Coaliciones de NY exigen más protecciones para inquilinos ante nueva sentencia de la Corte Suprema

La próxima gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, da garantías que se fortalecerán normas estatales contra desalojos

Organizaciones han presionado para que no se abra una ventana que lleve a la corte a miles de inquilinos. (Foto: F. Martínez)

Organizaciones han presionado para que no se abra una ventana que lleve a la corte a miles de inquilinos. (Foto: F. Martínez) Crédito: Fernando Martínez | Impremedia

La mexicana Mirtha Paredes, residente de El Bronx, sudó muy frío la noche del jueves cuando escuchó algunas noticias sobre una orden de la Corte Suprema que bloquea parcialmente la ley del estado de Nueva York destinada a proteger a los inquilinos de desalojo durante la pandemia del COVID-19.

Mirtha, como miles de inquilinos de la Gran Manzana, adeuda  seis meses de renta, su situación laboral no ha mejorado, además ha aplicado al programa de alivio estatal de pago de renta y no ha tenido respuesta. Y, peor aún, recibe la presión casi diaria de su casero quien la amenaza con mandarla a la Corte para desalojarla. 

“Ya esta mañana el ‘landlord’ me llamó preguntándome si había visto las noticias. Dios sabe que si tengo esa deuda, no es por aprovecharme de la ley. No tengo otra opción. Ahora no sé qué pasará. !Me quedaré en la calle!”, dijo este viernes angustiada la inmigrante poblana.

La medida que se aprobó, a petición de un grupo de pequeños propietarios, es de acuerdo con expertos legales “solo una señal” de que las prohibiciones de desalojo relacionadas con el virus, están en grave peligro en este tribunal superior.

La orden solo bloquea parte de la Ley de Prevención de Ejecuciones Hipotecarias y Desalojos de Emergencia COVID-19 de Nueva York, aprobada el año pasado, que permite a los inquilinos autocertificar que están atravesando dificultades económicas debido a la pandemia. 

En concreto, el fallo afecta solamente a una disposición que prohíbe el desalojo de los inquilinos que presenten un formulario diciendo que han sufrido reveses económicos, por efectos directos de la pandemia, en lugar de proporcionar pruebas en el tribunal. 

“Este esquema viola la antigua enseñanza del tribunal que precisa que ningún hombre puede ser juez en su propio caso’“, destacaron los jueces que dieron el visto bueno a la sentencia.

Coaliciones exigen más protección

La decisión judicial encendió preocupaciones en todos los rincones de Nueva York en donde se calcula que  830,000 hogares presentan retrasos con los pagos de sus rentas.

La Sociedad de Ayuda Legal de NY en respuesta a la sentencia que anula específicamente la parte de la ley que protege a los inquilinos que han presentado una declaración de dificultad, exigió a la Asamblea Estatal a reincorporarse de “emergencia” a su trabajo.

“Deben enmendar la ley para permitir una audiencia sobre la declaración de dificultad del inquilino. También hacemos un llamado para extender la moratoria de desalojo hasta que el estado entregue todos los $ 2.3 mil millones en dinero de ayuda para el alquiler. Estamos seguros que los inquilinos no tendrán problemas para demostrar dificultades y cumplir con el mandato de la Corte Suprema”, expresó la organización en un comunicado.

De inmediato, la vicegobernadora Kathy Hochul, quien se convertirá en la próxima gobernadora de Nueva York luego que el gobernador Andrew Cuomo renunciara, calmó las aguas anunciando  que trabajará con los legisladores estatales para “rápidamente abordar la decisión de la Corte Suprema y fortalecer la legislación de moratoria de desalojos ”.

“Ningún neoyorquino que haya sido golpeado económicamente o desplazado por la pandemia debería ser expulsado de su hogar”, puntualizó.

Asi mismo, Murad Awawdeh, director ejecutivo, de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) valoró la respuesta de Hochul en frente de lo que calificó como un “cruel asalto” a las familias trabajadoras.

“Esta decisión despiadada convierte en una emergencia para la gobernadora entrante Hochul y el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, eliminar las barreras innecesarias que impiden que miles de neoyorquinos inmigrantes accedan al Fondo para Trabajadores Excluidos”, consideró.

Edith Servantes, residente de Corona en Queens, ha salido a la calle a exigir que se agilicen los trámites de ayuda financiera (Foto: F. Martínez)

Se intensifican temores

Antes de que se conocieran los detalles de la sentencia, todo parecía indicar que los propietarios podían comenzar a presentar demandas de inmediato para desalojar a los inquilinos.

De manera unánime,  juristas, líderes electos y defensores de los derechos de los inquilinos coincidieron en que existe una serie de protecciones estatales y federales, e incluso en la ciudad de Nueva York,  que podrían impedir que cualquier demanda de este tipo tenga éxito de inmediato. Pero alertaron que hay que poner el acelerador a ciertas protecciones.

Este fallo se produjo mientras Nueva York seguía luchando para asignar dólares de ayuda federal a los inquilinos que se atrasaron en el pago del alquiler durante la pandemia, considerados en el Fondo de Trabajadores Excluídos.

Solo alrededor de $100 millones, o menos del cuatro por ciento del total de $ 2,7 mil millones del estado, se han asignado, aclararon funcionarios estatales a medios locales. 

Incluso antes de la decisión de la Corte Suprema, la lentitud en el procesamiento de aplicaciones había llevado a algunos legisladores a advertir que sin una prórroga, un gran número de personas podrían enfrentar el desalojo. Este fallo solo intensificó esos temores.

Desde hace varias semanas activistas y afectados por deudas acumuladas con caseros estaban movilizados. Tal es el caso de la mexicana Edith Servantes, residente de Corona en Queens, quien formó parte de acciones de calle para que se flexibilicen las aplicaciones para tener acceso a ese programa de alivio.

 “Yo temo terminar con mis hijos en la calle. Debo la renta desde abril de 2020. El proceso de solicitudes es muy complicado. Yo lo tuve que tramitar dos veces”, detalló la inmigrante quien es miembro de ‘Make The Road NY’ (MTRNY).

Los grupos de propietarios han señalado que la falta de pruebas de dificultades financieras derivadas de la crisis de salud pública, podría estar permitiendo a los inquilinos beneficiarse de las moratorias, incluso si no han perdido sus trabajos o ingresos debido al COVID-19.

En este sentido, Randy Mastro, el abogado principal que representa a los propietarios demandantes en el caso, explicó: “En nombre de los pequeños propietarios de Nueva York, estamos extremadamente agradecidos con la Corte Suprema por reafirmar que incluso en una pandemia, la Constitución no puede ser guardada y olvidada”.

Datos: 

  • 830,000 hogares en el estado de Nueva York, la mayoría de ellos en la Gran Manzana, están morosos con ​​la renta.
  • $3,2 mil millones aproximadamente es la deuda con caseros en NY, según un análisis de datos del censo realizado por el ‘National Equity Atlas’, un grupo de investigación asociado con la Universidad del Sur de California.

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