ICE enfrenta demanda por sistema de vigilancia extrema contra inmigrantes
La oficina de Inmigración y Control de Aduanas se ha negado a informar detalles sobre un sistema de vigilancia "invasivo" de inmigrantes indocumentados, por lo que defensores presentaron una demanda, al considerar que el sistema opera con poca transparencia, a pesar de su severo impacto psicosocial
ICE está bajo escrutinio por su sistema alternativo a la detención de inmigrantes. Crédito: ICE
Una coalición de organizaciones civiles presentó una demanda en contra de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por el sistema de vigilancia extrema contra inmigrantes indocumentados, quienes no son enviados a prisiones, pero son monitoreados las 24 horas del día.
La demanda presentada ante la Corte de Distrito Norte de California alega que los grupos Community Justice Exchange, Just Futures Law y Mijente presentaron en septiembre pasado una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés), donde hicieron preguntas acerca del Programa de Comparecencia de Supervisión Intensiva (ISAP).
Dicho sistema forma parte del Programa Alternativo de Detención (ATD), el cual permite liberar a un inmigrante indocumentado, pero bajo ciertas condiciones, como portar un grillete con GPS o a través de la aplicación de celular SmartLINK.
Debido a que no recibieron respuesta, según indica la demanda, los defensores de inmigrantes presentaron la queja contra ICE, por lo que piden a un juez “medidas cautelares y declaratorias” contra la agencia y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“Los demandantes buscan registros de ICE relacionados con su uso de la aplicación SmartLINK de B.I. Incorporated (“B.I.”) como parte del Programa de Comparecencia de Supervisión Intensiva”, indica la demanda.
La queja busca conocer el proceso de retención, el intercambio y el uso de los datos de inmigrantes por parte de ICE, así como “la naturaleza del monitoreo a través de la aplicación” vía celular.
Como parte del contexto, las organizaciones civiles indican que ICE comenzó el ISAP en 2004 como parte del programa alternativo de detención, pero su aplicación se intensificó y “somete” a los inmigrantes a una vigilancia excesiva.
“Este programa sólo ha aumentado la cantidad de inmigrantes bajo la supervisión de ICE, sometiéndolos a una vigilancia invasiva a través del monitoreo de verificación de voz, grilletes en los tobillos y la aplicación SmartLINK”, acusan los activistas.
Acusan que el sistema permite a un inmigrante estar fuera de una prisión, pero que la forma en que es monitoreado es una “extensión” del control de ICE sobre la persona, a través de B.I., la empresa subsidiaria de GEO Group, la misma empresa que administra las cárceles migratorias.
“GEO Group ha invertido mucho en el encarcelamiento masivo en todo el país y se beneficia cada año de la vigilancia y el encarcelamiento a través de contratos como éste”, exponen los demandantes. “La vigilancia constante e invasiva como parte de ISAP tiene serios impactos en los inmigrantes que están inscritos en el programa”.
Se afirma que el monitoreo electrónico puede abarcar la vida completa de una persona, conociendo todos sus movimientos, lo cual puede dificultar a ese no ciudadano la obtención y el mantenimiento del empleo, la salud de las relaciones con familiares y amigos, además de provocar aislamiento social.
La demanda fue presentada por Catherine Crump, de la clínica Samuelson de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, en nombre de los grupos.
Monitoreo intenso
En febrero, un reporte del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, Nueva York, señaló el aumento de inmigrantes bajo un programa alternativo a la detención.
El investigador del TRAC, Austin Kocher, destacó que cuando el presidente Joe Biden asumió la presidencia había 90,000 inmigrantes bajo ese programa, pero ahora había casi 200,000.
“Estamos siendo testigos de un cambio profundo en las formas geográficas de vigilancia y control de los migrantes”, escribió Kocher.
Criticó esta política de control de inmigrantes, pues se justifica en “humanitarismo liberal”, pero se sustenta en las teorías “de una amenaza social, la mercantilización y el corretaje de datos personales”.
En el podcast “El Diario Sin Límites”, Homero López, abogado y director legal de la organización ISLA, explicó que el sistema de videovigilancia con SMARTLink ha encendido alertas, debido a lo invasivo que puede ser y las consecuencias psicosociales en los inmigrantes.
