Ex migrantes camioneros demandan al gobierno mexicano el pago por su trabajo

Denuncian timo de alrededor de $70,000 dólares por parte de la empresa de la construcción Jabe, S.A. de C.V presuntamente en complicidad con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Camioneros de Zimapan.
Camioneros de Zimapan.
Foto: Camioneros de Zimapan. / Cortesía

MEXICO – Andrés Santander ya no vive en Estados Unidos. No conduce una camioneta nueva de la empresa que lo contrataba allá ni un empresario gringo le paga por adelantado o lo incentiva con préstamos. Ahora está en México, tiene que usar sus propios vehículos para trabajar en la construcción de obra pública y su nuevo patrón le debe cuatro meses de trabajo.

“Y ya dijo que no va a pagar”, denuncia en entrevista con este diario

Este mexicano repatriado es parte de un grupo de 15 camioneros ex migrantes del municipio de Cadereyta, Querétaro, que denuncian un timo de alrededor de $70,000 dólares por parte de la empresa de la construcción Jabe, S.A. de C.V presuntamente en complicidad con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

“¿Cómo es posible que durante cuatro meses nos hayan hecho trabajar y no midieran que ya se les había acabado el presupuesto?”, advierte David Ramírez.

Migrantes deportados, repatriados o jubilados en EE.UU., han apostado en los últimos años a comprar equipo pesado para la construcción de obras civiles de gran escala como carreteras o edificios gubernamentales.

Habían tenido cierto éxito en los últimos años con contratos federales, estatales o municipales hasta ahora. En estos tiempos no lo pasan bien por dos razones: por la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador donde la infraestructura pasó a segundo plano y porque se agudizó la cultura del impago, atraso de sueldos y robos en todos los niveles de gobierno.

La Cámara Nacional de la Industria de la Construcción ha denunciado en diversos estudios que una de las mayores fugas del presupuesto público se va en la corrupción y mal manejo que hay en la obra pública por la ausencia de instituciones competentes que califiquen cada fase de las obras, desde la planificación y el diseño hasta su mantenimiento una vez finalizado el proyecto.

Esto propicia la colusión para la asignación del contrato y el sobrecosto o el desvío de dinero que debería ser para proveedores: les cobran un porcentaje para entregarles los cheques o simplemente no se les pagan.

La Auditoría Superior de la Federación estima que la desviación promedio es de hasta 140%; estos datos duros han sido corroborados por el Observatorio de la Industria de la Construcción (OIC).

“Cuando los proyectos de obra pública acaban financiándose con estos estándares, el resultado son obras innecesarias, proyectos con problemas de factibilidad o de baja rentabilidad económica o social, que sólo satisfacen los objetivos de ciertos grupos de interés; precios excesivamente elevados, edificaciones de mala calidad y terceros afectados”, advierte.

A los camioneros de Cadereyta los contrataron para que recogieran y transportaran toda la tierra y la roca que salía de las explosiones de los cerros que se destruían con dinamita para dar paso a 2.17 millas (3.5 kilómetros) del tramo carretero Bernal-Higuerillas.

David Ramírez, un ex migrante que hoy forma parte del sindicato regional Antonio Domínguez Trejo, cuenta a este diario que al principio de la obra la empresa Jabe S.A de C.V les pagaba intermitentemente sólo a algunos de los camineros. Esta informalidad no los puso en alerta porque es de dominio público que el retraso de pagos es común en el gobierno mexicano.

“Es algo que debes aceptar”, advierte.

DAÑO AL PATRIMONIO

Durante el tiempo que participaron en la obra, David Ramírez y Andrés Santander se levantaban de buena gana a pesar del “cinismo” del Estado y su cultura de pagar cuando le dé la gana. De alguna manera, los camioneros tenían un ahorro para aguantar. Ese “colchoncito” lo habían logrado con su trabajo en EE.UU.

David Santander emigró a los 13 años. Trabajó de sol a sol durante largas jornadas, principalmente en la instalación de aire acondicionado en Atlanta, hasta que un día decidió regresar a Bella Vista del Río, donde están sus padres y donde se casó.

