Un camino viable para perdonar el pago del alquiler

La ciudad de Nueva York alberga a casi 5.4 millones de inquilinos. Pronto, muchos de ellos podrían terminar sin vivienda a medida que la tasa de desempleo se eleve a más del 30% en partes de la ciudad como resultado de la pandemia. Muchos inquilinos simplemente no pueden pagar el alquiler.

Gracias a la recién aprobada Ley de Puerto Seguro para Inquilinos (Tenant Safe Harbor Act), los caseros tienen prohibido desalojar a los inquilinos que demuestren dificultades financieras debido a la COVID-19 por alquiler impago durante el estado de emergencia actual y durante los seis meses posteriores. Esta ley evita que los propietarios echen a los inquilinos de sus viviendas, pero no les impide obtener sentencias monetarias para recuperar el pago del alquiler impago durante este período. Esto significa que miles de inquilinos podrían esperar que se embarguen sus cheques de pago cuando regresen al trabajo.

La creciente sensación de ansiedad económica que esto está creando debe enfrentarse con soluciones políticas diseñadas para hacer que los inquilinos, no solo los caseros, estén protegidos. Nuestros legisladores no deben perder de vista que así como caseros perdieron ingresos debido a la pandemia, inquilinos perdieron sus empleos.

El estado de Nueva York necesita un programa de condonación de alquileres que mantenga a las familias con necesidades financieras en sus viviendas sin tener que pagar el costo del alquiler durante el estado de emergencia, al mismo tiempo que permita a los caseros afectados continuar operando sus edificios y mantenerlos habitables.

Para lograr esto, los legisladores estatales deben considerar un proyecto de ley de Concesión de Perdón del Alquiler Justo (Fair Rent Forgiveness Grant). En resumen, el estado proporcionaría a los propietarios un alivio financiero basado en los costos de operación de sus edificios, dependiendo del porcentaje de inquilinos que no pagan. A cambio, a los inquilinos que no puedan pagar el alquiler se les perdonará el alquiler.

Para calificar para una subvención de condonación, los caseros deben demostrar que sus inquilinos no han pagado el alquiler y justificar su necesidad de una subvención para cubrir los costos operativos. Si obtienen el dinero, los caseros deben renunciar a su derecho a recibir el alquiler total acumulado mientras continúe la crisis del coronavirus, y los inquilinos podrían presentar esto como defensa en los tribunales.

Los caseros deberán notificar a los inquilinos que recibieron una subvención y proporcionarles un balance cero para el período cubierto. También se prohibiría a los caseros obtener sentencias monetarias por el alquiler acumulado durante este período, a pesar del hecho de que la Ley de Puerto Seguro para Inquilinos lo establece.

Esto lograría muchos resultados políticos positivos. Por ejemplo, incluso si los inquilinos siguen sin poder cumplir con sus obligaciones, los caseros se protegerían contra el desgaste y continuarían operando sus edificios, mientras que los apartamentos serían habitables para los inquilinos.

Para los edificios que necesitan mejoras de capital, los caseros podrían incluir una parte amortizada en su solicitud de subvención. La condonación de alquiler también evita que los propietarios intenten embargar los salarios mediante una sentencia monetaria, lo que ayudaría a los inquilinos con deudas. En consecuencia, los inquilinos podrán gastar más para evitar que la inseguridad alimentaria empeore, impulsando el gasto de los consumidores y apoyando a las pequeñas empresas locales.

Por supuesto, implementar estas propuestas tiene costos. Pero la inacción supondría un golpe catastrófico para nuestro presupuesto ya agotado, ya que el gasto de la ciudad en personas desamparadas se ha duplicado a $3.2 mil millones desde 2014 y se estima que el 46% de los hogares bajo alquiler en Nueva York estarán en riesgo de desalojo.

Tampoco podemos confiar en un Senado de los Estados Unidos liderado por los republicanos para dar prioridad a las necesidades de nuestras familias, especialmente cuando nos enfrentamos a una inminente avalancha de desalojos.

Una subvención proporcionaría menos de lo que los caseros obtendrían de la recaudación o reembolso total del alquiler. Pero es una mejor alternativa para los caseros, quienes probablemente incurrirán en costos exorbitantes en litigios simplemente para buscar sentencias monetarias contra miles de inquilinos financieramente insolventes.

Ahora más que nunca, estas protecciones son cruciales para prevenir que más personas queden desamparadas y evitar la ruina financiera de neoyorquinos vulnerables, al tiempo que mantienen los apartamentos habitables y seguros de los peligros de salud pública. Tiempos sin precedentes exigen acciones audaces. Estas medidas son necesarias para garantizar que las familias con la carga del alquiler permanezcan en sus viviendas. No habrá atajos para navegar esta crisis.

-Shaun Abreu representa a familias de bajos ingresos en la Corte de Vivienda y es candidato a concejal por el Distrito 7 en el Norte de Manhattan.

Esta columna se publicó originalmente en el New York Daily News.