Inmigrantes enviados a Martha’s Vineyard por DeSantis endurecen batalla legal contra funcionarios republicanos

Los inmigrantes enviados en forma irregular a la isla Martha’s Vineyard, en Massachusetts, ampliaron su demanda al añadir a la empresa de aviones que los trasladó, además de su director general y a altos funcionarios de Florida.

Los abogados de Lawyers for Civil Rights (LCR) presentaron una modificación a la demanda colectiva federal, luego de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y otros funcionarios, armaran una estrategia para engañar a inmigrantes y enviarlos a Massachusetts desde Texas.

“Todos los actores –públicos o privados– implicados en este esfuerzo por explotar a nuestros clientes para obtener beneficios políticos o monetarios tendrán que rendir cuentas”, dijo Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo de LCR. “Que esto sea una advertencia para quienes estén pensando en involucrarse en un esquema engañoso como este en el futuro: háganlo bajo su propio riesgo”.

Desde la presentación de la demanda original, LCR se ha unido a la firma Foley Hoag LLP, con sede en Boston, que está proporcionando representación pro bono en este litigio, indicó la organización Alianza Américas.

“La demanda enmendada añade como demandados a la empresa de aviones que transportó a los inmigrantes (Vertol Systems Company, Inc.), a su director general, al “zar de la seguridad pública” de Florida, al jefe de gabinete del gobernador DeSantis y a Perla Huerta, la exespía que encabezó las falsas promesas de contratos para las inmigrantes“, se indicó.

Los abogados añadieron otros alegatos del hecho y reclamos en virtud de las leyes federales y estatales.

“Basándose en un conjunto de registros públicos que salieron a la luz desde que LCR presentó el caso en septiembre, la demanda modificada pinta un cuadro detallado de un esquema coordinado en los niveles más altos del gobierno de Florida”, acusan los demandantes.

Se indica que DeSantis y sus co-conspiradores tramaron y ejecutaron un plan para inducir a inmigrantes, la mayoría de Venezuela, en situación de vulnerabilidad en Texas, a abordar vuelos privados a través de falsas promesas de puestos de trabajo, refugio y asistencia legal.

“Mensajes de texto y otros documentos muestran, por ejemplo, que Lawrence Keefe, el ‘zar de la seguridad pública’ de Florida, y James Uthmeier, el jefe de gabinete del gobernador DeSantis, estuvieron íntimamente involucrados en el complot desde su concepción hasta su ejecución”, se acusa.

Vertol Systems Company, Inc, la empresa de aviones también es acusada. Se estima que le fueron pagados $1.5 millones de dólares.

“Este fue un abuso de poder abominable, y trabajaremos para garantizar que no vuelva a ocurrir nada parecido”, dijo Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Americas. “Utilizar a seres humanos como accesorios políticos es moralmente repugnante e ilegal”.