Cabilderos por la estadidad para Puerto Rico serán juramentados el 1 de julio en La Fortaleza

La elección como parte del grupo del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien renunció a la principal posición política de la isla en el 2019 tras masivas protestas, está impugnada en los tribunales

Ricky renuncia protestas Puerto Rico

Imagen de archivo de las protestas en el 2019 en La Fortaleza que llevaron a la renuncia de Ricardo Rosselló como gobernador de Puerto Rico. Crédito: Joe Raedle | Getty Images

Por José A. Delgado

WASHINGTON D.C. – Los seis funcionarios electos para cabildear por la estadidad jurarán en su puesto el 1 de julio, en La Fortaleza, y no se reportarán a Washington hasta el día 6, cuando ambas cámaras del Congreso estarán en receso.

La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa), Carmen Feliciano, tuvo el lunes en la tarde una reunión vía remoto con cinco de los seis cabilderos de la estadidad, sobre las discusiones internas que tienen lugar dentro del Ejecutivo en busca de crear las normas que regirán el trabajo de esa delegación.

En la reunión participaron el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares – cuya elección está impugnada en los tribunales-, la exalcaldesa de Ponce María “Mayita” Meléndez, la exsenadora Melinda Romero, el presidente de la Asamblea Municipal de Guaynabo, Roberto LeFranc Fortuño, y Elizabeth Torres.

La única que no estuvo en la conversación del lunes fue Zoraida Buxó, exsecretaria de Corrección, quien se excusó. Debido a un viaje familiar, Buxó indicó que iniciará sus funciones el 5 de julio, por lo que no estará en la ceremonia de juramentación del día 1.

Feliciano informó que antes de que acabe esta semana espera publicar el reglamento que precisará el salario y las normas que regirán el trabajo de los seis funcionarios, que será dependiente de Prfaa y tiene el objetivo, diseñado por el pasado gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), de cabildear en favor de la estadidad.

Un salario de unos $120,000 dólares

Pero, Feliciano dijo a El Nuevo Día que la discusión está encaminada a que el salario de los funcionarios ronde los $120,000, no importa si establecen vivienda en Washington D.C. o siguen residiendo en Puerto Rico.

Rosselló Nevares – quien renunció a la gobernación hace dos años en medio de escándalos de su administración-, vive ahora en el norte de Virginia, cerca de la capital federal, uno de los asuntos que ha provocado la impugnación judicial de su elección por nominación directa.

Los cabilderos de la estadidad fueron electos el 16 de mayo, en una consulta que tuvo la participación más baja en la historia moderna de Puerto Rico (3.9%).

No hay garantía de fondos para salarios

Todavía, sin embargo, la administración de Pedro Pierluisi no cuenta con garantías de que tendrá fondos adicionales al presupuesto recomendado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Prfaa de cara al próximo año fiscal puertorriqueño, que empieza el 1 de julio, para costear los salarios y gastos de esa delegación.

Bajo discusión está financiar esos cargos con la misma cantidad de presupuesto recomendado por la JSF para Prfaa – unos $2.82 millones, incluido el subsidio a la oficina de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González-, que es prácticamente el mismo que tiene ahora.

Pierluisi señaló el lunes en San Juan que no se ha tomado una decisión en torno a si tendrá que reordenar fondos de otras oficinas del gobierno para pagar por los salarios y gastos de los seis cabilderos de la estadidad.

“No me quiero adelantar. Si la partida es suficiente no hay necesidad de solicitar ninguna reprogramación”, indicó el gobernador, quien llega esta tarde a Washington D.C. para reuniones sobre Medicaid y quien estará aquí hasta el viernes.

Pierluisi solicitó a la JSF cerca de $1.25 millones para financiar el salario y los gastos de los cabilderos de la estadidad, que recibieron hace dos fines de semana una orientación en La Fortaleza con expertos en los temas del Congreso.

No obstante, la Junta excluyó esos fondos del proyecto de presupuesto enviado a la Legislatura, por considerar que bajo la ley Promesa los asuntos correspondientes al futuro político de Puerto Rico siguen en manos del gobernador y los legisladores.

La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, sostuvo que ese tema seguirá definido por las normas puertorriqueñas mientras no se trate una asignación “significativa”.

Feliciano afirmó que aún esperan por consultas legales que llevan a cabo en La Fortaleza y la Oficina de Presupuesto y Gerencia (OGP) antes de publicar el reglamento que regirá el funcionamiento de esos seis delegados, pero sostuvo que es evidente que “tienen que estar aquí y que sus funciones son a tiempo completo”.

Rosselló Nevares ha dicho que quiere mantener su trabajo en la empresa privada y no cobrar salario. La Oficina de Ética Gubernamental (OEG), por su parte, reiteró que los cabilderos de la estadidad serán funcionarios públicos que tienen que rendir informes financieros y cumplir con las normas éticas.

Aunque se consideró darles una oficina independiente, por cuestiones presupuestarias tendrán que tener su espacio dentro de las oficinas de Prfaa en Washington D.C..

“Vamos a habilitar un espacio en nuestra oficina para que estén con nosotros”, indicó Feliciano, al afirmar que las conversaciones recientes van dirigidas a darle forma “a lo que es la figura del delegado congresional en la sombra”.

El acceso al Congreso y recesos legislativos

Bajo las normas vigentes del Congreso, después de la pandemia del COVID-19 y el acto de insurrección del 6 de enero, para una persona poder entrar a la Cámara baja o el Senado tiene que tener una cita y un empleado de la oficina que visitará debe buscarlo en la entrada.

Esa misma realidad aplicará a estos nuevos funcionarios del gobierno de la Isla, que vienen a presionar por la estadidad, incluso por el proyecto 1522 del demócrata Darren Soto (Florida) y la comisionada González, quien hace caucus con los republicanos.

Cuando los cabilderos de la estadidad comiencen sus funciones en Washington D.C., las dos cámaras del Congreso estarán en receso. La Cámara baja tiene previsto suspender sus sesiones el mismo 1 de julio en la tarde, hasta el día 19. Luego sesionarían dos semanas antes de recesar el 30 de julio hasta el 19 de septiembre.

El Senado, por su parte, iniciará el viernes un receso de dos semanas. Los senadores tienen previsto volver a Washington el 12 de julio y sesionar hasta el 6 de agosto, cunado volverán a receso, el cual durará hasta el 10 de septiembre.

Los cabilderos de la estadidad deberán presentar un primer informe al gobernador sobre sus gestiones a finales de septiembre.

La periodista Gloria Ruiz Kuilan colaboró con esta historia.

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