Protestas en Puerto Rico no logran detener aprobación y firma de plan de ajuste de la deuda solicitado por Junta de Control Fiscal

A pesar del reclamo de varios sectores de que la deuda de Puerto Rico es impagable y las protestas frente al Capitolio este martes para detener la aprobación de la ley que dispone un plan para ajustar la misma (PDA), el gobernador de la isla, Pedro Pierluisi, firmó anoche el proyecto 1003 a esos fines.

“La reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico es esencial para lograr terminar con el proceso de quiebra y poder regresar al progreso que nuestra gente espera y merece. Llevamos más de cinco años luchando para lograr un acuerdo que nos permita cumplir con nuestras obligaciones, de forma sostenible, y al mismo tiempo nos permita tener los recursos para crecer nuestra economía y garantizar los servicios esenciales a nuestra gente”, indicó el gobernador en declaraciones escritas.

El primer mandatario de Puerto Rico, territorio estadounidense, le estampó su firma luego de que ayer el documento fuera aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado.

En el Senado, la medida pasó en votación final con el mínimo de votos, 14-13. Minutos antes, en una votación a viva voz, la medida obtuvo 14 votos a favor y 11 en contra, de acuerdo con el periódico Primera Hora.

El voto decisivo en ese cuerpo legislativo fue del senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Gregorio Matías, quien había manifestado resistencia hasta el último minuto. El legislador dijo haber cambiado de posición tras un supuesto compromiso del Ejecutivo para proteger ciertos beneficios  de empleados públicos y policías.

“Mi exigencia era que se hicieran las gestiones para que se hicieran valer las leyes 80 (de 2020, que crea una ventana de retiro para empleados públicos) y 81 (de 2021, que crea el ‘retiro digno’ de los policías). El gobernador va a darle seguimiento a la ley 80 e implementar la 81. Además, va a cambiar la fecha del retiro de los policías a los 62 años, de 58 años que es ahora pero para que puedan cotizar para el Seguro Social”, expresó Matías a El Nuevo Día.

En la Cámara, la medida fue llevada a votación poco después de ser aprobada en el Senado. 34 de sus miembros votaron a favor y 12 en contra. 

Manifestaciones dentro y fuera del Capitolio en contra de la ley de ajuste de la deuda

Las manifestaciones en contra de la pieza legislativa se hicieron sentir tanto dentro como fuera del hemiciclo de la casa de las leyes.

“Traidores, irresponsables, no olvidaremos”, eran algunos de los gritos de detractores desde las gradas del interior del Capitolio en San Juan.

Alcaldes del PPD opuestos

Incluso trascendió que alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) llamaron a legisladores de la colectividad para pedirles que votaran en contra del proyecto.

Varios alcaldes de esa colectividad, liderados por el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, se reunieron este lunes con los líderes de Cámara y Senado en reclamo de un lenguaje específico para los municipios afectados por la reducción del Fondo de Equiparación.

Legisladores de minoría se quejan de que no los dejan participar del proceso

Adicional, algunos legisladores de minoría como el independiente José Vargas Vidot cuestionaron no haber participado en el comité de conferencias para establecer los lineamientos de la medida.

“Se criticó el pasado informe de conferencia porque se no se le dio participación a las minorías y que hubo falta de transparencia, pero hay que ser consistentes porque hoy se pretende hacer lo mismo. Se pretende aprobar un informe negociado un domingo en la noche en un restaurant en Dorado. A este servidor no se le ha dado acceso a ningún documento, ni siquiera a un papelito. Este es un acuerdo entre líderes dl PNP y PPD y digo líderes porque muchos de sus miembros ni sabían del acuerdo”, argumentó Vargas Vidot.

“¿Dónde está la participación?, ¿dónde está la transparencia?, criticó el senador. “Quieren tapar sus errores y su complicidad en la crisis de esta deuda, quieren sepultar a los municipios, a la Universidad de Puerto Rico y las cooperativas y sobre todo van a hipotecar el futuro de Puerto Rico con una deuda insostenible. El pueblo no olvidará la risueña foto con la que sellaron ese acuerdo”, agregó el legislador según citado por Primera Hora.

El Plan de Ajuste de la Deuda fue aprobado tras cambios en el lenguaje. Entre las alteraciones realizadas en el documento este fin de semana, los legisladores acordaron con el gobernador proteger las pensiones actuales y futuras de los trabajadores públicos.

Específicamente, se estableció una enmienda al artículo 104 que elimina el plan de congelar beneficios de pensiones acumuladas así como otros posibles ajustes por aumento del costo de vida. Esta congelación afecta particularmente a los maestros que entraron al sistema público antes del 2014.

El PDA presentado inicialmente por la Junta de Supervisión Fiscal, ente federal que controla las finanzas de la isla, contenía recortes a las pensiones de los jubilados del sector público.

En cuanto a los fondos a la Universidad de Puerto Rico, se mantuvo el lenguaje que establece que el sistema universitario recibirá una asignación fija de $500 millones por cinco años del Fondo General. En el caso de los municipios se crea un fondo especial para el reciclaje, escombros y basura, sujeto a sobrantes del Medicaid.

Sector universitario inconforme con cambios en el lenguaje

Poco antes de que el plan se convirtiera en ley, manifestantes, muchos pertenecientes al sector universitario, se expresaron en contra del proyecto en el exterior del Capitolio.

María del Mar Rosa, Coordinadora de Organización de la Asociación de Profesores Universitarios de Puerto Rico (APPU), sostuvo que el ajuste de la deuda no puede ser a costa de las necesidades de los ciudadanos.

“En cualquier proceso de quiebra, una persona va y dice cuáles son sus necesidades básicas, y después negocia la deuda que tiene que pagar. Eso la Junta de Control Fiscal lo tiene que hacer y no lo ha hecho, y por eso se sigue poniendo la deuda antes que la gente”, planteó la profesora en entrevista con Bonita Radio.

“Nosotros queremos que la universidad sea nombrada servicio esencial, que el presupuesto de la universidad vuelva a ser uno con el que podamos manejar. Ahora mismo nosotros tenemos un presupuesto de $501 millones y la universidad se está cayendo en cantos.Están cerrando programas, estamos perdiendo acreditaciones, la matrícula ha subido increíblemente, por eso hemos perdido estudiantes”, abundó Del Mar Rosa.

A juicio de la educadora, no hay manera de pagar el monto que exige la Junta sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores y estudiantes.

“Esta ley habilitadora lo que hace es poner en movimiento un plan de ajuste de la deuda que es insostenible…aunque nos hayan bajado el ‘pagaré’, esa mensualidad que viene siendo esa anualidad, sabemos que es insostenible y no la podemos pagar. Está por sobre los 1,100 millones y no la podemos pagar. Y en Puerto Rico, los economistas y los expertos han dicho que no podemos pagar más de 400 o 600 (millones)”, comparó.

Tras la aprobación del estatuto, la Junta -creada como parte de la ley PROMESA en el Congreso de Estados Unidos en el 2016- dijo que evaluará cuidadosamente la legislación a fin de determinar si facilita la confirmación del Plan de Ajuste.

“La Junta de Supervisión ha dado a conocer claramente qué términos serían aceptables en la legislación necesaria para disponer sobre la emisión de los nuevos bonos de obligación general como parte del 7º Plan de Ajuste enmendado”, indicó el organismo en declaraciones escritas.