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Los recientes ajustes a DACA ponen a inmigrantes en peligro de deportación
Más de 200,000 beneciarios de DACA laboran en trabajos esenciales. Crédito: MANDEL NGAN | AFP / Getty Images
El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, presentó una queja actualizada para detener una nueva norma de la Administración del presidente Donald Trump que pretende restringir la protección de la Acción diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), poco después de que la Corte Suprema declarase ilegal el primer intento del Gobierno federal por eliminarla a mediados de junio.
“El tribunal más importante del país le dijo a la Administración Trump que no podía terminar arbitrariamente con DACA. A pesar de ello, el Departamento de Seguridad Nacional, bajo el liderazgo de un interino designado ilegalmente, ha impulsado otro intento de erosionar el programa, por lo que haré todo lo posible para proteger a los soñadores del estado de Washington”, dijo Ferguson.
La nueva queja actualiza la demanda presentada en la Corte Suprema de Nueva York por Ferguson y 15 fiscales de otros estados en septiembre de 2017, y pretende frenar el más reciente esfuerzo de Trump para poner fin al programa DACA, creado en 2012 durante el mandato del presidente Barack Obama (2009-2017) y que protege de la deportación a sus beneficiarios.
Chad Wolf, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), presentó un memorando el pasado 28 de julio ordenando a la dependencia rechazar las nuevas solicitudes de DACA, disminuir a un año el periodo de renovación de la protección del programa y prohibir a los beneficiarios salir de Estados Unidos sin aprobación del Departamento.
Ferguson dice que, una vez más, esta iniciativa es ilegal por haber sido presentado por un interino que no está facultado para tomar decisiones ya que se le nombró indebidamente eludiendo las leyes de sucesión para funcionarios, y que restringe las protecciones a 17,000 beneficiarios del programa en Washington y 800,000 en todo el país.
Asegura que el programa ha permitido a miles de inmigrantes indocumentados llegados en la infancia trabajar legalmente, tramitar sus licencias de conducir, comprar casas y acceder a estudios universitarios, lo que beneficia a la economía de ellos y del estado.
El nuevo reclamo estima que los residentes elegibles para DACA contribuyen con 51 millones de dólares anuales en impuestos estatales y locales en el estado.
Por su parte el gobernador de Washington, Jay Inslee, dijo que el fin del programa tendría un “costo económico y humano devastador para las comunidades de los protegidos, por lo que continuaremos luchando contra la Administración de Trump mientras sea necesario”.
