Asamblea Estatal de Nueva York pone esta semana el foco en ley que eliminaría el “castigo” de las multas judiciales

Un proyecto de ley que eliminaría ciertas multas judiciales en Nueva York empieza a discutirse este miércoles en la Asamblea Estatal,  abriendo un compás para lo que defensores de las reformas penales interpretan como el fin de un “círculo vicioso de deudas y castigos”. Esta eventual medida, impactaría de forma considerable, a miles de residentes de color de bajos ingresos, que por alguna razón tienen que interactuar con el sistema de justicia.

La iniciativa legislativa S3979C, introducida este año por la senadora estatal Julia Salazar, representante de Brooklyn, eliminaría las tasas judiciales, las multas mínimas obligatorias y el encarcelamiento por la falta de pago de estas sanciones económicas.

Además, una normativa complementaria propone tachar por completo las tasas que se pagan por los beneficios de libertad condicional, una iniciativa llevada adelante por el senador de origen puertorriqueño Luis Sepúlveda y la asambleísta dominicana Carmen de la Rosa.

La senadora Julia Salazar indicó a medios locales que este anteproyecto de ley, elimina las tarifas judiciales obligatorias “onerosas, discriminatorias y los recargos del sistema legal”.

De ser aprobada esta legislación, se requeriría a los jueces que analicen las circunstancias financieras de una persona, antes de imponer una multa. También se trata de evitar las posibilidades de encarcelamiento, juicios civiles o desembolsos de dinero y recargos en ciertos procesos judiciales.

“Estas multas son esencialmente otra forma de hacer que los pobres carguen injustamente con otro peso económico. Es hora de eliminarlas, ya que no debería haber un precio a la justicia”, subrayó Salazar.

Las multas crecen

En este momento, el estado de Nueva York impone tarifas judiciales automáticas en cada condena por delitos mayores y menores. 

De acuerdo con el razonamiento e informes compartidos  por el Centro de Justicia por Multas y Tarifas (FFCJ) se reitera que estos cargos económicos judiciales recaen de manera desproporcionada en las comunidades negras y latinas. 

“También criminalizan históricamente la pobreza. Si no se puede pagar se corre el riesgo de proseguir a un juicio civil, una orden de arresto o incluso una sentencia de cárcel”, precisan voceros de esta organizacion que impulsa reformas integrales a la justicia penal, justamente en el fragor de la crisis de hacinamiento que afecta a centros penitenciarios en Nueva York, como es el caso de Rikers Island.

Un análisis nacional realizado por Governing, un portal de finanzas públicas, reveló que Nueva York es uno de los estados que más depende de las multas y tarifas para obtener fondos. Además se comprueba que 500 jurisdicciones en el estado han aumentado su dependencia a estos ingresos desde 2015. 

La visión de Lucas Sánchez, subdirector de Comunidades de Nueva York, una de las organizaciones que conforman la coalición Sin precio para la Justicia,  es que las multas de los tribunales siguen “castigando” de manera desproporcionada a los más pobres y esta tendencia aumenta incluso durante los meses de la pandemia.

“Es obsceno que las personas que luchan por pagar el alquiler y comprar comida tengan que preocuparse por ser encarceladas, porque no pueden pagar una tarifa arbitraria. Al eliminar estas cargas, se puede brindar el alivio que se necesita con urgencia a miles de personas que han sido excluidas de los planes de ayuda de alquiler y del fondo para trabajadores excluidos “, expuso el activista.

Negros e hispanos los más afectados

De acuerdo con datos expuestos por FFJC a pesar de representar solo el 14 por ciento de la población de Nueva York, los negros constituían el 38 por ciento de todos los arrestos en 2018. 

Asimismo, aunque los latinos representaban el 19 por ciento de la población, constituyeron hasta ese año, el 24 por ciento de todas las detenciones.

Hay más datos. Una encuesta reciente de la organización Abogados Defensores de Nueva York muestra que casi el 65 por ciento de los los tribunales “rara vez” o “nunca” tienen en cuenta la capacidad de pago de una persona antes de emitir una orden judicial por el pago atrasado de una multa.

Por su parte, la asambleísta Yuh-Line Niou quien defiende a capa y espada esta reforma, lamenta que se pueden acumular tarifas y recargos mientras la gente está en prisión, donde hay poca capacidad de generar recursos.

