comisionados y de la CEE de paralizar el domingo las votaciones en más de la mitad de los precintos del país y de detener el conteo de los votos emitidos.

Además, el Supremo motu proprio certificó ayer otras dos demandas relacionadas al proceso de primarias radicadas en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) por el otro aspirante a la gobernación del PPD, Carlos Delgado Altieri, y de la electora Carmen Damaris Quiñones, quien es representada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

Inicialmente, el Tribunal ya consolidó las revisiones electorales de Pierluisi y Bhatia y ordenó al TPI paralizar las revisiones presentadas en ese foro sobre estas controversia de primarias.

La rama judicial tendrá que buscar un remedio ante la insatisfacción que dejó en el país y entre los 308 aspirantes a puestos electivos la cadena de errores administrativos que desembocaron en la suspensión de la primaria, un evento sin precedente en Puerto Rico.

Falta de papeletas y taponamiento de camiones

El domingo se amaneció con quejas provenientes de todas partes de la isla porque los materiales electorales no llegaron a sus destinos, mientras los medios de comunicación mostraban un tapón de camiones en las instalaciones de trabajo de la CEE.

Al mismo tiempo se denunció la escasez de papeletas de resguardo y la falta de experiencia de mucha gente al mando luego de una Reforma Electoral aprobada por la gobernadora y aspirante del PNP, Wanda Vázquez, a solo dos meses de las primarias, que eliminó a gran parte del brazo operacional experimentado de la CEE.

Ante el desmadre procesal, los comisionados electorales y el presidente de la CEE, Juan E. Dávila determinaron posponer para el próximo domingo, las votaciones en aquellos precintos en los que en horas de la tarde no habían recibido los materiales de votación. Se permitió la continuación del proceso en los centros que ya estaban en votación, pero se prohibió contar y divulgar los resultados electorales.

Los recursos judiciales presentados por los tres aspirantes a candidaturas a la gobernación solicitan que se declare nulo el acuerdo de los comisionados electorales, se ordene la reanudación de las primarias y la publicación de los resultados de las votaciones realizadas el domingo.

“El Código Electoral no dispone específicamente para resolver una controversia como estas sobre posposición de fechas de primarias o de continuarlas en una fecha posterior”, señaló el profesor de derecho constitucional Carlos Ramos, quien explicó que el Código, sin embargo, establece que no se puede impedir, interrumpir o dilatar una votación en una fecha dispuesta por ley a menos que el Tribunal Supremo plantee que hay una inconstitucionalidad o se ha violado algún “derecho civil”.

Tanto a Ramos como a la también profesora de derecho constitucional Yanira Reyes les pareció razonable que el Supremo certificara los casos ante lo controvertible del asunto bajo consideración y la urgencia de un remedio.

“La certificación presupone que lo que se eleva al Tribunal Supremo es exclusivamente una cuestión de derecho y que no hay hechos en controversia”, dijo Ramos.

Alegaciones de las demandas

Pierluisi, Bhatia y Delgado acuden al tribunal como aspirantes en primarias que plantean que el acuerdo avalado por la CEE, viola el Código Electoral y la Resolución Conjunta que autorizó la celebración de primarias el 9 de agosto.

Mientras que Quiñones lo hace como una electora que fue privada de su derecho constitucional a votar.

“La ACLU lo que está solicitando es que se declare nulo, inconstitucional, el acuerdo mediante el cual se determinó suspender las primarias ayer”, explicó Reyes. “Ellos plantean que se tenía que continuar el proceso. Está un poco relacionado a lo que dice Pierluisi, pero fíjate que Pierluisi lo que reclama es que se procese el conteo de los votos”, abundó la profesora que fue entrevistada por este diario antes de que bajaran las resoluciones del Supremo sobre los otros casos en esta controversia.

La representada por la ACLU pide que se continúe inmediatamente las primarias y que, de lo contrario, se comience el proceso desde cero el domingo 16, que es la fecha propuesta por la CEE.

“Eso está relacionado a una falta de confianza que se tiene sobre el proceso de custodia de los votos que se emitieron ayer y eso también es parte de lo que pide Pierluisi”, dijo la profesora.

A juicio de Reyes “ante el caos que sucedió, toda persona que tuviera algún interés en el proceso electoral tiene un argumento sólido que plantear”.

“De la misma forma pienso que ningún remedio va a ser suficientemente bueno. Ya el daño está hecho y realmente, resolver el daño que se hizo ayer va a ser sumamente difícil”, agregó.

Mientras que para el profesor Ramos estará por verse si “el Tribunal Supremo es capaz de, en las próximas horas, ofrecer un remedio que sea acogido por el país, tal como acogió el pleito de Rivera Schatz vs. Pierluisi”, en referencia a la determinación de ese Tribunal de declarar inconstitucional la toma de posesión de Pierluisi tras la salida de La Fortaleza de Ricardo Rosselló.

Mientras que el excomisionado electoral del PPD, Eudaldo Baez Galib, opinó que no se debe tomar ninguna determinación respecto al proceso de votación hasta tanto el Supremo emita su decisión.

“Lo segundo sería acudir a los cuerpos legislativos para una de varias cosas. Uno podría enmendar el Código Electoral vigente que es de reciente aprobación o número dos tú puedes derogar el código vigente y volver a la Ley Electoral anterior o puedes hacer una reforma electoral completa, haciendo un análisis no solo de lo ocurrido ahora sino desde el historial electoral de Puerto Rico”, explicó el también exsenador.