Protestan para exigir fin a la brutalidad y crisis de derechos humanos en cárceles de la ciudad de Nueva York

Tras la presentación del reporte de monitoreo Núñez, denuncian que persiste la violencia excesiva por parte de los oficiales del Departamento de Correccionales de la Ciudad

Los manifestantes exigieron que en vez de contratar nuevos oficiales, el Alcalde debe despedir a los que abusan de sus posiciones al atacar a los encarcelados.
Los manifestantes exigieron que en vez de contratar nuevos oficiales, el Alcalde debe despedir a los que abusan de sus posiciones al atacar a los encarcelados.
Foto: Cortesía

Un nivel generalizado de desorden y caos, impulsado por un liderazgo fallido, personal excesivo y mal administrado y falta de rendición de cuentas”. Esas fueron algunas de las conclusiones incluidas en el decimoprimer reporte del conocido como Monitor Independiente Federal Núñez, dado a conocer el martes y que analiza la violencia en las cárceles de la ciudad de Nueva York, incluida Rikers Island, y que según activistas, demuestra que todavía existe una crisis de derechos humanos en las prisiones manejadas por el Gobierno municipal.

Tras darse a conocer el reporte, y para exigir al alcalde Bill de Blasio y al Concejo Municipal cancelar planes futuros para contratar a más oficiales del Departamento de Correccionales de la Ciudad (DOC) y tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos de los neoyorquinos encarcelados, una coalición integrada por exprisioneros de Rikers, familiares de detenidos en varias cárceles de la Ciudad, activistas, organizaciones y el defensor del pueblo Jumaane Williams, realizaron una protesta este miércoles en el Bajo Manhattan.

El monitoreo federal Núñez fue designado para supervisar un acuerdo judicial relacionado con una demanda por el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes en Rikers Island. Y tras la presentación del más reciente reporte, los activistas aseguran que sigue mostrando la mala administración y la crueldad generalizada dentro del DOC, y el fracaso constante del Alcalde para responsabilizar a esa agencia municipal.

“Solo en el último mes, han surgido informes de oficiales que mienten sobre el uso de la fuerza, fallas generalizadas para capacitar a los oficiales en la prevención del suicidio mientras aumentan las muertes en las cárceles, negligencia criminal por parte de los supervisores y oficiales que cobran salarios de manera fraudulenta mientras el 35% de la mano de obra uniformada del DOC no está disponible para trabajar”, denunció la coalición.

Relato de un exprisionero

Durante la protesta, Greg Williams, un exprisionero y miembro líder del grupo ‘Freedom Agenda’, contó que desafortunadamente, “debido al sistema de libertad condicional punitiva, terminé atrapado en Rikers durante dos meses este otoño. Puedo decirles muy claramente por haber estado allí, cuánto tiempo y dinero se desperdicia en el Departamento de Corrección. En mi unidad a menudo observaba a cuatro de los cinco oficiales agrupados durante largos períodos de tiempo, simplemente hablando, teniendo conversaciones personales, visitándose en los puestos de los demás, básicamente sin hacer nada. En otras ocasiones, jugaban dominó y cartas con las personas detenidas”.

Los manifestantes, entre ellos miembros de las organizaciones ‘Freedom Agenda’, ‘Exodus Transitional Community’, y ‘NYC Jails Action Coalition’, insistieron que las personas “no están seguras bajo la custodia del Departamento de Corrección, y son responsables tanto su personal como los funcionarios electos, quienes han permitido que este abuso continúe sin cesar”.

La respuesta del Alcalde a este desastre de derechos humanos ha sido llegar a un acuerdo con la Asociación Benevolente de Oficiales de Corrección para contratar a 400 nuevos oficiales en esta agencia fallida que ya emplea a 1.6 oficiales por cada persona bajo custodia, ocho veces el promedio nacional y más del doble de la cantidad de oficiales por persona encarcelada que la ciudad de Nueva York empleaba cuando De Blasio se convirtió en alcalde en 2014”, agregaron.

El Defensor del Pueblo indicó que el DOC “ha creado un entorno peligroso e inseguro tanto para las personas encarceladas como para las personas que trabajan allí, en su mayoría neoyorquinos de color. No necesitamos aún más oficiales; necesitamos cambios reales y sistémicos, no los ajustes superficiales que oscurecen los problemas actuales y generalizados en nuestro sistema de encarcelamiento”.

