Corte Suprema permite a Biden terminar con política “Permanecer en México” que castigaba a inmigrantes

La Corte Suprema avaló al Gobierno del presidente Joe Biden terminar con la política “Permanecer en México“, la cual obligaba a las autoridades a enviar a ese país a peticionarios de asilo para esperar su cita en tribunales.

La decisión sobre la opinión del juez presidente John Roberts fue avalada con 5 votos contra 4.

El juez Roberts indicó que no había impedimento para que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, publicara memorandos el 29 de octubre del 2021 para terminar con los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), nombre oficial de la política impuesta por el expresidente Donald Trump.

Ante esa nueva estrategia sobre el programa migratorio, el cual debía implementarse en acuerdo con México, la Administración Biden pidió anular la decisión de un Tribunal de Apelaciones, rechazando que había violado la Sección 1225 de la Ley de Ciudadanía e Inmigración (INA).

“La rescisión del MPP por parte del Gobierno no violó la sección 1225 de la INA, y los Memorandos del 29 de octubre constituyeron una acción final de la agencia”, señaló el juez Roberts.

Esta es una derrota para los estados republicanos de Texas y Missouri que exigían mantener el programa.

La decisión del Máximo Tribunal también considera que el DHS podía imponer una nueva política sobre peticiones de asilo, al tiempo que apelaba en cortes una decisión sobre las terminación de los MPP.

“Nada impide que una agencia emprenda una nueva acción… y al mismo tiempo apele un fallo adverso contra su acción original”, se indicó.

El juez Roberts también consideró que el envío de inmigrantes a países vecinos es una autoridad del DHS, pero “no está obligada a usarla”.

Varias organizaciones han celebrado la decisión de la Corte Suprema, como Catholic Legal Immigration Network (CLINIC), uno de los grupos que presentaron un documento legal “amigos de la corte” para respaldar la postura de la Administración Biden.

“La decisión de hoy reconoce y preserva la capacidad del Poder Ejecutivo para revertir políticas insostenibles, ilegales e inmorales, independientemente de quién esté en el cargo“, consideraron en un comuncado conjunto el obispo Mario E. Dorsonville, obispo auxiliar de Washington y presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., la hermana Donna Markham, OP, PhD, presidenta y directora general de Catholic Charities USA, y Anna Gallagher, directora ejecutiva de CLINIC.

Agregaron el MPP ha obstruido el debido proceso, además de haber “sometido a las personas a los mismos peligros que las obligaron a buscar refugio en los Estados Unidos”.

“Si bien este fallo ayuda a allanar el camino a seguir, no resuelve los desafíos actuales en la frontera suroeste de nuestro país”, reconocieron.

Poder para “deportar”

Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas del Consejo Estadounidense de Inmigración, celebró también la decisión del Máximo Tribunal, pero advirtió que la opinión del juez Roberts otorga demasiados poderes a las autoridades para decidir sobre el futuro de inmigrantes.

“Limitar el acceso a la justicia para impugnar los casos de aplicación de la ley de inmigración sienta un peligroso precedente al dar a las agencias un poder sin control para arrestar, detener y deportar”, consideró en un comunicado.

Falta el Título 42

Otras organizaciones, como United We Dream, también celebraron la decisión de la Corte Suprema, pero consideraron que el Título 42 es otro programa al que debería ponerse fin pronto, ya que también afecta los derechos humanos de los inmigrantes que piden asilo.

“La política Permanecer en México, junto con políticas como el Título 42, ha negado los derechos humanos de miles de personas y ha llevado a atrocidades como las muertes en San Antonio y la golpiza de haitianos por parte de CBP el verano pasado”, consideró Juliana Macedo do Nascimento, subdirectora de Defensoría Federal de esa organización.

Criticó que el fallo de la Corte Suprema llega después de varias decisiones negativas que han limitado el derecho al aborto, al aire limpio y al debido proceso.

“Este Tribunal ha demostrado ser peligroso para los derechos humanos”, consideró.