El Gobierno de Biden tiene 10 días para defender DACA en una corte de Texas

Un juez federal de Texas dejó entrever este martes que ya tiene listo su fallo en una demanda en la que un grupo de estados conservadores asegura que el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) es ilegal, pero el magistrado ha dado la oportunidad al Gobierno del presidente Joe Biden de defender el amparo migratorio.

La suerte de DACA seguirá en suspenso por lo menos hasta el 9 de abril, fecha límite en la que la Administración Biden tiene para convencer al juez del Tribunal del Distrito Sur de Texas, Andrew Hanen, de que falle en favor del programa que ampara a más 690 mil inmigrantes.

La demanda entablada en 2018 por un grupo de estados conservadores, liderados por Texas, señala que este programa creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama es inconstitucional y que el mandatario excedió sus poderes ejecutivos, por lo que debe ser terminado gradualmente.

Aunque la querella legal nombraba al Gobierno de Estados Unidos, la Administración del entonces presidente Donald Trump no quiso defender el beneficio, por lo que el Fondo México Americano para la Educación y la Defensa Legal (MALDEF) asumió la defensa del programa en nombre de varios “soñadores” (beneficiarios de DACA).

La audiencia de este martes fue la primera en que el Departamento de Justicia (DOJ) defiende al programa. Los abogados de la institución le dijeron al juez que comenzarían la “reglamentación” administrativa que hará cambios sustanciales a DACA.

Thomas Sáenz, presidente de MALDEF, destacó en una conferencia de prensa después de la audiencia que es importante para el caso la disposición del Gobierno Biden para defender el programa.

Por su parte, Texas argumentó que la reglamentación le tomará al Gobierno de 4 a 6 meses para implementarla y que la corte no debería esperar tanto para tomar una decisión sobre si DACA es legal o no.

Al respecto Saénz, al igual que los abogados de MALDEF, subrayó que Texas y los otros estados esperaron seis años para presentar la demanda, por lo que esperar de “cuatro a seis meses más no debería ser un gran problema”.

Desde su inicio el pasado 20 de enero, la Administración demócrata ha dado pasos para proteger el beneficio. El viernes pasado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que su departamento publicará una regla propuesta para “preservar y fortalecer” este programa.

“Es un paso importante, pero solo la aprobación de la legislación puede brindar protección total y un camino a la ciudadanía a los soñadores que conocen a Estados Unidos como su hogar”, dijo Mayorkas en un comunicado.

La reciente victoria en la Cámara de Representantes del proyecto de “Ley de la Promesa y el Sueño Estadounidense”, que daría un camino a la ciudadanía a los beneficiarios de DACA, y un proyecto similar presentado en el Senado por el demócrata Dick Durbin, han sido esgrimidos como un avance para solucionar los reclamos de los estados.

Nina Perales, vicepresidenta de litigios de MALDEF, quien defendió el programa hoy en la corte, explicó que se le comunicó al juez Hanen sobre los avances de estas propuestas legislativas, que dejarían sin base la demanda.

Al respecto, Hanen destacó que “hemos contado hasta 30 diferentes proyectos de ley (de inmigración) que han sido introducidos y no han sido aprobados”.

“Esperar que esto pase es como esperar un Godot (una situación improbable )”, remarcó el juez.

No obstante, Perales considera que la audiencia de hoy fue positiva para la defensa del programa.

“Fue un desarrollo positivo porque el juez estaba activamente interesado en escuchar todos los diferentes tipos de movimientos que están ocurriendo con respecto a DACA en este momento y parecía interesado en comprender cómo una decisión judicial en este punto repercutiría con lo que está sucediendo”, manifestó.

Una decisión de Hanen en favor de Texas podría marcar una nueva limitación al Gobierno de Biden en su capacidad para mantener el programa o extenderlo.

Thomas Sáenz, el presidente de MALDEF, insistió en que “DACA tiene que ser reemplazado por un enfoque legislativo”.

El desafío legal emprendido por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, es apoyado por los estados de Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental.

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