Juez ordena a Biden detener deportaciones exprés de familias migrantes en la frontera bajo Título 42 por coronavirus
Juez del Distrito de Columbia da 14 días a la Administración Biden para dejar de expulsar familias migrantes; indocumentados celebran fallo judicial
Un juez federal del distrito de Columbia ordenó este jueves a la Administración Biden que deje de rechazar a familias con hijos en la frontera bajo la orden conocida como Título 42.
Dicha medida que limita el ingreso de indocumentados que solicitan asilo inició en el 2020 debido a la pandemia de coronavirus.
El fallo del juez Emmet Sullivan establece que el Gobierno de Biden no puede utilizar la crisis por la COVID-19 para deportar de manera expedita a familias migrantes, esto a pesar del alto número de indocumentados sin vacunar que intentan entrar a Estados Unidos.
Sullivan determinó que los oficiales migratorios no pueden argumentar el Título 42 para devolver a extranjeros a sus países. Bajo ese decreto, se han deportado a casi 1 millón de personas.
El juez dictaminó que debido a la disponibilidad de pruebas, vacunas y otras medidas para minimizar los contagios no está convencido de que la transmisión de la COVID-19 durante el procesamiento en la frontera no pueda ser mitigada significativamente.
Según Sullivan, expulsar a los solicitantes de asilo priva a estas personas que recibir los beneficios humanitarios bajo la ley de Estados Unidos.
Sullivan aplazó durante dos semanas la entrada en vigor de la orden para darle tiempo al Gobierno de acoger o apelar la sentencia.
El fallo judicial es resultado de una demanda presentada por un grupo de familias solicitantes de asilo a través de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), contra el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y otros funcionarios del Gobierno federal.
El expresidente Donald Trump aprobó, en marzo de 2020, la orden para negar el derecho de asilo a los migrantes con base en el riesgo de transmisión del coronavirus.
La Administración Biden le dio seguimiento a esta política, pero eximió su aplicación en el caso de los menores no acompañados.
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