Biden suspende deportaciones de ciertos inmigrantes durante 100 días
ICE debe aplicar la medida a partir del 22 de enero
El gobierno del presidente Joe Biden suspenderá, a partir del 22 de enero, la deportación de ciertos inmigrantes, enfocados en aquellos que representen un riesgo de seguridad nacional.
A través de un memorando, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), David Pekoske, dirigido a las oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), se pide suspender la expulsión de no-ciudadanos que solamente hayan violado la ley migratoria.
“Durante 100 días, a partir del 22 de enero de 2021, el DHS detendrá las deportaciones de ciertos no-ciudadanos cuya deportación haya sido ordenada”, indicó la autoridad.
Esto no significa que cualquier persona podrá ingresar a los Estados Unidos violando la ley migratoria, ya que se deportará a quienes no demuestren presencia en el país a partir del 1 de noviembre del 2020 o que ingresen a los EE.UU. sin autorización a partir de esa fecha.
Aunque no se especifica, el plan parece ser parte de una de las órdenes ejecutivas del presidente Biden, donde ordena al DHS revisar sus procesos para asegurar una aplicación de leyes migratorias “más justo”.
“(Esto es) para garantizar que tengamos un sistema de aplicación de la ley de inmigración justo y eficaz centrado en proteger la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública”, indica Pekoske.
Durante este periodo, los oficiales de CBP, ICE y la Patrulla Fronteriza podrán dedicar sus recursos “a desafíos operativos inmediatos en la frontera suroeste”, en medio de la pandemia de coronavirus.
“Estas prioridades se aplicarán no solo a la decisión de emitir, entregar, presentar o cancelar una Notificación a Comparecer, sino también a una amplia gama de otras decisiones de ejecución discrecionales, incluidas la decisión sobre: a quién detener, interrogar y arrestar; a quién detener o liberar; si conformarse, desestimar, apelar o unirse a una moción en un caso; y si conceder acción diferida o libertad condicional”, indica la decisión.
También se pide especial cuidado en las detenciones que se hagan, a fin de mantener a custodios con el protocolo de COVID-19.
La decisión cambia drásticamente la política del expresidente Donald Trump sobre la detención de “cualquier persona” durante redadas en las que supuestamente se buscaban a criminales.
“Hoy los inmigrantes en el país pueden tener un respiro de tranquilidad. Aplaudimos este primer paso del presidente Biden coo una señal de buena fe”, dijo Marisa Franco, directora nacional de Mijente, una organización de defensa de inmigrantes. “Vemos que este primer anuncio de la Administración Biden empieza con el punto de continuar el desmantelamiento de la cruel e inhumana maquinaria de deportación y terminar con la criminalización de nuestra gente”.
¿En quiénes se enfocarán?
El memorando especifica que los oficiales de ICE y CBP se enfocarán tres tipos de inmigrantes para su revisión, posible detención y deportación:
- Seguridad nacional.- Las personas que se han involucrado o son sospechosas de terrorismo o espionaje, o cuya aprehensión, arresto, custodia sea necesaria para proteger la seguridad nacional.
- Seguridad fronteriza. Las personas detenidas en la frontera o en los puertos de entrada mientras intentar ingresar ilegalmente a partir del 1 de noviembre de 2020 o que no estaban físicamente presentes en los EE.UU. antes del 1 de noviembre de 2020.
- Seguridad pública. Individuos encarcelados en prisiones federales, estatales y locales, o que hayan sido liberados durante o después de la emisión de este memorando que hayan sido condenados por un “delito grave agravado”, como se define ese término en la sección 101 (a) (43) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Es importante recordar a los inmigrantes indocumentados con historial criminal que soliciten asesoría de abogados para plantear su caso.
Biden ha comenzado su gobierno cumpliendo sus promesas a inmigrantes, al firmar seis órdenes ejecutivas que protegerían a “dreamers” y beneficiarios de TPS, aunada a la reforma migratoria para otorgarles ciudadanía a esos no-ciudadanos y a los indocumentados.