Presionan en Albany por reformas a las leyes de sentencias

Nueva York.- Legisladores, ex-presos y sus familias, defensores de las personas privadas de la libertad y líderes religiosos se unieron el martes en el Capitolio en Albany para pedir a la Legislatura Estatal que revise las sentencias “racistas y draconianas” que han plagado a las comunidades más vulnerables del estado desde las leyes de drogas de Rockefeller y a la vez empujar tres proyectos de ley de reforma de sentencias dentro de la campaña Communities Not Cages.

Las tres propuestas legislativas, que marcan el primer gran esfuerzo de reforma de sentencias desde la derogación parcial de las leyes de drogas de Rockefeller hace 14 años, son Eliminar la Ley de las Sentencias Mínimas Obligatorias (The Elimination of Mandatory Minimums), la Ley de Segunda Mirada (The Second Look Act) y la Ley de Tiempo Ganado (Earned Time Act).

La primera propuesta legislativa, patrocinada por el senador Zellnor Myrie y el asambleísta Demond Meeks, eliminaría las sentencias mínimas obligatorias, permitiendo a los jueces considerar los factores individuales en cada caso. Sustentada por el hecho de que las sentencias mínimas obligatorias impulsan el encarcelamiento masivo, despojan a los jueces de discreción y otorgan poderes desmesurados a los fiscales para forzar declaraciones de culpabilidad, esta legislación también crearía una presunción contra el encarcelamiento, requiriendo una audiencia antes de que se pueda imponer cualquier período de prisión.

Por su parte, la Ley Second Look permitirá a los jueces revisar y reconsiderar las sentencias excesivas. Bajo las leyes de condenas actuales, las personas encarceladas no tienen la oportunidad de demostrarle a un juez que se han rehabilitado mientras estaban encarceladas o de solicitar una reconsideración de sus sentencias con base en cambios en las leyes y normas.

Esta legislación permitiría que los presidiarios soliciten una audiencia de nueva sentencia después de haber cumplido 10 años o la mitad de su condena.

A nivel nacional, los proyectos de ley de Segunda Mirada están cobrando impulso con la aprobación de legislaciones en cuatro estados (Illinois, Luisiana, Maryland, Oregón) y el Distrito de Columbia, y propuestas en otros 22 estados. A nivel federal, el senador estadounidense Cory Booker ha propuesto una legislación en el Congreso.

Mientras, la Ley de Tiempo Ganado fortalecerá y ampliará las leyes de “buen tiempo” y “tiempo de mérito”, que reducen la pena de prisión de una persona encarcelada debido al buen comportamiento.
Según los defensores, Nueva York está sustancialmente por detrás de otros estados, incluidos los tradicionalmente conservadores, en cuanto a permitir que quienes están encarcelados reduzcan el tiempo de sus sentencias. Por ejemplo, Alabama, Nebraska y Oklahoma permiten que las personas encarceladas ganen más del 50% de tiempo de condena.

Según ‘Communities Not Cages’, que según su sitio web es una campaña de base dirigida por personas y familias afectadas en todo el estado de Nueva York que luchan para poner fin al encarcelamiento masivo y reformar las leyes de sentencias racistas e injustas de Nueva York, apoyan estos proyectos legislativos con la consideración que ellos pueden consolidar una verdadera transformación del sistema de justicia penal.

Actualmente, más de 30,000 personas están encarceladas en las prisiones de Nueva York. De ellas, casi el 75% pertenecen a comunidades de color.

En un comunicado enviado a la redacción, organizaciones que se unieron al llamado recalcaron que debido a “las leyes de sentencias draconianas actuales de Nueva York, el 98% de las condenas en nuestro estado son el resultado de declaraciones de culpabilidad, no de juicios, que son la justicia fundamental y nuestros derechos constitucionales básicos”.

El impacto del encarcelamiento

Según la Oficina de Servicios para Familias y Niños (OCFS) más de 105,000 niños tienen un padre cumpliendo condena en una cárcel o prisión de Nueva York, lo que devasta a las familias y aumenta la probabilidad de que el niño sea encarcelado en el futuro.

Según el informe “The Price of Prisions” de Vera.org cuesta casi $70,000 por año encarcelar a una persona en una prisión estatal con un precio anual del sistema penitenciario de $3,000 millones. Estos son miles de millones de dólares que el estado de Nueva York podría gastar en educación, vivienda, atención médica, programas comunitarios contra la violencia y justicia restaurativa, todo lo cual ayuda a crear una verdadera seguridad comunitaria.

Más del 20% de las personas encarceladas tienen una condición de salud mental diagnosticada. Las personas en prisión son más propensas que la población en general a tener problemas de salud graves (el 44 % lucha con una condición de salud crónica) debido a las condiciones de vida inhumanas.