“Esto genera un círculo perverso, que afecta el crédito y la capacidad de una persona para obtener una vivienda, lo que finalmente aumenta la reincidencia y evita aún más que las personas encarceladas regresen a la sociedad. Estamos trabajando por un sistema más equitativo y eso comienza con la eliminación de estas tarifas “, dijo Niou.

La historia legislativa de Nueva York muestra aumentos ascendentes en el costo de las multas y recargos asociadas con condenas y sentencias de una serie de delitos mayores y menores.

Por citar solo algunos ejemplos, un recargo por un delito tipificado como grave se eleva a un promedio de $300, un delito menor a $175 y un recargo por una infracción suma en promedio $95, con base a las leyes penales vigentes.

La lucha por “enterrar” estas tarifas de tipo judicial, está tomando un impulso nacional en palabras de algunos activistas.

En el balance de Marvin Mayfield, organizador estatal del Centro de Alternativas Comunitarias, el año pasado California aprobó con éxito una legislación para eliminar las tasas judiciales y este verano el representante de los Estados Unidos, Jerry Nadler, celebró audiencias sobre el tema. 

“Ahora es el momento de que Nueva York actúe. Hacemos un llamado a nuestros líderes electos para que aprueben esta medida que rompería con parte de un sistema de criminalización de la pobreza”, concluyó.

NYPD: Detenciones se han reducido

En el caso específico de la Gran Manzana, en donde organizaciones siguen denunciado que las detenciones a minorías aumentaron durante el último año, la sargento Jessica McRoie, portavoz del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) explicó a El Diario que durante  los últimos ocho años, las paradas y revisiones a personas en las calles han estado bajo escrutinio departamental y análisis externo por parte de un monitor federal.

“Continuamos reduciendo drásticamente el número de encuentros en los que se detiene e interroga desde 2011, una tendencia que continúa en el primer trimestre de 2021.Con sus innovadores paradigmas de aplicación de la ley, nuestros oficiales seguirán utilizando su enfoque impulsado por la inteligencia para centrarse en áreas que experimentan una violencia desproporcionada y garantizar el tipo de vigilancia constitucional libre de prejuicios”, concluyó la portavoz de la Uniformada.

En detalle: ¿Cuáles recargos judiciales eliminaría la ley?

• Ordena a los tribunales realicen una evaluación individualizada de la capacidad financiera de una persona para pagar una multa antes de imponerla.
• Elimina la disponibilidad del encarcelamiento como un remedio por la falta de pago de una multa, recargo o tarifa. Y anula las órdenes de arresto existentes emitidas únicamente por la falta de pago de estas sanciones financieras.
• Anula los juicios civiles basados ​​en el incumplimiento de una persona de pagar oportunamente un recargo o tarifa 
• Cancela los recargos y tarifas en las cortes por beneficios de libertad condicional y libertad condicional.
• Borra el requisito de que una persona en libertad condicional o liberada, que reciba una terminación de sentencia por mérito, tenga que cumplir financieramente con una orden de restitución.
• Prohíbe el requisito de que una persona que reciba el descargo de la sentencia, pueda cumplir financieramente con una orden de restitución y el pago de ciertos recargos o tarifas.
• Deroga las multas mínimas obligatorias para las leyes penales y las infracciones de tráfico y vehículos. 

¿Quién paga más?

De acuerdo con datos compartidos por un informe de la campaña Sin Precio para la Justicia:

• 6 veces más posibilidades de ser detenidas y registradas en la ciudad de Nueva York tuvieron las personas negras en comparación con los blancos en todo el 2019.
• 9 veces más probabilidades de recibir una citación judicial tuvieron las personas de color en este mismo periodo de tiempo.
• 48% de las penas de prisión recayeron sobre los negros en 2018 y 22% contra los hispanos, lo que suma casi más del 70% del total de esta categoría de castigo.
• 2 veces más probabilidades tienen los afroamericanos de recibir una sentencia de prisión que los blancos, especifican los informes.
• $10 millones en recargos económicos impusieron en 2019 los tribunales penales de la ciudad de Nueva York, pero recaudó un poco más de $ 3 millones (30 por ciento). 
• $4 millones impusieron ese mismo año los tribunales supremos de la Gran Manzana, recaudando alrededor de $611,000. Es decir, apenas el 16%.