Menor de 13 años decidió abortar tras ser violada por vecino de 52 años; sospechoso está por la libre mientras activista se expone a prisión

El tema de la despenalización del aborto en Venezuela tomó un nuevo giro a raíz del caso de la menor de 13 años que interrumpió de manera voluntaria su embarazo a las 12 semanas de gestación tras haber sido violada por un vecino.

Parte de la indignación se resume en que el violador de 52 años, presuntamente, permanece en la libre comunidad por falta de pruebas, mientras que la activista que ayudó a abortar a la adolescente se expone hasta a 12 años de cárcel.

La muchacha fue víctima de violación en varias ocasiones por parte del sujeto que vivía en la misma favela, ubicada en el estado andino de Mérida, al oeste del país.

Mujer que facilitó pastilla abortiva bajo arresto domiciliario

La profesora Vanesa Rosales, que facilitó la pastilla abortiva, estuvo tres meses tras las rejas. Aunque actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario, espera por el juicio en el que se le podría sentenciar a hasta 12 años de cárcel.

El reporte de la agencia de noticias Efe indica que fue a los tres meses de gestación que la menor, con la ayuda de Rosales, consiguió una pastilla para interrumpir el embarazo. Rosales, quien realiza trabajo social en comunidades pobres y a la que la niña y su madre conocían desde hace años, le suministró la píldora a pedido de la madre. Pero, según los reportes, la embarazada estuvo de acuerdo.

La progenitora, que acudió a la Policía para denunciar la agresión sexual, también terminó detenida y acusada de asistir a un aborto. Sin embargo, fue excarcelada 22 días después.

El testimonio de la menor cuando todavía permanecía ingresada tras el aborto llevó al encarcelamiento de Rosales, quien ahora enfrenta cargos por los delitos de asociación para delinquir y por provocar el aborto de una mujer con su consentimiento.

Bajo el ordenamiento legal venezolano consentir a un aborto es una de las causales establecidas para castigar la interrupción del embarazo.

Acusaciones contra Rosales, pero no contra el violador

Las autoridades acusan a la activista de haber cobrado por el suministro de la pastilla y por supuestamente poseer 600 dosis de este tipo de medicamento, alegaciones que la defensa niega y cataloga de falsas.

El sospechoso fue detenido, pero puesto en libertad en menos de 48 años por insuficiencia de pruebas.

“Vanesa tiene muchos años trabajando por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres (…) ella nunca cobró por nada”, señaló la abogada defensora de la docente, Venus Faddoul.
Faddoul además aseguró que, de acuerdo con una revisión médica, el feto estaba condenado a morir pues la víctima no tenía el útero desarrollado.

Posible discusión en el Parlamento sobre despenalización del aborto

A nivel general, la abogada cree que el caso puede agilizar los procesos para la despenalización del aborto en el país.

La intención de quienes abogan por lo anterior es que al menos, desde el Parlamento, se despenalice la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales humanitarias: por violación, inviabilidad del feto y peligro de vida de la madre. El último está permitido en teoría, pero sin un protocolo establecido.

“Este es el punto de quiebre para poner a juro (a la fuerza) el tema de la despenalización en Venezuela, porque nunca lo han dejado poner por más esfuerzos que ha hecho el movimiento feminista”, señaló Faddoul según citada por Efe.

Aunque Rosales fue detenida el 12 de octubre pasado, la intensificación, en enero, del llamado público para su excarcelación por parte de organizaciones de derechos humanos y personalidades públicas hizo que el caso trascendiera las fronteras nacionales.