Otra organización que criticó a De Blasio por su manejo de la crisis carcelaria, en especial en Rikers, fue ‘The Legal Aid Society’ que indicó en un comunicado: “A pesar de la retórica del Alcalde de reformar Rikers Island, el Departamento de Corrección de la Ciudad no ha podido o no ha querido tomar las medidas necesarias para desmantelar la cultura de brutalidad e incompetencia en las cárceles”.

El martes, tras la salida del reporte, la comisionada del DOC anunció su renuncia y la Junta de Corrección anunció la muerte de otra persona bajo la custodia del DOC, la sexta en 6 meses.

De Blasio reacciona

En su rueda de prensa diaria sobre el coronavirus, el Alcalde se refirió este miércoles al reporte Núñez, indicando que, como se ha visto en los 10 reportes anteriores, “el monitor es muy claro en señalar las mejoras que se han logrado, y las cosas que se han hecho para reformar un sistema que estaba roto. Cuando recibimos el Departamento de Correccionales ocho años atrás  estaba extraordinariamente roto, y procedimos a activar un plan que incluye cerrar Rikers para siempre, así como terminar por completo el aislamiento en solitario”.

El mandatario municipal aceptó que todavía hay cosas por mejorar y cambios que hacer, como lo indica el monitor, pero insistió que están “analizando todas las recomendaciones para actuar al respecto”.

Sobre los señalamientos del reporte sobre “desorden y caos”, De Blasio respondió tajantemente: “El sistema carcelario de por sí es una situación difícil, y nosotros heredamos uno roto, y luego vino la pandemia. Y sin embargo, sí hemos adelantado cambios profundos y reformas. ¿Es suficiente? No… tenemos más trabajo por hacer”.

Conclusiones del reporte Núñez:

  • El liderazgo uniformado en las cárceles perpetúa un entorno caótico plagado de fallas operativas que amenazan la seguridad y las interrupciones crónicas en los servicios básicos, como recreación y operación de bodegas, que causan frustración y desesperación.
  • El personal uniformado y los supervisores abdican de sus deberes para resolver los problemas cotidianos dentro de las instalaciones, y en su lugar subcontratan las tareas del día a día a equipos de emergencia militarizados que, por defecto, recurren a la fuerza excesiva e innecesaria.
  • Una y otra vez, los líderes de los uniformados se niegan o son incapaces de frenar el comportamiento brutal e hiper-confrontativo del personal. Los datos reflejan una tasa de uso de la fuerza más alta que cualquier período de monitoreo anterior.
  • El problema de la violencia se ve agravado por el hecho de que Rikers es una de las cárceles con más personal del país, incluso durante el último año, cuando un gran número de trabajadores penitenciarios se quedó en casa. El monitor deja en claro que incluso con la inusual cantidad de personal que no está disponible para trabajar, el DOC todavía tiene una cantidad extraordinariamente grande de personal para operar las cárceles.
  • El monitor descubrió que con demasiada frecuencia la gran cantidad de personal que converge en una escena precipita la violencia y el caos. Los brutales resultados recaen sobre todo en las personas de color, que se encuentran desproporcionadamente recluidas en las cárceles. La rendición de cuentas por esta violencia y mala conducta es poco común, porque el DOC no ha creado un sistema disciplinario que funcione y ahora está abrumado por una acumulación de casi 1,500 casos disciplinarios sin resolver.

¿Qué es el Monitoreo de Núñez?

La demanda colectiva ‘Núñez v. la Ciudad de Nueva York’ presentada en el 2011 en nombre de los reclusos actuales y futuros, desafiaba la brutalidad sistémica del personal contra los encarcelados en las cárceles de la ciudad de Nueva York, sobre todo la fuerza excesiva que ha estado arraigada durante mucho tiempo en Rikers Island.

Tras una investigación de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York (‘SDNY’) relacionada con el tratamiento de los reclusos varones jóvenes, que encontró un patrón y una práctica de uso excesivo e innecesario de la fuerza, la falta de protección adecuada de los reclusos debido a la violencia entre presos y la colocación inapropiada de presos de 16 a 18 años en segregación punitiva por períodos de tiempo excesivos, el SDNY intervino en la acción de Núñez.

Después de un largo litigio de las reclamaciones colectivas de Núñez y las conclusiones del SDNY, y después de muchos meses de intensas negociaciones, las partes llegaron a una sentencia por consentimiento integral y detallada diseñada para remediar las supuestas prácticas inconstitucionales en las instalaciones del DOC. Tras el acuerdo, el Tribunal designó como monitor independiente para evaluar que se hicieron esas reformas, a Steve J. Martin.