Gobierno de Biden decide apelar orden de juez contra Título 42
La Administración Biden decidió apelar la orden de un juez federal contra el Título 42, al considerar que la política justificada por CDC es "legal"; el Gobierno federal prepara una nuevo plan migratorio en la frontera con México
Aunque afirma que prepara un nuevo plan para la frontera, el Gobierno del presidente Joe Biden decidió apelar la decisión de un tribunal sobre la terminación del Título 42.
El 21 de diciembre es la fecha que el juez federal Emmet Sullivan fijó como fecha límite para retirar el programa, aunque eso podría cambiar si hay una decisión favorable ante la apelación de la Administración Biden.
“El Gobierno respetuosamente no está de acuerdo con la decisión de este Tribunal y argumentaría en la apelación, como ha argumentado en este Tribunal, que las Órdenes del Título 42 de los CDC eran legales”, dijo la Administración Biden ante la Corte. “Este Tribunal se equivocó al anular esas acciones de la agencia”.
Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) implementaron el Título 42 durante el Gobierno del presidente Donald Trump, una medida sanitaria para evitar propagación de enfermedades, lo que permite prohibir la entrada de ciertos extranjeros.
Sin embargo, el Título 42 ha permitido a las agencias migratorias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expulsar en forma expedita a cientos de miles de inmigrantes, sin concederles el derecho a la petición de asilo.
Tras una batalla legal, el juez Sullivan determinó que la política es “ilegal” y “caprichosa”, por lo que ordenó su terminación.
En sus argumentos ante la corte, el Departamento de Justicia, que representa a la Administración federal, indica que busca mantener la legalidad del Título 42, como una de las acciones de salud de CDC.
No hay una petición para reinstalar el programa, sino para reconocer su legalidad, debido a que el DHS mantiene sus preparativos para terminar con esa política, pero implementar una nueva estrategia migratoria en la frontera con México.
Todavía falta la decisión sobre la petición de 15 estados gobernados por republicanos, que han pedido a la corte que les permita intervenir en el caso, al considerar que los afecta directamente.
Esos estados son Arizona, Louisiana, Alabama, Alaska, Kansas, Kentucky, Mississippi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Texas, Virginia, West Virginia y Wyoming.