Por qué la reforma migratoria que daría ciudadanía a indocumentados podría avanzar en septiembre

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, confirmó que a más tardar la segunda semana de agosto se tendría la ley de presupuesto y el proceso de Reconciliación; un mes después se discutirían las leyes que acompañarían el plan, incluida alguna reforma para la naturalización de no-ciudadanos

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer.

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer. Crédito: Tasos Katopodis | Getty Images

A partir del 9 de agosto, el Congreso inicia un proceso de receso que alrededor de un mes, por lo que cualquier reforma legislativa, incluido un posible camino a la ciudadanía para indocumentados, sería aprobada a partir de la semana del 13 de septiembre, según el calendario oficial de ambas cámaras.

La buena noticia sobre una reforma migratoria es que los demócratas la incluyeron en el paquete económico de $3.5 billones de dólares que impulsa los proyectos de infraestructura y de ayuda a familias del presidente Joe Biden.

La semana pasada, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), dijo que antes de irse a receso de agosto, los demócratas tendrán listo el proyecto de ley económico –que contempla lineamientos migratorios– que sería aprobado bajo el proceso de Reconciliación.

“Como líder de la mayoría, tengo toda la intención de aprobar los dos paquetes de infraestructura principales, el marco de infraestructura bipartidista y una resolución presupuestaria con instrucciones de Reconciliación, antes de que partamos para el receso de agosto“, dijo Schumer. “El Senado va a seguir trabajando en ambas vías de infraestructura para lograrlas”.

Este proceso, si es aprobado por la parlamentaria Elizabeth MacDonough, permitiría avanzar en una reforma económica y migratoria que otorgue la ciudadanía a entre cinco y siete millones de indocumentados, adelantaron activistas, lo cual beneficiaría a ‘dreamers’, gente con Estatus de Protección Temporal (TPS), trabajadores agrícolas y otros empleados esenciales durante la pandemia de COVID-19.

“Normalmente para aprobar leyes se requieren 60 votos… Tenemos esta oportunidad de reconciliación que requiere una mayoría simple”, dijo la activista Lia Parada, directora de Abogacía Legislativa de Immigration Hub. “No estamos (contemplado a los más de 10 millones) de indocumentados, es muy detallado, son los soñadores, los que tienen TPS, los que tienen trabajo de campo… y aquellos quienes trabajaron en industrias esenciales durante la pandemia… Se estima que van a ser entre unos cinco y siete millones de personas”.

Parada fue parte de una conferencia de prensa donde también participaron Clarissa Martínez de Castro, vicepresidenta adjunta de Legislación y Abogacía de UnidosUS; José Alonso Muñoz, gerente nacional de Comunicación de United We Dream, moderados por Vanessa Cárdenas, de America’s Voice.

“Ahorita estamos en el proceso de presupuesto… tiene que haber un acuerdo del presupuesto que será parte de la Reconciliación… esperamos que la Cámara y el Senado voten… a finales de julio y la primera o segunda semana de agosto”, reconoció Parada. “La segunda fase son los específicos planes de ley que son parte del presupuesto… los detalles que tienen que ser pasados por los comités, luego va en pleno del Senado”.

Agregó que en esa segunda fase –que incluso podría alargarse a octubre– será contemplada la reforma migratoria, la cual se espera con respaldo de todos los demócratas. La experta recalcó que incluso el senador Joe Manchin (West Virginia) ha dicho que respaldo modificaciones migratorias, por lo que no arriesgaría la mayoría mínima de 50 votos más uno que tienen los demócratas en el Senado.

Sobre el calendario de avance de una posible reforma migratoria el activista Juan Escalante, de la coalición FWD.US, adelantó al podcast “El Diario Sin Límites” que el proceso tardaría al menos a septiembre.

Los expertos coinciden en que la parlamentaria tendrá un papel clave, ya que deberá determinar si la propuesta legislativa se apega a los cánones del proceso de Reconciliación, que requiere argumentos económicos.

Los demócratas de ambas cámaras han defendido los argumentos económicos como base para una reforma que otorgue la ciudadanía a indocumentados.

Los representantes Raúl Ruiz (California) y Joaquín Castro (Texas) adelantaron el análisis económico del Center for American Progress (CAP) y del Centro de Migración Global de la Universidad de California, Davis (UC Davis), el cual establece cuatro escenarios para EE.UU. si se aprueba la ciudadanía a indocumentados.

La presión por los ‘dreamers’

Los demócratas sienten mayor presión sobre una reforma, luego de la decisión del juez de Texas, Andrew Hanen, quien determinó ilegal el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), bloqueando nuevas aplicaciones.

Tomando en cuenta la revelación de la activista Lia Parada, el plan para trabajadores esenciales, el cual incluye a ‘dreamers’, la proyección económica que retomarían los congresistas estima que otorgar ciudadanía para trabajadores esenciales, mínimo cinco millones de indocumentados, impulsaría el PIB a $989,000 millones en 10 años y crearía 203,200 nuevos empleos.

Los republicanos presionan, sin embargo, para que una reforma migratoria solamente incluya a los ‘dreamers’, además de ajustes a la seguridad fronteriza.

El jueves pasado, Rebecca Shi, directora ejecutiva del American Business Immigration Coalition (ABIC), durante un evento frente al Capitolio en el participaron congresistas, dijo que entre 10 y 15 republicanos respaldarían una reforma bipartidista.

“Creemos que hay de 10 a 15 senadores republicanos (que apoyarían) una reforma”, dijo Shi sobre algún proyecto bipartidista.

Un proceso complicado

El camino para aprobar una reforma que otorgue la ciudadanía a indocumentados es largo y complejo.

>> Para utilizar el proceso de Reconciliación debe sustentarse en argumentos económicos que impacten al presupuesto.
>> Podría beneficiar a máximo 7 millones de indocumentados, según estimaciones de expertos.
>> Debe aprobarse primero un proyecto de presupuesto y luego las leyes subsecuentes.
>> La aprobación tendría distintos pasos en agosto, septiembre y, quizá, octubre.

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