Gobierno de Trump designa a Nueva York, Portland y Seattle como ciudades anarquistas y violentas

Comienza una nueva batalla por recursos federales

Gobierno de Trump designa a Nueva York, Portland y Seattle como ciudades anarquistas y violentas
En junio ocurrieron las protestas más violentas tras la muerte de George Floyd.
Foto: David Dee Delgado / Getty Images

La batalla política entre el Gobierno federal y algunas ciudades gobernadas por demócratas tuvo una nueva escalada. El Departamento de Justicia (DOJ) nombró “oficialmente” a Nueva York, Portland y Seattle como jurisdicciones anarquistas, que permiten la violencia y la destrucción de la propiedad.

Más allá de los epítetos, el fondo de esta designación, impulsada por el fiscal general William Barr, permitiría retener recursos federales, aunque se prevé que las administraciones correspondientes se lancen a una cruzada legal en cortes, como ha ocurrido en otras ocasiones.

El DOJ justifica su decisión con base en “Memorando sobre la revisión de fondos para beneficiarios de gobiernos estatales y locales que permiten la anarquía, la violencia y la destrucción en ciudades estadounidenses”, firmado por el presidente Donald Trump el 2 de septiembre.

“El Departamento de Justicia de los Estados Unidos identificó hoy las siguientes tres jurisdicciones que han permitido que persista la violencia y la destrucción de propiedad y se han negado a tomar medidas razonables para contrarrestar las actividades delictivas: Ciudad de Nueva York; Portland, Oregon; y Seattle, Washington”, indicó el DOJ.

A esa lista se podrían sumar otras juridicciones, ya que se revisará periódicamente, adelantó la Administración Trump.

En dichas ciudades se han organizado constantes manifestaciones tras la muerte de George Floyd en junio pasado. Algunos de esas movilizaciones derivaron en la destrucción de comercios y enfrentamientos con las fuerzas policiacas, pero hubo varias más que ocurrieron en forma pacífica.

“Cuando los líderes estatales y locales impiden que sus propios agentes y agencias del orden público hagan su trabajo, se pone en peligro a ciudadanos inocentes”, consideró el fiscal Barr. “No podemos permitir que el dinero de los impuestos federales se desperdicie cuando la seguridad de la ciudadanía está en juego”.

El Gobierno destaca que la Gran Manzana ha tenido un aumento en tiroteos del 177% con respecto a julio de 2019 y de 166% con respecto a agosto de ese año, pero hace una mezcla entre actos violentos durante protestas fuera de control con delitos relacionados con pandillas.

“Desde que comenzaron los saqueos y las protestas alrededor del 28 de mayo de 2020”, indica la justificación, sin separar los fenómenos sobre seguridad pública.

Critica que el Gobierno haya decidido retirar $1,000 millones de recursos al Departamento de Policía (NYPD) para el año fiscal 2021, el cual comienza en octubre.

La crítica también se centra en que el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill de Blasio han rechazado la intervención de policías federales, como ocurrió en Portland con violentas consecuencias para los manifestantes.

En Seattle, el Gobierno federal critica que se haya permitido a “anarquistas y activistas” adueñarse de seis cuadras del vecindario de Capitol Hill, nombrando su nuevo enclave como “Zona Autónoma de Capitol Hill” (CHAZ) y luego “Capitol Hill Ocupado Protesta ”(CHOP).

Los criterios

El DOJ consideró los siguientes criterios para determinar a las ciudades “sin ley”:

  • Si una jurisdicción prohíbe a la fuerza policial intervenir para restaurar el orden en medio de un acto de violencia o destrucción generalizada o sostenida.
  • Si una jurisdicción ha retirado la protección de la aplicación de la ley de un área geográfica.
  • Si una jurisdicción desempodera o quita fondos a los departamentos de Policía.
  • Si una jurisdicción se niega irrazonablemente a aceptar ofertas de asistencia policial del Gobierno Federal.
  • Cualquier otro factor relacionado que el Fiscal General considere apropiado.

Rechazo al unísono

Los alcaldes de Nueva York, Bill de Blasio; de Portland, Ted Wheeler, y la alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, emitieron una declaración conjunta donde cuestionan la constitucionalidad de la decisión del Gobierno federal.

“Esto es completamente político e inconstitucional. El presidente está jugando juegos políticos baratos con fondos destinados por el Congreso”, indicaron. “Nuestras ciudades están uniendo a las comunidades; nuestras ciudades están avanzando después de luchar contra una pandemia y enfrentar la peor crisis financiera desde la Gran Depresión, todo a pesar de la imprudencia y el partidismo de la Casa Blanca”.

Aseguraron que la Administración Trump en realidad busca eludir su responsabilidad sobre los problemas que aquejan al país.

“Los que está haciendo ahora es más de lo que hemos visto todo el tiempo: eludir la responsabilidad y echar la culpa a otra parte para cubrir su fracaso”, afirmaron.