Alex Jones deberá pagar $45 millones de dólares a familias de víctimas del tiroteo de Sandy Hook por teorías conspirativas
Es el segundo veredicto que recibe Alex Jones, pues el jueves se dictaminó que deberá pagar $4.1 millones de dólares en compensación a los padres de una de las víctimas del fatal tiroteo de Sandy Hook
En su podcast InfoWars, Jones difundió durante años la teoría de que el tiroteo de 2012 fue una "farsa", ganándose múltiples demandas. Crédito: Drew Angerer | Getty Images
WASHINGTON – Un jurado de Texas ordenó este viernes que el conocido locutor y propagador de teorías conspirativas Alex Jones pague $45.2 millones de dólares como “sanción punitiva” a los padres de una de las víctimas del tiroteo en la escuela de Sandy Hook, donde 20 niños y 6 adultos murieron en 2012.
Este es el segundo veredicto que recibe Jones, fundador del podcast InfoWars, ya que el jueves el mismo jurado dispuso que el ultraderechista abone $4.1 millones de dólares en compensación a Scarlett Lewis y Neil Heslin, padres del pequeño Jesse, de 6 años, que murió en ese tiroteo.
Las sanciones punitivas se contemplan en aquellos casos en que alguien ha tenido un comportamiento especialmente dañino.
Desde su podcast InfoWars, Jones se pasó años difundiendo la teoría de que el tiroteo en la escuela Sandy Hook, de Newtown, Connecticut, fue una “farsa”, ante lo que varias de las familias de las víctimas lo demandaron.
Después de que empezaron a presentarse las querellas, el comentarista radiofónico cambió de discurso y pasó a reconocer que el tiroteo fue real.
Aun así, la teoría propagada por Jones llevó a varios de sus seguidores a amenazar y acosar a los padres de las víctimas, entre ellos a los del pequeño Jesse, a quienes acusaban de estar mintiendo sobre la muerte de su hijo con fines políticos.
Los casi $50 millones de dólares que Jones tendrá que abonar a los demandantes están muy por debajo de los $150 millones que buscaban originalmente.
El pasado viernes, la empresa de Jones, Free Speech Systems, se declaró en bancarrota, en un movimiento que las víctimas interpretaron precisamente como parte de una estrategia para rebajar la cuantía de la entonces ya previsible sanción.
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