Llegó con tres camionetas y un buen ahorro. Los vehículos y los dólares los gastó en comprar dos camiones y así “poner a trabajar el dinero” todavía con la buena fe en México sin saber que pronto tendría que poner de su bolsa entre 200 y 250 dólares diarios para comprar diésel y hasta un chofer para sostener el ritmo de trabajo de la obra Bernal-Higuerillas.

Este tramo carretero es clave para el corredor turístico que une a la ciudad de Querétaro —una de las más boyantes del país— con la Ruta de las Misiones en la Sierra Gorda que  llega hasta el estado vecino de San Luis Potosí y pretende reducir hasta dos  horas el traslado de los visitantes.

Camioneros de Zimapan.
Camioneros de Cadereyta.

“Invertí todos mis ahorros, me quedé sin nada,  y y estoy pensando incluso en volver a EE.UU.”, dice Andrés Santander.

Por ahora ya vendió sus borregos, su tío le regaló algo de maíz para hacer tortillas y buscó un trabajo para transportar mármol donde no le pagan muco pero sirve para pagar las cosas de los hijos porque son pequeños (de ocho, seis y un  recién nacido) y necesitan cierta logística como internet, luz, agua, frijoles, mojarras…

—Esta situación es muy frustante: me deben unos $9,000 dólares.

David Ramírez lo está pasando similar. Tiene cinco hijos de 4,6,9 y 10 años que sostiene con la ayuda del abuelo que sigue allá en el Norte y tiene la deuda de alrededor de 3,000 dólares que  adquirió para comprar el diésel, pagar al mecánico, comprar llantas y mantenimiento de los camiones.

“Vamos a demandar a la empresa Jabe por la vía laboral y mercantil”, advierte.

LA EMPRESA CONTRATISTA

El teléfono suena varias veces. Después de 20 timbres la llamada se rechaza. Un mensaje de texto en WhasApp la suple. Está dirigido a Javier de la Cruz, representante de la empresa Jabe S.A de C.V. “Se le acusa de no pagar alrededor de $700,000 dólares a camioneros de Querétaro, ¿tiene algo que decir al respecto?”. Silencio. El implicado bloquea el número.
Hace meses que Janín Jiménez se hace ojo de hormiga, esquiva a los camioneros y a todo aquel que lo cuestiona al respecto, incluyendo a esta reportera. En cambio, contrató a otros transportistas para suplir a quienes le están cobrando.

En revancha, los camioneros de Querétaro bloquearon la obra. Han atravesado los vehículos, montado guardias. La huelga está declarada con apoyo del sindicato. Está inconcluso un tramo corto donde hay que romper un cerro y escombrar.

En un intento por terminar, la empresa llamó a la Guardia Nacional, pero los huelguistas no cedieron. Ahora Jabe S.A. de C.V se las ingenia para avanzar, por las noches,  con el sigilo de otros transportistas contratados.

— Eso es ilegal, no pueden traer otra empresa si aún hay un contrato con nosotros— advierte David Ramírez.

Andrés Santander lamenta todo lo que ha tenido que hacer para pelear por su pago, incluyendo discutir con los nuevos trabajadores que llegan dispuestos a ganarse el pan y no pueden por culpa de esta escaramuza que no ocurriría en EEUU dada las reglas claras del juego de las contrataciones.

Camioneros inconformes protestan en la obra.
Camioneros inconformes protestan en la obra.

En México, a pesar de las promesas de la actual administración, las contrataciones de empresas por parte del gobierno siguen siendo opacas y entre amigos. Según Compranet, la página oficial del gobierno federal, durante 2019 el mecanismo de licitación pública ha sido utilizado solamente en el 18% del total de contratos (28,458) mientras que la invitación restringida a cuando menos tres personas en 7% y la adjudicación directa en el 74% de los casos.

Por otro lado, integrantes del Colegio de Ingenieros reconocieron que han sido víctimas de cobros irregulares  por parte de diversas instituciones a cambio de darles contratos. Este tipo de sobornos provoca que posteriormente los gobiernos no puedan reclamar por malos manejos: no se puede ser juez y parte.

—Estamos seguros que en esta falta de pagos está avalada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes— advierte David Ramírez frente al silencio de las autoridades.